Una de las medidas más significativas incluidas en el Plan de Reactivación Económica que promueve el PSOE es el establecimiento de una moratoria sobre el despido durante los próximos tres años. Con ella, se planteaba la posibilidad de que las empresas en dificultades puedan percibir apoyo público equivalente a una tercera parte de sus costes laborales junto a una reducción de la jornada equivalente a otro tercio.
La experiencia alemana de jornada reducida (el denominado kurzarbeit) no ha sido, en absoluto, negativa. En Alemania, durante la crisis, esta medida se ha aplicado a más de 1,5 millones de trabajadores durante varios años y su impacto sobre el empleo no ha sido despreciable. Para ello basta con tener en cuenta que una cifra así es más de un tercio de los trabajadores desempleados en este país. Son, por tanto, 1,5 millones que no pasaron a engrosar las filas del paro.
Ha habido sin embargo algunas reacciones a la medida —sin ir más lejos la reflejada en estas mismas páginas por Juan José Dolado en un artículo titulado Fórmulas alemanas para el empleo— que merece la pena analizar. Por supuesto, la moratoria contra el despido no pretende ser un milagroso remedio frente a nuestra situación laboral, pero se sustenta en la convicción de que, en situación de crisis, mantener el empleo es un requisito previo a su propia creación.
Naturalmente, este tipo de medidas no es aplicable a una situación como la que ha vivido el sector de la construcción en España. Pero donde sí es aplicable es entre los trabajadores y empresas de la industria y los servicios. Casi dos millones de empleos se han perdido en estos dos sectores durante la crisis, y aunque una parte de ellos están vinculados a la actividad constructiva e inmobiliaria, el resto son empleos que se pueden recuperar cuando salgamos de la recesión.
En realidad existen antecedentes de este tipo de medidas en la regulación laboral española. A lo largo de 2009 se implantó una medida consistente en el estímulo a la regulación temporal de empleo mediante la ampliación en tres meses de los derechos al desempleo de los trabajadores afectados. Que la respuesta fue muy positiva lo avala el hecho de que los expedientes de regulación de empleo con suspensión o reducción de jornada se multiplicaron por cinco hasta alcanzar a más de 480.00 trabajadores Pero es verdad que no fue suficiente para evitar un nivel destrucción de empleo también muy intenso fuera del sector de la construcción.
Una de las claves para el éxito del programa planteado ahora por el PSOE reside en el hecho de que los trabajadores afectados reducen su jornada y su salario en un tercio, pero no consumen su derecho al desempleo. En nuestro diseño legal actual, los trabajadores consumen el desempleo durante el tiempo que están en suspensión o en reducción de jornada, y la aversión a estos programas por parte de los trabajadores es obvia dado el miedo a que, si se produce un despido al final del expediente, pierdan una buena parte de su derecho al desempleo.
De ahí que pensemos que la moratoria frente al despido no solo se financiará casi íntegramente mediante los ahorros producidos en el sistema de protección por desempleo, sino que permitirá una mayor capacidad de adaptación al ciclo en nuestras empresas. Por ejemplo, el coste de la implantación de esta medida en empresas que ocupen a 500.000 trabajadores, para un coste laboral medio anual de 21.000 euros, un tercio del cual se financiaría por el Estado, sería de 3.500 millones de euros (esto es una décima parte del gasto total en prestaciones por desempleo registrado en 2012).
La crisis ya se ha llevado por delante más de 3,7 millones de empleos. Y la sangría no se ha detenido. Durante 2012 se han perdido 850.000 puestos de trabajo y todo parece indicar que en 2013 perderemos 500.000 más. Por eso, la moratoria frente al despido no solo no es inútil sino que, junto a la normalización del crédito a las empresas, verdaderamente crucial, y al resto de las más de 60 medidas contempladas en el Plan de Reactivación, ayudaría a paliar esta dramática situación de nuestro mercado de trabajo.
Hay que subrayar también aquí el enorme fracaso de una de las medidas principales de la reforma laboral de 2012: el contrato de emprendedores. Ello significa que para crear empleo no basta con abaratar el coste del despido, haciéndolo gratuito durante el primer año. En cambio, la oleada de despidos en 2012 está directamente vinculada a la reducción de su coste en precio y en requisitos, ya que algunas empresas embalsaron despidos previstos con anterioridad a la espera que se facilitara el despido en esta reforma.
Por eso, durante la crisis, es mejor una reducción sencilla y sustancial en el coste de las cotizaciones sociales, como se propone en el Plan del PSOE para la contratación en empresas de menos de 50 trabajadores, que abaratar el despido de una forma indiscriminada. Porque para crear empleo, lo primero que hay que hacer es dejar de destruirlo.
Valeriano Gómez, economista, es portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Economía del Congreso.