Transcurridos más de dos años del comienzo de la crisis, la más severa en varias generaciones, podemos ya extraer algunas lecciones sobre la eficacia de las medidas adoptadas para restablecer la estabilidad y la solidez de nuestros sistemas financiero y económico.
Los datos más recientes confirman que ya no estamos en caída libre. La combinación de un estímulo monetario y fiscal extraordinario, la provisión ilimitada de liquidez del Banco Central Europeo (BCE), y las medidas gubernamentales dirigidas a reforzar el balance de las entidades de crédito, está contribuyendo ya de forma efectiva a la recuperación de la economía y a la suavización de las tensiones financieras. Este apoyo seguirá notándose durante los próximos trimestres incluso en mayor medida.
No obstante, también es forzoso reconocer que la crisis no será breve. Es inmensa la cantidad de riqueza financiera y productiva que ha sido destruida o dañada, y su recuperación no será posible sin emprender reformas que promuevan el trasvase de recursos hacia sectores de futuro. Respecto de las medidas monetarias, presupuestarias y de apoyo al sistema financiero, éstas sólo serán útiles para sentar las bases de un crecimiento sostenido si se aplican de forma consistente con los objetivos de estabilidad de precios, estabilidad financiera y sostenibilidad presupuestaria; esto es, si se entiende que son medidas necesariamente temporales. Por eso, su éxito a medio y largo plazos pasa por definir y comunicar estrategias apropiadas de salida de la crisis. Los gobiernos europeos ya se han comprometido a consolidar sus presupuestos cuando se asiente la recuperación, y el BCE, por su parte, retirará progresivamente sus medidas extraordinarias teniendo en cuenta los riesgos para la estabilidad de precios, así como también la situación de los mercados financieros.
¿Qué hay que preservar y qué hay que reformar para salir con confianza de la encrucijada financiera y económica en la que Europa se encuentra? Hay dos categorías de enseñanzas de la crisis entre las que cabe distinguir: las referidas a lo que ha funcionado bien y que cabría reforzar, y las relacionadas con lo que ha ido mal y debe reformarse.
La crisis ha demostrado que poseemos algunos activos de valor inestimable, sobre los que debe pivotar el retorno de la confianza. Subrayaré cuatro de ellos. Primero, nuestra sólida moneda única, basada en una política monetaria orientada de modo creíble a garantizar la estabilidad de precios a medio plazo. El euro ha sido y continuará siendo un gran activo, también en tiempos de incertidumbre y crisis financiera. Tenemos una moneda única sólida, creíble y global, lo que nos ha permitido reaccionar firmemente, con prontitud y eficacia cuando, como ocurrió en otoño de 2008, la crisis financiera comenzó a desbordarse a la economía real.
Otro de nuestros activos es el marco de política macroeconómica orientado al medio plazo. En la zona del euro, el firme compromiso del BCE con la estabilidad de precios y la aplicación del Pacto de Estabilidad para afianzar la sostenibilidad de las finanzas públicas ha contribuido durante la pasada década a contener los desequilibrios macroeconómicos y a fomentar la creación de empleo. La vigencia del Pacto debe ser uno de los pilares del retorno de la confianza.
El tercer activo es el compromiso europeo con la apertura externa y la competitividad, con el dinamismo de nuestras empresas, y con la necesidad de fomentar la preparación y cualificación de nuestra población activa. Debemos recordar que la apertura exterior dinamiza nuestras estructuras, fomenta la reforma y da a Europa un gran peso en la dirección de la economía global. Por ello, ceder a la tentación proteccionista es una fórmula para el desastre económico absoluto.
Finalmente, como ilustran las iniciativas del Eurogrupo, el ECOFIN, el Consejo de Estabilidad Financiera o los acuerdos del G 20, la respuesta a la naturaleza global y compleja de la crisis actual se ha traducido en una intensificación sin precedentes de la cooperación económica internacional, tanto entre los países europeos como a escala mundial. La colaboración entre las autoridades, en ámbitos como la gestión de liquidez, la política monetaria, la política fiscal y la regulación financiera, ha demostrado ser crucial para garantizar la coherencia de los objetivos y la eficacia de las medidas.
La crisis ha puesto también de manifiesto que algunos elementos institucionales de nuestras economías son perjudiciales y deben reformarse a fondo. ¿Cuáles son estos pasivos? En primer lugar, la crisis ha demostrado que la capacidad de resistencia de nuestros sistemas financieros puede verse gravemente afectada si los reguladores y los supervisores no vigilan adecuadamente los fallos del mercado derivados de la falta de transparencia, los incentivos cortoplacistas en las remuneraciones y en el control de riesgos, y la orientación procíclica de algunas normas prudenciales y contables. Los compromisos del G 20 en estos ámbitos deben aplicarse sin dilación.
En segundo lugar, la crisis ha evidenciado que, en un entorno de rápida innovación financiera y con mercados financieros internacionales altamente integrados y poblados por instituciones grandes y complejas, el principio de regulación y supervisión nacional está abocado al fracaso. Los pilares de un sistema financiero internacional estable sólo pueden asentarse en marcos de regulación y supervisión internacionalmente coordinados, y en los que la vigilancia del riesgo sistémico reciba la atención adecuada.
Asimismo, la crisis ha mostrado que el crecimiento de un «sistema financiero en la sombra», diseñado para aprovechar el arbitraje regulatorio y obtener beneficios a corto plazo, no es coherente con la estabilidad financiera a largo plazo. El perímetro regulatorio debe abarcar a toda entidad, bancaria o no, sistémicamente relevante, así como a todos los productos y mercados de importancia sistémica.
Por último, la crisis ha confirmado que, a fin de aumentar la flexibilidad y la resistencia de nuestras economías, es clave seguir avanzando en las reformas de los mercados de bienes, servicios y trabajo. Las reformas de los mercados de bienes y servicios deben fomentar la competencia y acelerar la reestructuración, y las de los mercados de trabajo deben tener dos objetivos: mejorar el proceso de fijación de salarios, y facilitar la movilidad laboral (geográfica y sectorial), que es esencial en momentos de ajuste.
Es éste un imperativo urgente para economías en las que la rigidez de las instituciones laborales se erige en un obstáculo insalvable para la sustancial reasignación de recursos que exige el pasado sobredimensionamiento de sectores como el financiero o el inmobiliario. En combinación con las restricciones crediticias y la tendencia a la caída de los gastos de inversión e innovación, un mercado de trabajo rígido podría retardar largos años la recuperación de los niveles de renta previos a la crisis. Primero, porque el paro coyuntural se convertiría en estructural, debido a la pérdida de empleabilidad. Segundo, porque dificultaría la sostenibilidad presupuestaria. Y tercero, porque haría probable que el necesario cambio de ciclo de tipos de interés que habrá de producirse en el área del euro sea poco adecuado para las condiciones específicas de las economías menos ambiciosas en la reforma.
Decía Jean Monnet que los hombres no aceptamos el cambio sino en la necesidad, y que no vemos ésta más que como reflejo de la crisis. Por ello, la imagen que hoy nos devuelve el espejo de la realidad del desempleo debiera ser el catalizador de las reformas necesarias. Los retos son extraordinarios, tanto como única la oportunidad que se nos ofrece.
José Manuel González-Páramo