La decisión adoptada por el G-20 en noviembre de 2008 de no dejar perecer ningún banco sistémicamente importante pudo parecer prudente en aquel momento, dada la amenaza de un desplome financiero mundial, pero dicha decisión y las equivocadas políticas aplicadas por los bancos centrales y los gobiernos desde entonces han brindado a los más importantes bancos excesivamente endeudados la capacidad de chantajear a sus rescatadores, capacidad que han utilizado para crear un sistema financiero en el que están, en realidad, exentos de responsabilidad.
La capacidad de los bancos grandes para obtener mediante extorsión semejante arreglo se debe a una amenaza implícita: si un banco sistémicamente importante se viera abocado a la insolvencia, el sector financiero –y con él el sistema de pagos de la economía– quedaría paralizado, pero ya es hora de desenmascarar a los banqueros farsantes: el mantenimiento del sistema de pagos puede y debe quedar separado del problema de la insolvencia bancaria.
Por encima de todo, se debe revisar la decisión del G-20 de apuntalar bancos sistémicamente importantes y los gobiernos deben responder a las amenazas de los bancos declarando su disposición a tratar a los bancos insolventes como tales. Una economía de mercado debe descansar sobre el principio de los beneficios y las pérdidas. Una economía de mercado sin bancarrotas y sin un imperio de la ley que se aplique a todos por igual no es tal. Se debe aplicar también a los bancos la ley que es válida para todas las demás empresas.
Además, los gobiernos deben garantizar los préstamos de los bancos insolventes a empresas no financieras, además de las cuentas corrientes y los depósitos de ahorros a plazo fijo de los clientes privados reformando la legislación sobre la insolvencia. Desde luego, los gobiernos no deben garantizar las responsabilidades interbancarias que no afecten a los depósitos de los clientes. Un administrador de la insolvencia gestionaría el banco y velaría por que se hicieran adecuadamente todos los pagos correspondientes a una garantía estatal, al tiempo que la refinanciación de dichos pagos continuaría por mediación del banco central.
Después de adoptar esas medidas, el sistema de pagos sería seguro. En caso de insolvencia de un banco, no se apagarían sus computadoras, no se despediría al instante a sus empleados y no se paralizarían las transacciones de pago. Tampoco se produciría un pánico bancario con retirada de depósitos, dadas las garantías oficiales de que no se verían afectados por la insolvencia de un banco. Al fin y al cabo, incluso un simple billete de banco es dinero porque el Estado así lo afirma y, por tanto, no es diferente de los depósitos de ahorros, lo que significa que ningún ahorrador tiene ventaja al poseer dinero en efectivo. Así, pues, no habría necesidad de una retirada apresurada de depósitos bancarios.
Naturalmente, la deliberada restricción de los efectos de la quiebra a las cuentas que no sean cuentas corrientes y de ahorros y depósitos a plazo fijo privados significa que la insolvencia del banco A podría propiciar la insolvencia del banco B. En el caso del banco B se aplicaría la misma situación en materia de liquidación: los depósitos de ahorros estarían a salvo, se podrían hacer pagos desde los depósitos corrientes de los clientes y no se revocarían los préstamos que hubiera concedido a empresas no financieras.
Evidentemente, el efecto dominó no tiene por qué detenerse ahí: la insolvencia de los bancos A y B podría crear problemas a un banco C y a otros. De hecho, podría tener que liquidarse todo el subsistema bancario de reserva fraccional excesivamente endeudado, pero el sistema de pagos sobreviviría.
Así podría desencadenarse también un efecto dominó positivo, al adoptar otros Estados –gracias a la integración financiera internacional– procedimientos similares para la liquidación controlada de sus bancos insolventes. Se destruirían los activos zombis. Gran parte del dinero y del crédito creado de la nada a partir de transacciones interbancarias anteriores y ya excluido de las garantías oficiales, volvería a la nada. Después, se podrían vender los bancos liquidados y antes excesivamente endeudados.
Tenemos la capacidad de eliminar la deuda en rápido aumento del sistema financiero y crear un nuevo orden monetario que corresponda a los principios de la libertad de empresa y al imperio de la ley, sin correr el riesgo de un desplome de todo el sistema de pagos. Lo único que hace falta para restablecer la reglamentación bancaria eficaz –en Europa y en el resto del mundo– es la voluntad de oponer resistencia al chantaje de los propios bancos.
Frank Schäffler, a member of Germany's Bundestag for the Free Democratic Party, is on its finance committee. Norbert F. Tofall is a member of the Friedrich A. von Hayek Society. Traducido del inglés por Carlos Manzano.