Brasil, una nación rica en recursos naturales con tierras fértiles y gran diversidad cultural, ha batallado durante décadas con el subdesarrollo. Algunos atribuyen esto al custo Brasil o el “costo de Brasil”: el precio acumulado, en efectivo, tiempo y otros recursos de hacer negocios en el país; es el peso de la burocracia, los altos impuestos y la inversión faltante. Otros lo achacan a las inversiones insuficientes en la infraestructura, ciencia, tecnología y educación.
Sin embargo, la raíz de la lucha es la decadencia de la democracia de cara a una corrupción sistémica e institucional. Nuestro sistema de representación ha estado removido de su razón de ser, que la voluntad de gobernar ha sido remplazada por una meta: mantenerse en el poder.
Nada evidencia mejor la compleja red de la decadencia democrática brasileña que la operación Lava Jato, la investigación sobre corrupción.
Nuestra estructura gubernamental está basada en coaliciones, lo que la vuelve vulnerable a ser corrompida. Con decenas de partes que quieren formar una mayoría en el congreso, las elecciones son excesivamente caras y abotagadas. Obtener el poder le permite a un partido político designar a ejecutivos de empresas estatales, que luego reciben sobornos de contratistas y mueven parte de ese dinero de regreso al partido.
Es un ciclo que se perpetúa: las elecciones fraudulentas generan administraciones públicas que promueven la corrupción y son operadas por políticos que crean reformas electorales para otorgarse más y más poder, recursos y control a sí mismos. Como resultado, los principales partidos políticos de Brasil –que se han turnado de manera ininterrumpida el gobierno durante décadas– se concentran más en establecer alianzas para quedarse en el poder que en gobernar.
Ministros, asesores, senadores, representantes y hasta integrantes del poder judicial colaboran con los intereses privados para tomar decisiones sobre inversiones públicas e impulsar la aprobación de medidas que benefician de manera desproporcionada a aquellos en el poder.
Algunos de los grupos económicos más grandes de Brasil son justamente imperios artificiales construidos a partir de exenciones hacendarias y préstamos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, y sus fracasos han sacudido los cimientos de la economía del país.
Los recursos de desarrollo que pretenden mejorar la calidad de vida y reducir la desigualdad social han sido diezmados para enriquecer a ciertos grupos y empresas que se presentan como “campeonas nacionales”, y para financiar el sistema del partido político. Por medio de una política económica equivocada y del desvío de recursos públicos, le han costado su empleo a más de 14 millones de personas.
Incluso el presidente Michel Temer, cuya agenda ignora el interés público y pone en riesgo los recursos naturales, fue acusado de sobornos hace poco y ha intentado evitar posibles investigaciones a sus operaciones. Hacia el final de agosto intentó desmantelar 11 millones de hectáreas de una reserva en la Amazonía –aproximadamente del tamaño de Dinamarca– para que esta tierra sea abierta a la minería. Esto incentivará aún más la deforestación, la pérdida de recursos acuíferos y la violencia contra las comunidades locales e indígenas.
Pero la operación Lava Jato ha demostrado que podemos castigar a los políticos y ejecutivos por sus crímenes. La investigación ha sido integral para exhibir la corrupción que prevalece en nuestro país al revelar los miles de millones de dólares de pagos ilegales, encarcelar a ejecutivos y resultar en que un presidente sea enjuiciado por violar las leyes de financiamiento de campaña.
Ha inaugurado una era en la que los empresarios y políticos corruptos temen a la justicia porque saben que sí podría haber cárcel como resultado. La operación nos deja avistar un posible futuro político para el país: uno que no es conformista, que valora a la ciudadanía y demanda igualdad para todos.
La Operación Lava Jato también funciona como una advertencia para el sector empresarial y su práctica ancestral de influenciar las decisiones del gobierno. Los negocios que participan en la corrupción ahora enfrentan al sistema judicial, que nos libera a todos de crear un ambiente en el que la competencia sí promueve eficiencia y resulta en servicios y obras públicas adecuadas.
El tsunami que arrolla a Brasil permitirá que haya espacio para un nuevo paradigma político fundado en el principio de que la justicia significa que todos la deben enfrentar. Todavía no llegamos a ese punto, pero Lava Jato está funcionando, como lo evidencia la reacción de la clase política de siempre de todos los colores ideológicos.
Un número importante de líderes políticos, empresariales y de partidos han volcado todos sus bienes en asegurarse que las cosas se queden como estaban. Hay alianzas entre personas que de otro modo son opositores para poner fin a las investigaciones, y hay intentos para imponer reglas para la elección general de 2018 que garantizarían la continuidad de aquellos actualmente en el poder. El principal grupo de trabajo de Lava Jato fue desmantelado en julio, y sus pesquisas integradas a una división anticorrupción que tiene menos campo de maniobra.
Nuestra esperanza es ver a Brasil rejuvenecida para crear leyes e instituciones efectivas. La primera gran prueba serán las elecciones del 2018, cuando los votantes podrán realizar el verdadero gran “lavado” de la política brasileña; tendrán la oportunidad de limpiarla de la corrupción y de abrir la puerta a una reconstrucción de las instituciones del país.
Marina Silva es maestra, ambientalista y exsenadora. Fue la ministra de Medioambiente de Brasil de 2003 al 2008 y candidata presidencial en 2010 y 2014.