El pasado 8 de septiembre, después de cuatro años de laboriosas negociaciones, representantes de los Estados Unidos y la Unión Europea firmaron un acuerdo transatlántico para fortalecer la protección de datos. El llamado Acuerdo General dispone salvaguardias sobre las transferencias de datos para la observancia de la ley y aborda preocupaciones europeas de antiguo sobre el derecho a la intimidad. En particular, establece el derecho de los ciudadanos europeos a tener acceso a sus datos y solicitar la corrección de errores. Además, fija unos límites claros sobre el tiempo durante el cual se puede disponer de los datos y lo que se puede hacer con ellos.
El acuerdo, que debe ratificar el Parlamento Europeo antes de entrar en vigor, debe ser un motivo de celebración, pero los EE.UU. se apresuraron a inspirar dudas sobre su compromiso. El pasado 9 de septiembre, en el llamado caso Microsoft y justo un día después de que se alcanzara el acuerdo, el Departamento de Justicia de los EE.UU. sostuvo en un tribunal federal que se debía conceder a sus autoridades acceso directo a los datos de que dispongan las empresas privadas en el extranjero, incluida Europa. Independientemente de la resolución que dicte el tribunal, esa iniciativa es una peligrosa violación de la confianza. De hecho, es una demostración pública de la voluntad de los funcionarios americanos de esquivar las vías vigentes para la cooperación entre Europa y los EE.UU.
Acciones semejantes socavan la lenta renovación de la confianza transatlántica desde que las revelaciones de Edward Snowden sobre el alcance de la vigilancia americana de los gobiernos y los ciudadanos europeos. Para que el Gobierno de los EE.UU. se granjee la confianza y la cooperación de la UE, tendrá que aceptar que la seguridad nacional y el carácter privado de los datos no son mutuamente excluyentes. Una negativa continua a proceder conforme a los conductos legales acordados sentenciará el destino del Acuerdo General antes de su ratificación.
Dos terceras partes de los ciudadanos de la UE están preocupados por el tratamiento que se da a sus datos. Nueve de cada diez desean que se protejan sus datos personales, independientemente de dónde esté situado el servidor que disponga de ellos. Mientras el Gobierno de los EE.UU. siga procurando obtener un acceso ilícito a los datos europeos, en lugar de aplicar plenamente sus compromisos, será difícil que el Parlamento Europeo dé vía libre al Acuerdo General y, si se adopta una actitud para con las reglas, los tratados y la normativa vigente que dé a entender que carecen de valor, los derechos de los ciudadanos de la UE se convierten en una concha vacía.
Las consecuencias de la negativa a reconocer los derechos de los ciudadanos europeos podrían ser dramáticas, pues socavarían la seguridad nacional, el comercio bilateral, la asociación estratégica transatlántica y la naturaleza de la propia red Internet. Se podrían erigir fronteras y obstáculos a las corrientes de datos para satisfacer las solicitudes de respeto de la intimidad en un momento en el que el mundo necesita que los datos circulen libremente. De lo contrario, el terrorismo resulta más difícil de combatir y la revolución digital corre riesgo de involución.
Afortunadamente, no faltan soluciones que satisfagan la necesidad de seguridad nacional y las solicitudes de respeto de la intimidad. Los intentos por parte del Departamento de Justicia de los EE.UU. de esquivar los acuerdos vigentes son tan graves, porque los Estados miembros de la UE están dispuestos a cooperar rápidamente con los EE.UU. en la lucha contra la delincuencia cuando se les solicite adecuadamente. Las tradiciones constitucionales en las dos riberas del Atlántico pueden ser diferentes, pero no son, desde luego, irreconciliables, como lo demuestra el Acuerdo General.
Se debe lograr un equilibrio adecuado. La protección de datos no debe obstaculizar la observancia legítima de las leyes. Tampoco se debe utilizar la seguridad nacional como excusa general para que las autoridades obstaculicen las libertades de las personas. Reviste importancia decisiva encontrar mecanismos que garanticen tanto los derechos de las personas como el interés público para crear la confianza de la que la economía digital depende.
Lejos de socavar las medidas contraterroristas, las normas que determinan claramente los papeles de los gobiernos y los derechos de los ciudadanos contribuyen a garantizar el intercambio sin problemas entre los organismos estatales. Debemos aprovechar oportunidades como la del Acuerdo General para reafirmar la importancia de la circulación de datos transfronteriza, establecer mecanismos claros de cooperación transatlántica y crear las salvaguardias y los cauces legales apropiados para velar por que se respete la intimidad de los ciudadanos europeos.
Un marco claramente definido y mutuamente acordado garantizará la adopción rápida de medidas para afrontar las amenazas a la seguridad, cuando sea necesario... y sólo cuando lo sea. Ésa es la razón por la que la creación de confianza y la cooperación transatlánticas son tan importantes y por la que la negativa de los Estados Unidos a plasmar las palabras en garantías jurídicas resultará probablemente contraproducente.
Viviane Reding is a Member of the European Parliament from Luxembourg and former Vice-President of the European Commission in charge of Justice. Traducido del inglés por Carlos Manzano.