Hace unas semanas se ha producido un hecho que constituye un gran paso adelante en la lucha contra las prácticas ilegales en el sector del tabaco en nuestro país: la adhesión de España al Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos del Tabaco, de la Organización Mundial de la Salud.
En los informes que he dirigido en los dos últimos años sobre este importante problema —estudios realizados a instancias de ThinkCom (Instituto de Estudios Estratégicos adscrito a la Universidad Complutense de Madrid)— queda patente sus perjudiciales efectos sobre la salud pública y el importante fraude fiscal que provoca, que se estima —solo en España— en el entorno de los mil millones de euros anuales. Las conclusiones principales de los estudios convergen en la necesidad de que la Administración adopte una posición más decidida en la lucha contra el comercio ilícito del tabaco, tomando medidas que incrementen la eficacia de los controles que se realizan. La adhesión de nuestro país al Protocolo antes mencionado cumple esa necesidad y reafirma el deber de la Administración de intensificar las políticas de erradicación de esta lacra que tanto daño hace a nuestra sociedad.
Efectivamente, el Protocolo tiene como objetivo conseguir la eliminación de todas las formas de comercio ilícito de producto de tabaco y supone un compromiso por parte de los países adheridos, entre los que ya se encuentra España, de dotarse de medios para prevenir, detectar y erradicar los comportamientos ilegales en la producción, procesos y equipos de fabricación, transporte, importación, exportación, intermediación, almacenamiento y distribución. Se trata, por lo tanto, de proteger todas las etapas del ciclo, desde el origen hasta la venta.
A esta concepción integral del problema se une otro aspecto de gran trascendencia. Es un Protocolo de alcance internacional y, por lo tanto, con un enfoque global, obligando a su cumplimiento a todos los países adheridos. Las conexiones internacionales de las redes de contrabando y comercio ilícito de tabaco difícilmente pueden ser combatidas con estrategias unilaterales y aisladas, por muy sofisticadas que éstas sean.
Sin lugar a dudas, la adhesión de España al Protocolo es también de extraordinaria importancia por lo que representa en cuanto al compromiso que adquiere nuestro país en la lucha contra el comercio ilícito. Como hemos comentado anteriormente, se trata de un importante acuerdo firmado en la órbita de Naciones Unidas, concretamente en la OMS, que exige una perfecta sintonía entre las medidas que se pongan en marcha a partir de ahora en España y lo establecido en el Protocolo. La decisión de nuestro país de adherirse al mismo, por consiguiente, constituye un ejercicio de responsabilidad y deja patente la firme decisión de nuestras autoridades de plantar cara al comercio ilícito con los criterios homogéneos aceptados por la comunidad internacional.
Desde una perspectiva práctica, nuestra adhesión será eficaz para contrarrestar los efectos del comercio ilícito del tabaco, ya que el Protocolo establece medidas concretas para prevenirlo y eliminarlo. Entre ellas, caben destacar la concesión de licencias obligatorias sin las cuales no podrán operar en el mercado productores, industriales, distribuidores y, en general, los distintos agentes que intervienen en el sector; la creación y mantenimiento de registros; control exhaustivo de las ventas por Internet y nuevas tecnologías, así como instaurar medidas legislativas que incluyan la incoación de expedientes sancionadores con infracciones, que sin duda actuarán como barrera preventiva y, en su caso, de castigo para los comportamientos ilegales.
Entre las medidas que el Protocolo exige implantar de forma específica, se encuentra también la obligatoriedad de controlar la cadena de suministro mediante sistemas de seguimiento y localización para todos los productos del tabaco que se fabriquen o importen en territorio español. En este sentido, en los estudios realizados para ThinkCom ya se adelantaba la importancia de contar con los sistemas más avanzados, que denominaba trazabilidad fiscal securizada, para conseguir evitar falsificaciones y desvíos de partidas a rutas o itinerarios no establecidos. Es éste un elemento importante que puede lograr un descenso notable de las actividades ilegales a las que me refiero, como está ya sucediendo en los países en los que están implantados estos sistemas, que son válidos para el tabaco y también para muchos otros productos y que están demostrando ser de alta eficacia en la lucha contra todo tipo de comercio ilícito.
Es de destacar, en cuanto al seguimiento y localización, que el Protocolo prohíbe que la industria tabaquera participe directa o indirectamente en la implantación de los sistemas, medida lógica ya que no puede facultarse a las entidades controladas para actuar como controladoras.
Prácticamente todos los días se difunden noticias a través de los medios de comunicación informando de la captura de partidas de contrabando de tabaco en nuestro país. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado realizan una encomiable labor de investigación, vigilancia y aprehensión de alijos de tabaco ilegal. Pero lamentablemente sus acciones no son suficientes porque el tráfico ilegal crece en España, superando en algunas zonas el 40% del consumo. A partir de ahora, deben verse complementadas y apoyadas por las exigencias que establece el Protocolo. Es de esperar que el Gobierno adopte cuanto antes medidas alineadas con este importante tratado. Solo así se logrará reducir y abrir los cauces para la eliminación del comercio ilícito de tabaco en nuestro país.
Andrés Fernández Díaz es catedrático de Política Económica en la Universidad Complutense de Madrid, y consejero emérito del Tribunal de Cuentas.