La capital colombiana es en estos momentos el teatro de una dura batalla en las altas esferas del poder político. De su resultado final, incierto por el momento, dependerá la continuidad de la política del gobierno de Alvaro Uribe de seguridad democrática.
Un grupo extremista de oposición que dispone de agentes en el Senado, en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia, y que se presenta como moralizador de la vida pública, pretende desatar una cacería de brujas contra el amplio sector que respalda al presidente Uribe. Ministros, gobernadores, fiscales, jueces, militares, policías y parlamentarios del bloque mayoritario son intimidados y acusados de estar “involucrados” en la conformación de grupos paramilitares de extrema derecha, es decir de ser masacradores y narcotraficantes. La técnica de la acusación extravagante es utilizada a fondo con la venia de ciertos media que tratan de hacer pasar esas alegaciones como hechos cumplidos. Observada con enorme interés por la guerrilla de las FARC, la maniobra de intoxicación tiene por objetivo visible aterrorizar y dividir el campo gobiernista, debilitar a Uribe y obtener, en últimas, su destitución.
A la difusión de rumores y de acusaciones anónimas se agrega algo más grave: la utilización de organismos públicos, como la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia, como armas arrojadizas. Políticos y funcionarios son amenazados con “nuevas investigaciones” disciplinarias y penales de esos organismos bajo el cargo de haber tenido “vínculos” directos o indirectos, pasados o presentes, con paramilitares. Al final de la semana pasada, por ejemplo, un denunciante anónimo exigió a la Fiscalía que pidiera a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investigar los “posibles nexos” del presidente Uribe con grupos paramilitares. Todo ello sin aportar evidentemente la menor prueba. “Quienes están gobernando son unos criminales”, eructó al unísono Gustavo Petro, un ex guerrillero que hoy es senador del partido Polo Democrático, una coalición heterogénea dirigida por el Partido Comunista. Piedad Córdoba, una senadora liberal, que no oculta sus simpatías[1] por el veterano Tirofijo, líder histórico de las FARC, propuso con su colega Wilson Borja el cierre del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas e incluso presidenciales[2].
Dos días antes, los “moralizadores” habían citado a la ministra de Relaciones Exteriores, María Consuelo Araújo, a un debate de 10 horas en el Senado donde la invitaron a renunciar a su cargo en vista de que uno de sus hermanos, según ellos, “estuvo involucrado” con paramilitares. Piedad Córdoba presentó como “prueba” contra la familia Araújo un anónimo que ella dijo haber “recibido”. Invitado al debate, el Fiscal General, Mario Iguarán, jugó su papel a la perfección: declaró que la hermana de la ministra, Ana María Araújo, estaba también en la mira de sus agentes, por una presunta “desviación de recursos oficiales” hacia un grupo paramilitar[3]. Inexperta en querellas de ese género, la joven canciller se defendió mal y salió debilitada del encuentro. Algunos de su campo comienzan ahora a cuestionar su permanencia en el gobierno. En cuanto a su hermano, el senador Alvaro Araújo, rechazó la sulfurosa acusación y señaló a Gustavo Petro como el instigador de la campaña. Reveló que Petro es amigo de él cuando quiere los votos de la mayoría para obtener una posición en el Congreso y “enemigo para acusar sin fundamento y endilgarle presuntos delitos”.[4]
Erigiéndose contra esa violenta cruzada, uno de los mayores diarios del país, El Colombiano, preguntó en su editorial del 1 de diciembre: “Si los congresistas opositores tienen graves sindicaciones contra el presidente Uribe, ¿porqué no hacen denuncia formal ante la autoridad competente para que el Presidente pueda defenderse en una instancia seria?”. La misma presidenta del Senado, Dilian Francisca Toro, quien unas semanas atrás había propuesto invitar al vocero de las FARC a hablar ante el Congreso, hizo un llamado contra el confusionismo rampante: “Cuando uno es de una región donde están los jefes paramilitares no se puede ser ajeno a conocerlos. Pero que uno conozca a un jefe o a su familia no quiere decir que uno sea paramilitar”, explicó. No menos alarmado por los peligros de la estrategia de tensión, el sector privado, a través del patronato industrial, financiero y agropecuario, envió un mensaje de respaldo al jefe de Estado. “La defensa de la institucionalidad del Congreso la asume el sector privado sin vacilaciones”, dice el comunicado.
Algunos observadores[5] temen que la exacerbación de ese clima termine por afectar la economía del país. Pues algo similar ocurrió a finales de 1994. En esa época, la economía estaba boyante, crecía al 6 por ciento y reinaba el optimismo. Pero las acusaciones contra el presidente Ernesto Samper y el proceso 8.000 que siguió por el papel de los dineros del narcotráfico en la política, acabaron la fiesta. Hoy, de nuevo, la economía va bien, reina la confianza y el índice de favorabilidad de Uribe es excelente. Pero el asunto de la conexión entre paramilitares y política, si no se tramita respetando la presunción de inocencia y el debido proceso, podría crear una situación de caos y de receso económico.
