La inhabilitación del president Torra precipita la política catalana a nuevas elecciones. En realidad, la inminente convocatoria electoral no debería coger a nadie por sorpresa. Cataluña llevaba inmersa en una desconcertante fase preelectoral desde que el pasado enero Torra diera por agotada la legislatura y anunciara nuevas elecciones sin llegar a convocarlas formalmente. El Gobierno catalán se encontraba en una situación insostenible, paralizado por su debilidad parlamentaria y por los continuos desencuentros entre ERC y Junts per Catalunya. Ante esta situación lo más aconsejable era dar por finiquitada la legislatura y volver a convocar a los catalanes a las urnas.
En efecto, en condiciones de normalidad, tanto la inestabilidad política en Cataluña como la inhabilitación de Torra serían motivos más que suficientes para un inminente avance electoral. Sin embargo, nos encontramos en medio de la segunda ola de la pandemia, un contexto que podría comprometer el buen desarrollo de las elecciones. La experiencia de los procesos electorales del pasado julio en Galicia y País Vasco deberían ser una lección suficiente para comprender cuán desaconsejable es convocar elecciones en medio de una pandemia. Entonces, el Gobierno Vasco y la Xunta de Galicia tomaron una decisión altamente irregular: negar el voto a ciudadanos que estuvieran en esos momentos infectados por la covid-19. La privación a los ciudadanos de un derecho tan fundamental como es el sufragio activo constituyó un escándalo sin precedentes que haríamos bien en evitar que cayera en el olvido.
El deterioro democrático de los procesos electorales del pasado julio debería ser una advertencia para que los políticos catalanes evitaran la convocatoria electoral mientras la pandemia esté entre nosotros. Es cierto que la celebración de elecciones en Galicia y País Vasco eran un imperativo legal, pues ya habían transcurrido los cuatro años desde los últimos comicios. Sin embargo, en el caso de Cataluña aún quedan algo más de catorce meses para que se agote la legislatura, por lo que las elecciones son evitables si el Parlamento catalán así lo desea. Es por este motivo que me parece desconcertante que los políticos de un lado y otro se hayan manifestado partidarios de convocar elecciones cuanto antes sin tomar en consideración el enorme efecto desestabilizador que puede tener la pandemia.
A mi entender, llevar a Cataluña a una convocatoria electoral en enero es un grave error. La responsabilidad y la prudencia aconsejan una nueva sesión de investidura para elegir a un president de la Generalitat que demore las elecciones hasta que la situación sanitaria ofrezca las garantías necesarias. Soy consciente de que un acuerdo en este sentido es más que improbable. En los últimos meses hemos podido constatar que la pandemia, lejos de fomentar el alto el fuego entre las distintas fuerzas políticas, ha avivado aún más la confrontación y la crispación política. La pugna en Madrid entre el Gobierno central y el autonómico es un buen ejemplo de ello. Y tampoco es de esperar que se produzca un paréntesis en el clima de confrontación que sufre la política catalana desde hace años.
Nos adentramos pues a unas elecciones catalanas que estarán marcadas nuevamente por la excepcionalidad. Tras su inhabilitación, el president Torra declaró que los comicios debían plantearse como un nuevo plebiscito y consideró que el independentismo debía avanzar hacia una ruptura democrática, pacífica y desobediente. Emplazó, en definitiva, que los catalanes usaran su voto en las próximas elecciones como un instrumento para manifestar de nuevo su rechazo a la destitución de un presidente legítimo.
La estrategia planteada por el president Torra es comprensible. Desde hace años que las encuestas muestran de forma tozuda que ERC lidera el espacio independentista si las elecciones se plantean como unas elecciones convencionales, sin sobresaltos ni golpes de efecto. Sin embargo, Junts per Cataluña es capaz de recortar la ventaja de ERC cuando las elecciones se enmarcan en el contexto de la represión y el exilio. Así ocurrió en las elecciones de 2017, cuando Puigdemont se impuso contra todo pronóstico gracias a que muchos votantes de la órbita de Esquerra sintieron que en esa ocasión tocaba reivindicar la restitución del presidente legítimo. Y la mejor forma de hacerlo era votando por la lista de Puigdemont.
La inhabilitación de Torra nos devuelve a las coordenadas de 2017 que tan buenos resultados dio a Junts per Catalunya. Esquerra se encuentra incómoda compitiendo en ese terreno pues desde enero de 2018 decidió apearse de la vía unilateral y presentarse como un partido más moderado, poco partidario de los órdagos al Estado y con más vocación de gestionar el mientras tanto. En la carrera por la hegemonía del espacio independentista, Junts per Catalunya parte con desventaja y aún le sigue pesando su ruptura con el PDeCat. Pero las cosas pueden cambiar si la formación de Torra y Puigdemont logra que las elecciones se celebren en medio de un clima de convulsión, bajo el marco de la ruptura democrática y la protesta por la destitución de un presidente de la Generalitat sin el consentimiento del Parlamento catalán.
Lluís Orriols es profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid.