La pandemia de la COVID-19 traerá profundas consecuencias políticas. Para quienes nos preocupamos por la democracia, el desafío es perentorio. Sería una tragedia si la víctima más importante del virus fueran los sistemas democráticos.
Para evitarlo debemos estar conscientes de los riesgos que enfrenta la democracia como resultado de esta crisis y de la importancia de fortalecer las capacidades del Estado como una forma de proteger su futuro. En este trance oscuro, debemos combatir el virus como si la democracia no importara y proteger la democracia como si el virus no importara. No hay garantía de éxito. Pero tenemos la obligación de intentarlo.
Los riesgos empiezan con la geopolítica. La desastrosa respuesta del gobierno norteamericano a la emergencia ha desnudado a Estados Unidos. Si bien la trayectoria del apoyo de ese país a la democracia no siempre fue rectilínea, es claro que el avance global de la causa democrática durante los últimos 70 años estuvo relacionado con el predominio global de Estados Unidos, un país con una notoria inclinación a imponer sus convicciones e instituciones políticas a otros. Cuando el polvo de este episodio se asiente, amaneceremos en un mundo en que, muy probablemente, el actor dominante no será ya una democracia. Con China al mando, promover el credo democrático será una tarea más ardua.
El asedio a la democracia ya empezó. En las últimas semanas hemos visto a Viktor Orbán en Hungría extender sin fecha de caducidad el estado de emergencia para enfrentar el virus. El Departamento de Justicia del gobierno de Donald Trump ha solicitado al Congreso de Estados Unidos poderes para pedir a los jueces detener indefinidamente a las personas durante una emergencia. En El Salvador, Nayib Bukele logró la aprobación de una legislación para suspender temporalmente la protección constitucional de algunos derechos fundamentales. La lista sigue y es larga.
Sería necio negar a los gobiernos la potestad de limitar las libertades —en forma temporal y bajo estricta supervisión de legisladores y jueces— durante una emergencia. Mi preocupación es que esto se convierta en la norma en regímenes democráticos, no solo porque los líderes autoritarios lo exijan sino porque una ciudadanía atemorizada lo consienta.
En tiempos de gran incertidumbre, la atracción por el abrazo “paternal” (y es paternal, porque siempre son hombres) de un líder autoritario puede ser poderosa. No es casual que la expansión global de la democracia haya coincidido con el éxito de nuestra especie para controlar algunas de las ansiedades más profundas de los seres humanos: la enfermedad, la pobreza y la violencia. Las probabilidades de supervivencia para la democracia son mejores cuando logra disminuir la incertidumbre social a niveles manejables. Por ello, tener instituciones de bienestar robustas, un Estado de derecho digno de ese nombre y prácticas sostenidas de prudencia fiscal resulta decisivo.
Bien sabemos que quien sacrifica la libertad en el altar de la seguridad termina perdiendo ambas, como lo advirtió Benjamin Franklin. Esto no es simplemente una profesión de fe, sino un juicio práctico. Qué explica que las hambrunas nunca ocurran en una democracia, preguntó el economista Amartya Sen. La respuesta es que la libertad de expresión y la acción colectiva son poderosas salvaguardas en casos de emergencia. Son estas prácticas democráticas las que hacen más probable que circule información vital y que las políticas erróneas puedan ser enmendadas. El actual ejemplo de Estados Unidos sugiere que estas protecciones no son a prueba de todo. Empero, aceptar el control autoritario del espacio cívico sin duda nos hará más vulnerables ante el siguiente desastre.
Como lo muestra el Informe global sobre el estado de la democracia 2019 de IDEA Internacional, la libertad de expresión y la capacidad de actuar de la sociedad civil enfrentan múltiples amenazas en todo el mundo. Si nos preocupa nuestra seguridad, he aquí otra pandemia que es preciso vencer.
La respuesta a esta crisis no debe ser vista como una competencia entre democracias y sistemas autoritarios. Algunos gobiernos —particularmente el de China— desean que se perciba así. En realidad, la pregunta relevante está anclada en la distinción que el politólogo Samuel Huntington postuló hace tiempo: en esta situación, cuál tipo de gobierno tiene un país importa menos que cuánto gobierno tenga, entendiendo por ello la capacidad de sus instituciones para actuar eficazmente.
Existen sistemas autoritarios donde el Estado tiene alta capacidad (China, Singapur) y otros con calamitosos niveles de eficacia (Venezuela), así como existen democracias con alta capacidad estatal (Corea del Sur, Alemania) y otras donde esta última es baja (casi toda América Latina). Esta es una de las razones por las cuales los países del norte de Europa muy probablemente enfrenten esta crisis mejor que los países del sur de Europa, y por qué Uruguay, Chile y Costa Rica lo pueden hacer mejor que sus vecinos latinoamericanos.
Lejos de optar por el sofocante abrazo autoritario, lo que urge es adoptar medidas, compatibles con la democracia, que doten a los sistemas políticos y las instituciones de mayor efectividad para proveer bienes y servicios públicos, administrar la incertidumbre y enfrentar las crisis.
No se trata de renunciar a las libertades fundamentales, sino de preparar a las democracias para responder a las demandas de la ciudadanía.
El futuro de la democracia, particularmente en América Latina, depende de emprender reformas para facilitar la toma y ejecución de decisiones, la coordinación entre instituciones y el fortalecimiento de la gerencia pública. Depende, también, de acometer la perenne asignatura pendiente de la región: la creación de sistemas tributarios robustos y progresivos, combinados con reglas para preservar los balances fiscales. Y requiere, sobre todo, de detener la marea de corrupción que ahoga a nuestras instituciones políticas. Sin ello, no hay forma de generar la confianza ciudadana que define a los Estados eficaces y resulta indispensable en una crisis, como la que enfrentamos ahora. Esta agenda es la mejor vacuna contra el virus autoritario que hoy acecha al mundo.
Kevin Casas es secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), con sede en Estocolmo.