Alvaro Uribe es el blanco de los odios de las FARC y de la extrema izquierda urbana porque él impulsa una línea de contención de la guerrilla que ha dado buenos resultados y porque, al mismo tiempo, avanza rápidamente en el desmantelamiento de las bandas paramilitares. A mediados de 2002, recién elegido presidente, Uribe propuso a la guerrilla y a los “paras” cesar toda acción armada como prerequisito para la negociación de paz. La mayor organización paramilitar, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aceptó esa idea y se embarcó en un cese al fuego el cual es respetado hasta hoy, aunque pequeños grupos “paras” hayan esquivado la desmovilización. La guerrilla, en cambio, rechazó ese plan y redobló sus ataques terroristas contra el jefe de Estado, las fuerzas armadas, la infraestructura económica, continuó la destrucción de pueblitos, el asesinato de alcaldes y de otros representantes elegidos del pueblo y la extorsión de la población en general.
El presidente Uribe ha rechazado siempre haber hecho “pactos” o haberse “reunido” con grupos paramilitares, acusación que sus adversarios blandían, inútilmente, desde antes de que él fuera elegido. La alegación rutinaria es que él tiene una hacienda en una zona del departamento de Córdoba donde los paramilitares eran fuertes.
Hoy en día la desmovilización y desarme de los paramilitares es un hecho. 31 000 de ellos entregaron las armas. Se trata de un proceso único en el mundo. De los citados, 19 son líderes, 42 son jefes medios y 2 695 están acusados de haber realizado atrocidades. Todos ellos están detenidos y esperan ser juzgados por tribunales especiales. Sólo cuatro de los más importantes jefes paramilitares, incluido Vicente Castaño, no han ingresado al programa. Contra ellos hay órdenes de captura en Colombia y en el extranjero[6]. El 27 de octubre Uribe reiteró su política de lucha frontal contra los paramilitares que no se hayan sometido a la justicia.
Todo ello es inaceptable para las FARC la cual se encuentra arrinconada por los militares[7] y se niega a adelantar la más mínima negociación con el gobierno. El llamado “acuerdo humanitario”, que consistiría en la liberación de 53 rehenes en poder de las FARC y la excarcelación de 500 guerrilleros, ha fracasado varias veces por la actitud negativa de éstas. El desprestigio de esa banda es inmenso.[8]
Desde luego, es posible que exista o que haya existido una presencia de paramilitares en el Congreso de la República. Si ello es cierto la justicia debe hacer su trabajo y el país debe conocer toda la verdad. Sin embargo, esa labor legítima del ente investigador (la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia) no debe ser interferida ni manipulada por el bando extremista con fines golpistas. En estos momentos, nueve congresistas han sido llamados por la Corte. La Fiscalía tiene previsto llamar a nueve ex parlamentarios. La Fiscalía asegura que sus nombres aparecieron en el computador de un paramilitar desmovilizado. Los cargos contra cuatro de ellos, gentes hoy sin curul en el Congreso, son bastante vagos: uno es acusado de “ser colaborador político” de paras, otro de “ser cercano” de otro para, otro de haberse “beneficiado de recursos” de los paras, otro es acusado de “tener un expediente en Estados Unidos”. Aunque “la recopilación de evidencia” no había concluído los nombres de los cuatro fueron dados a la prensa. Tales métodos irresponsables son criticados por muchos.
Otro rumor en boga dice que la cifra de “involucrados” superaría las cinco mil personas, y que en la lista habría 480 alcaldes, 1 200 concejales, 360 oficiales y suboficiales de la Policía, 720 oficiales y suboficiales del Ejército y 1 200 empresarios.
