“La inflación es un problema multicausal. Debemos abordarlo de modo integral, con políticas macroeconómicas consistentes y sostenibles. Y con diálogo social que permita estructurar acuerdos de mayor alcance”. Estas fueron las palabras del presidente de Argentina, Alberto Fernández, durante su discurso el lunes 1 de marzo, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.
El gobierno de Fernández ha prometido poner en el centro de la escena a la inflación. Para esto, la propuesta ha sido buscar un camino que aporte una solución estructural e integral al problema. Sin embargo, para resolver el problema crónico de la inflación en Argentina, hay que tener en cuenta dos dimensiones: la económica y la política.
La batalla del país contra la inflación viene acumulándose desde hace décadas. Entre 1945 y 2020, el país registró inflaciones superiores a 20% en 50 de esos años e hiperinflaciones (con marcas superiores a 90% anual) en 18 oportunidades. Solamente en 13 de esos años logró tener un aumento de los precios de un solo dígito. Este análisis, realizado por la economista argentina Victoria Giarrizzo en su libro Atrápame si puedes: el secreto de la inflación argentina, muestra que, desde mediados del siglo XX, ningún gobierno logró resolver el problema de manera más o menos persistente. Incluso en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se llegaron a manipular las estadísticas oficiales. Aunque se aplicaron todo tipo de recetas, la inflación siempre estuvo ahí, agazapada, como una amenaza constante al desarrollo.
Algunos economistas liberales, que normalmente se identifican con las corrientes más conservadoras y de derecha, consideran que el problema fundamental que explica la inflación es el nivel de emisión monetaria necesario para sostener los grandes gastos del Estado. Según esta lectura, el problema se resuelve aplicando políticas de austeridad y ajuste para reducir el déficit presupuestario y, junto con eso, la cantidad de dinero que debe imprimir el Banco Central para hacerle frente al rojo fiscal. Es decir: el problema es el tamaño del Estado y la manera en la que se financia. Esto fue lo que intentó hacer el expresidente Mauricio Macri durante su mandato, entre 2015 y 2019. No funcionó: impulsada por sucesivas corridas cambiarias y fuertes aumentos de tarifas de servicios públicos, la inflación tocó niveles que no se veían en el país desde 1991.
Otros economistas, por lo general vinculados al peronismo, entienden a la inflación como un problema integral que tiene origen en las tensiones del desarrollo. Frente a un escenario de crecimiento económico, la Argentina demanda más cantidad de dólares de los que puede generar con las exportaciones, lo que termina provocando una devaluación de la moneda. Como muchos sectores tienen insumos dolarizados, un salto del tipo de cambio da inicio a un ciclo de aumentos generalizado de los precios. El economista Daniel Heymann, una de las personas que más estudió la inflación y de las más respetadas de la academia local, considera que, si bien hay economías en América Latina que lograron desvincular el tipo de cambio de los precios, ese vínculo suele ser muy fuerte en países con regímenes de alta inflación.
El actual ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, se adhiere a esta última lectura. Según Guzmán, para resolver la inflación de manera persistente se debe aplicar un combo de políticas macroeconómicas.
En lo concreto, la estrategia diseñada por el ministro implica que el Gobierno trabajará para bajar el déficit aunque evitará realizar un ajuste que sacrifique el crecimiento económico. También buscará conseguir parte del financiamiento que necesita en el mercado para no pedirle todo al Banco Central. Pero tal vez una de las partes más importantes es que el valor de la moneda nacional respecto del dólar subirá al compás de la inflación, aunque buscando evitar a toda costa que se produzca un salto de un momento para otro. Todo esto, a su vez, tiene como premisa que la economía argentina logrará recuperarse en 2021, luego de una caída de 10 puntos en 2020.
Al mismo tiempo que implementa este paquete de medidas macroeconómicas, el Gobierno ha sentado a la mesa a los empresarios y sindicatos para coordinar “precios y salarios”. El objetivo es incidir en la “puja distributiva”, es decir, que tanto los representantes de los trabajadores como los principales hombres de negocios acuerden aumentos en torno de 30%, un porcentaje que coincide con las estimaciones de inflación para 2021 realizadas por el propio Guzmán. La actual gestión también ha creado un Consejo Económico y Social, en el que buscarán sentar a la mesa a todos los sectores para acordar políticas de largo plazo y construir una mayor previsibilidad.
Pero la inflación es un síntoma y la interpretación de cuáles son sus causas es un territorio de disputas en la Argentina. Mientras que los economistas liberales insisten con que la única solución a la inflación es reducir el déficit fiscal y la emisión monetaria, los economistas vinculados al peronismo sostienen que el aumento de los precios está vinculado a los problemas del país de generar las divisas que necesita la economía. El resultado de esa divergencia es parte del problema: cada vez que asume un gobierno intenta una nueva receta, muchas veces a contramano de lo que se venía haciendo. Por eso, la falta de acuerdos sostenidos en el mediano y largo plazo es el principal inconveniente que debe sortear el sistema político para encontrar una salida.
Más allá de quién impulse la convocatoria, es hora de que todo el sistema político argentino entienda que los acuerdos de mediano y largo plazo son centrales para dar una respuesta sólida, duradera y definitiva al problema de la inflación. De otra manera, a fin de cuentas, quien más sufre es el pueblo argentino —y especialmente aquellos que menos tienen—, que cada cuatro años debe poner toda su confianza en los planes de un nuevo gobierno que puede priorizar sus objetivos políticos en vez de su bienestar económico duradero.
Estefanía Pozzo es una periodista argentina especializada en temas económicos y financieros.