Una fiscalidad justa y eficaz es el motor de la igualdad, del desarrollo. Nadie pone en duda que el fraude, la evasión fiscal, es un problema de primera magnitud en España. No hay político, sociólogo, sindicalista que no se llene la boca con proclamas al respecto. Sin embargo, mucho ruido y pocas nueces: estamos hartos de tantos condenados cuyas sórdidas fortunas se convierten en inalcanzables para la justicia. Es entonces cuando chocamos con el "no pasarán" de los paraísos fiscales, que más que una "ágil plataforma financiera" -como cínicamente se califican los territorios donde se ubican- son el depósito, la sentina de los multimilmillonarios resultados del delito, de la evasión.
Es altamente significativo que Bush (hijo) presentara como una eficaz medida contra el terrorismo internacional la lucha contra estas plataformas oscuras. Acertó en el diagnóstico: no hay guerra -ni crimen- sin medios. Pero Bush no concretó nada en la práctica. Y los paraísos fiscales siguieron indemnes... porque son parte constitutiva del capitalismo financiero-especulativo.
Incidentalmente vale la pena recordar que la mayoría de estos agujeros negros son bien de soberanía británica... o protectorados de hecho norteamericanos. Blanco y en botella.
La mejor, la única arma efectiva del Estado democrático es la transparencia. Hay que acabar con una situación en la que los tribunales de justicia se convierten en patéticas víctimas de mínimos territorios que transforman lo que debería ser cooperación judicial en la lucha contra el crimen en un frustrante ejercicio de comisiones rogatorias sin respuesta. ¡Basta de Gibraltares, Caimanes, Jerseys... o Panamás!
Las medidas propuestas por Ciudadanos son torpedos en la línea de flotación de estos fétidos pozos negros financieros. Se trata de invertir el proceso. No será la justicia o la administración tributaria la que deba seguir como perro perdiguero a la presa. Será la perdiz la que deberá desnudar sus vergüenzas: mostrar la identidad de los titulares de sociedades residenciales o participadas en paraísos fiscales. A riesgo de la congelación de su actividad y bienes.
Por ello, Ciudadanos ha presentado una proposición no de ley en la Mesa del Congreso de los Diputados en la que plantea actuar en seis apartados: 1. Respecto de los paraísos fiscales pide que se realice una evaluación de los Acuerdos de Intercambio de Información firmados y revisar la lista de paraísos fiscales, para incluir en ella a aquellos países que no estén colaborando efectivamente en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal.
También solicita la aprobación de las normas oportunas para que las entidades financieras informen sobre las operaciones de sus clientes en sus filiales en paraísos fiscales, en las mismas condiciones que dan información de los demás clientes.
2. En relación a las empresas registradas en España, reclama que sea público y gratuito el acceso al registro mercantil, lo que permitirá conocer la identidad de los dueños reales de las compañías y dificultará el uso de estructuras societarias con testaferros.
3. En cuanto a las empresas que operan en España y disfrutan de una tributación privilegiada en el exterior, la iniciativa propone actuar contra esa ingeniería fiscal. Plantea, así mismo, que se obligue a las entidades financieras y a las empresas con un volumen de operaciones superior a seis millones de euros a suministrar información a la Agencia Tributaria de cualquier operativa que tenga como origen o destino, directa o indirectamente, una entidad domiciliada en un paraíso fiscal, y que se sancione a las empresas que incumplan este deber prohibiéndoles contratar con la Administración pública.
4. Sobre las empresas con sede o controladas por otras radicadas en paraísos fiscales, propone que se las obligue a informar de sus titulares últimos a la Agencia Tributaria, y que en el caso de incumplir esa obligación, se les revoque el NIF (número de identificación fiscal), lo que equivale a bloquearles tanto las operaciones en cuentas bancarias como la inscripción de cualquier operación en el Registro de la Propiedad respecto de los bienes inmuebles de los que sea titular. Más aún, en el caso que dichas empresas estuvieran relacionadas con supuestos delictivos, se aboga por que queden sujetas a la regla del enriquecimiento ilícito. En tal caso, sus bienes serían decomisados.
5. En cuanto a los Depósitos Francos, la proposición no de ley pide que se exija su declaración a los titulares, y que en ella se incluyan activos de todo tipo.
6. Por último, se urge a avanzar en la implantación de un NIF y una BICC (Base imponible consolidada común) armonizada en la Unión Europea como medio para que las empresas multinacionales tributen de manera más justa allí donde generan sus beneficios.
Seamos claros, la mayoría de las inversiones que realizan sociedades con base en paraíso fiscal son de ciudadanos que retornan legalmente a nuestro país el dinero sucio o delictivo que han generado. Así, Gibraltar es un portaviones español en lo financiero y británico en lo monetario. Mientras su autollamado Ministro Principal se ufana de su boyante economía, es más que evidente que el Espíritu Santo no ha iluminado a los abogados, banqueros e intermediarios llanitos. La inteligencia no mejora desde la verja fronteriza... sino por el parasitaje fiscal, la opacidad, la cloaca en definitiva.
Yo respeto tanto a los vecinos del señor alcalde de Gibraltar que les invito a un hecho revolucionario, subversivo: que vivan de su esfuerzo, no del de los españoles. Tras el brexit, Fabian Picardo ha proclamando tanto su europeísmo como su irresponsable pretensión de que su paraíso fiscal se mantenga incólume dentro de la Unión Europea.
Tampoco nuestro Gobierno es demasiado feliz en sus ideas. Propone nada menos que la doble nacionalidad hispanobritánica, por tanto, intra y extracomunitaria. Disparate cósmico que resulta apasionante para Artur Mas, Puigdemont, Junqueras y compañía. Gracias señor Dastis.
Por todo ello, me siento más que orgulloso de haber participado activamente en esta Proposición no de Ley de Ciudadanos.
Javier Nart es diputado de Ciudadanos en el Parlamento Europeo.
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