La pandemia de la covid-19 que afecta al mundo se ha profundizado en estas últimas semanas en Latinoamérica. Los aspectos sanitarios, humanitarios y económicos de esta crisis, ampliamente difundidos y trágicos en sí mismos, no tienen precedente histórico. Resolver y reconstruir tardará tiempo y mucho esfuerzo colectivo. Sin embargo, al igual que ocurre con los efectos del virus en organismos con condiciones médicas preexistentes, nuestras sociedades están más afectadas por debilidades crónicas estructurales prepandemia: alta desigualdad, contratos sociales fragmentados, magra productividad y crecimiento, baja confianza en las instituciones públicas y debilidad fiscal. Por eso la crisis de la covid-19 en Latinoamérica no es solo una crisis sanitaria, y socioeconómica sino también una crisis de gobernanza. Un choque sistémico que ha exacerbado condiciones estructurales preexistentes y, sin duda, las profundizará si no existe una acción pública decidida y eficaz. Como crisis sistémica, requiere también una solución sistémica. A esto es a lo que muchos hemos llamado como la necesidad de un nuevo “contrato social”.
La gobernanza es la creación de condiciones de avance social mediante los acuerdos entre diversos actores sociales y en donde el Gobierno, en su ejercicio de la autoridad delegada, debe gozar de legitimidad y entregar resultados para todos. La crisis que vivimos es producto de un choque sistémico que ha mostrado las deficiencias del sistema de salud (falta de cobertura universal, de equipo y de capacidades de hacer pruebas y seguimiento), del sistema educativo (desigualdades en el acceso a la calidad educativa y a la conectividad que se manifiestan en la incapacidad para brindar alternativas viables para continuar con el programa escolar durante la crisis), de los sistemas fiscales (capacidad fiscal muy restringida) y de protección social (sistemas muy limitados en su capacidad de aseguramiento y redistribución). ¿Seremos capaces de aprender de esas lecciones y renovar la voluntad de construir sociedades más productivas, incluyentes y resilientes?
Latinoamérica es una región mal llamada de acuerdo con la clasificación tradicional, de renta media, pero que no ha logrado consolidar sociedades de clase media. Son las nuestras sociedades con alta vulnerabilidad y con histórica desigualdad que se manifiesta a través del territorio, del género, de grupos excluidos por su origen étnico y racial, o preferencia sexual, y por supuesto en términos de su acceso y su capacidad de generar ingreso y riqueza. Si hablamos de un contrato social debemos partir de que una condición que todo contrato requiere para ser válido es que sea entre iguales y que sea una manifestación en libertad. Un nuevo contrato social requiere, entonces, que los actores en este pacto tengan garantizado su derecho a participar en el rediseño colectivo de reglas y políticas. Aquí la tecnocracia añade, pero no alcanza. No se trata solamente de elegir cuál es el mejor nuevo acuerdo, sino cuál es ese acuerdo en el que nos reconocemos todas y todos.
Las redes sociales y los medios digitales son una oportunidad enorme como instrumento en esta reconstrucción. Debemos, sin embargo, hacernos cargo de tres falacias generadas por la digitalización: primera, la ilusión de que el acceso a información implica acceso a conocimiento validado y útil; segundo, la falsa noción de que la popularidad por sí sola es fuente de legitimidad; tercero, el espejismo de que la identidad digital y la participación en redes sustituye a la acción política. Los procesos de legitimación política de visiones comunes, es decir los partidos, los movimientos sociales, las expresiones de la sociedad civil y aún la deliberación pública están atrapados en la inmediatez de un tuit. Hay una crisis de representación política que debemos resolver si aspiramos a reconstruir y reconstruirnos con mayor solidez para enfrentar mejor las nuevas crisis que vendrán. La gobernabilidad, la existencia de las condiciones para procesar tensiones y lograr acuerdos sin conflicto, puede pronto estar en juego. Tentaciones autoritarias y cuestionamientos fáciles a los logros democráticos de las últimas décadas abundan en el debate público.
Este procesamiento de las tensiones y la respuesta a cuestionamientos de las reglas de juego, ya evidentes en Latinoamérica antes de la actual crisis, no desaparecerán con la llegada de una vacuna y ni siquiera con una reactivación económica. Requerirán de procesos de discusión nacionales y trabajo de preparación de una institucionalidad fortalecida. Los países se han dado cuenta, por ejemplo, del enorme valor social que tiene la universalidad de un sistema de salud de calidad, de educación y de protección social básica, sistemas para los cuales los mercados no han dado soluciones adecuadas y que por lo tanto requieren diseños de gobernanza distinta, con el Estado en el asiento conductor.
Pero esta crisis de gobernanza también presenta múltiples oportunidades para mejorar los problemas estructurales de la región y construir sociedades más incluyentes, más sostenibles, prósperas y resilientes. Es por esto que nuestras organizaciones auspician y contribuyen a diferentes iniciativas para apoyar a los países de la región en estas conversaciones. Por eso el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) iniciará en los siguientes días una consulta amplia con diferentes actores para replantear nuestro programa de gobernanza en aras de lograr un apoyo más efectivo a la región en cumplimiento de nuestro mandato. Por otro lado, en el campo de la gobernanza internacional, la SEGIB (Secretaria General Iberoamericana) ha reforzado la apuesta por una mayor cooperación como base de una mayor integración regional, así como la ampliación de un espacio de diálogo y coordinación (no competencia) intergubernamental e interagencial en pos de una mucho mayor colaboración global, elemento indispensable si queremos una respuesta razonable a esta crisis.
La clave de una salida positiva a esta coyuntura será no solamente entablar un debate sobre políticas concretas sino también repensar de manera sistémica nuestros problemas para construir sociedades cohesionadas y efectivas en el logro de objetivos colectivos. Para esto, será necesario presentar opciones con base el conocimiento generado a nivel global, llegar a acuerdos comunes básicos, propiciar condiciones para el financiamiento nacional e internacional, público y privado, reconstruir confianza entre instituciones y ciudadanos y mejorar la coordinación de políticas en y entre países. Muchos problemas trascienden las fronteras y requieren de la cooperación entre todos. Un multilateralismo fuerte es esencial para una recuperación sostenible.
Esta crisis nos abre una posibilidad no solo de una nueva normalidad sino de una mejor normalidad, pero esto no ocurrirá de manera espontánea. Debemos convocar a una acción colectiva que defina y construya una noción de lo público que convoca al Estado pero que va más allá de lo estatal porque involucra a todos los actores sociales en la construcción de aquello que nos es común, en la construcción de los bienes colectivos y de las estructuras reforzadas de prosperidad, sostenibilidad e inclusión. Tenemos una oportunidad, diría Octavio Paz, de merecer lo que soñamos.
Rebeca Grynspan es secretaria general de la SEGIB y Luis Felipe López Calva, director del PNUD para América Latina y el Caribe.