La amplitud de la tarea de la Fiscalía parece pues considerable. No obstante, ello no sería la máxima dificultad para una investigación equitable. Pues entre los acusados hay congresistas que entraron en contacto con paramilitares por razones encomiables y otros no. El periodista Juan Gómez Martínez resume así la situación: “Se ataca a unos parlamentarios por haber hecho presencia en los lugares donde estaban las autodefensas, hay que plantear qué se pretendía con esas visitas: unos hicieron presencia en las zonas de ese movimiento subversivo para buscar salidas negociadas, otros para buscar respaldo político de los integrantes de esos grupos por fuera de la ley, otros más para pagar y que los de las Auc movieran a los votantes, aún con amenazas, para conseguir el voto a su favor, otros por acciones humanitarias, otros para buscar financiación, etc. Unas visitas con intenciones buenas para el país, otras con torcidas intenciones políticas y personales. Lo cierto es que todos los que han participado en tales visitas deben decir la verdad y eso es lo que ha pedido el señor Presidente.”[9]
Alvaro Uribe, en efecto, declaró que respetará la decisión de la Corte Suprema de Justicia. “Serán los jueces de la República quienes, en su sabiduría, dirán quienes tuvieron relaciones coaccionados, quienes tuvieron que acudir a citas con un fusil en la nuca, quienes fueron a citas o a reuniones por razones humanitarias y quienes acudieron con el propósito de conformar grupos delincuenciales”.[10]
Distinguir entre una y otra motivación, entre un hecho y otro, es clave en estos momentos de clarificación. El problema reside en que el Fiscal General, Mario Iguarán, no parece reunir las condiciones de ecuanimidad para hacerlo. En septiembre pasado, Iguarán fué protagonista de un sórdido escándalo. El había permitido que un amigo suyo, un “mentalista” que ejercía sobre él notable influencia, tuviera acceso a información de extrema reserva de la Fiscalía, sin estar autorizado, pues Armando Martí, el gurú en cuestión, no era funcionario del organismo. Martí solía pasearse armado e hipnotizar a algunos investigadores para sonsacarles información. Martí hacía informes de inteligencia y ponía y cambiaba funcionarios. La periodista María Jimena Duzán, de El Tiempo, concluyó en esos días: “Estamos ante una Fiscalía que neutraliza las denuncias en la cúpula y que las negocia, como lo hace la mafia, haciendo pacto de no agresión entre unos y otros”.[11] Nunca se supo realmente quien era Martí, ni si detrás de él obraba una organización oculta, sectaria o política. No se sabe tampoco si Martí continúa sus contactos con Iguarán. El affaire fué arreglado a precio vil: con la salida del vicefiscal Jorge Otálora[12]. “Cometí un error, pido excusas al país, pero no pienso renunciar, fue, en resumen, la respuesta del Fiscal.
En ese mismo mes de septiembre, el Fiscal General se apresuró a acusar a dos militares como presuntos responsables de “falsos atentados terroristas” en Bogotá, para luego tener que admitir que “ni siquiera tenía indicios” contra ellos. En realidad, los dos militares, expertos en inteligencia, participaban en una frustrada operación el 31 de julio destinada a capturar a un miembro del estado mayor de las FARC[13]. La Fiscalía había dado la información a la prensa sin siquiera haber escuchado a los dos oficiales. El nuevo error de Iguarán suscitó toneladas de insultos al Ejército y relanzó, obviamente, la propaganda contra Colombia en el extranjero.
Los “moralizadores” de turno carecen de autoridad moral para dirigir la cruzada justiciera. El senador Gustavo Petro, muy activo en la caza de brujas, fué miembro de una de las organizaciones terroristas más mercenarias y sanguinarias que conociera el país, el M-19. Apoyado por La Habana, ese grupo terminó por firmar un acuerdo de paz con el gobierno en 1990 y la amnistía que benefició a sus militantes les permitió a algunos de ellos ocupar cargos oficiales y llegar al Congreso. Esos ex guerrilleros se oponen hoy a que la verdad se haga respecto de las guerrillas y de sus atrocidades, que duran desde los años 1950. Ellos se oponen a la política de seguridad democrática y obstaculizan todo esfuerzo para que la onda moralizadora alcance a los patrocinadores antiguos de las guerrillas, como del extinto M-19, y a los actuales orientadores y colaboradores discretos de las FARC y del ELN.
Una muestra de la incapacidad para hacer la luz sobre los crímenes cometidos por las bandas de extrema izquierda, es el informe reciente de la “Comisión de la Verdad”, integrada por tres ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que dijo haber investigado lo que pasó en el Palacio de Justicia de Bogotá, atacado y tomado por el M-19 en noviembre de 1985. En esa toma los atacantes, empleando armas suministradas por un país extranjero, mataron a dos vigilantes, a una ascensorista, a 11 militares y policías y a algunos magistrados-rehenes, e incendiaron los archivos de la Corte Suprema de Justicia cumpliendo órdenes de Pablo Escobar, jefe del Cartel de Medellín que les había financiado la sangrienta “operación”. Sin embargo, el presidente de la comisión tuvo que decir ante la prensa que su investigación no había ido lejos, que sólo había utilizado “relatos espontáneos” e “informes anteriores”. El admitió: en el sentido estricto de la palabra “no tenemos pruebas”. Hasta el día de hoy los únicos enjuiciados por esa atrocidad del M-19 en el Palacio de Justicia no son los atacantes sino algunos de los militares que intervinieron en el rescate de 245 rehenes y en la reconquista del edificio. El 15 de diciembre de 2005, el Fiscal Iguarán reabrió la investigación y al único que citó a comparacer como inculpado, por la presunta desaparición de once personas durante ese grave acto de guerra, es un coronel retirado, Edilberto Sánchez. Ningún miembro del M-19 ha sido vinculado a esa nueva investigación y desde ya se da por sentado que la organización subversiva no tuvo “nada que ver” con la desaparición de las once personas[14].
Nada es más sano que la justicia lleve hasta el final las investigaciones sobre los congresistas implicados en la conformación de grupos paramilitares. Pero ese proceso no puede ser unilateral. La justicia debe investigar igualmente la infiltración de las FARC en el Congreso y en los otros organismos del Estado. Pues esa infiltración existe. Algunos casos han sido comprobados en Bogotá, Medellín y Cúcuta, sin que la Fiscalía muestre gran celo en examinar el aspecto penal de la cosa. Las FARC disponen de una estructura clandestina, el llamado Partido Comunista Clandestino, o PC3, encargado de dirigir la guerra política y las infiltraciones en las empresas, en las universidades y en el aparato de Estado[15]. A los “moralizadores” actuales no les interesa ese tema. Para ellos el crimen es excusable si es cometido desde una perspectiva de izquierda. Ese maniqueismo es inadmisible.
Gustavo Petro quien pide cada semana la cabeza del ministro de Defensa y aspira a defenestrar al Presidente Uribe, elegido y reelegido democráticamente, dice querer inventar un “nuevo sistema electoral y de partidos”. Es más, para bloquear toda clarificación sobre lo que ocurre, sobre todo para hundir en el olvido el papel del M-19 en los hechos trágicos del Palacio de Justicia, el senador izquierdista ha propuesto alegremente al Presidente Uribe impulsar un “acuerdo nacional por la verdad” (que exceptuaría claro está la verdad sobre la subversión armada marxista) y endurecer la ley de Justicia y Paz con la cual serán juzgados los desmovilizados.
¿Quien saldrá vencedor de esta contienda? ¿La clarificación sobre el papel de las guerrillas y de sus adversarios los paramilitares en la larga historia de violencias del país se hará conjuntamente? ¿Imperará el negacionismo de la izquierda? Si éste se impone la obra de pacificación del país conocerá un nuevo revés. La responsabilidad del Congreso, de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía es, pues, inmensa. Estos organismos deben neutralizar a los manipuladores para poder jugar el papel que la democracia colombiana espera de ellos.
Eduardo Mackenzie. Periodista, última obra publicada: Les FARC où l’échec d’un communisme de combat. Colombie 1925-2005.
Notas:
- Ver sus declaraciones al órgano comunista Voz Proletaria del 14-27 de octubre de 1998.
- Diario El Tiempo, Bogotá, 30 de noviembre de 2006.
- Javier Baena, Associated Press-Bogota, 1 de diciembre de 2006.
- La familia Araújo ha sufrido durante años la persecución tenaz de las FARC. El 24 de septiembre de 2001, Consuelo Araújo de Noguera, ex ministra de la Cultura, fué asesinada por las FARC, cinco días después de haber sido secuestrada por ellos. En agosto de 1993, su hijo, Rodolfo Molina Araújo, había sido secuestrado por las FARC. El 9 de noviembre de 2001, Mireya Mejía, consejera de paz del departamento del César y nieta de Consuelo, fué secuestrada por las FARC. La campaña actual de oprobio contra la familia Araújo es sin duda la continuación de esos eventos pasados.
- Ver el artículo de Armando Montenegro en El Colombiano del 4 de diciembre de 2006.
- The New York Times, 17 de agosto de 2006; El País, Cali, 18 de agosto de 2006.
- Ello no quiere decir que han perdido su capacidad para hacer daño. El 1 de diciembre pasado, las FARC emboscaron en el departamento de Santander, no lejos de la frontera con Venezuela, una patrulla del Ejército colombiano. Dos suboficiales y 15 soldados murieron y cuatro otros fueron heridos.
- Según una encuesta de Invamer-Gallup, publicada por la revista Semana, de Bogotá, a comienzos de noviembre de 2006, el índice de favorabilidad de las Fuerzas Armadas es del 71% mientras que ese índice, respecto de las Farc, es del 3%.
- Juan Gómez Martínez, director de El Colombiano, Medellín, 4 de diciembre de 2006.
- El País, Cali, Colprensa, 1 de diciembre de 2006.
- El Tiempo, 18 de septiembre de 2006.
- Andrés Peñate, revista Semana, Bogotá, 1 de diciembre de 2006.
- El Tiempo, Bogotá, 9, 12 y 14 de septiembre de 2006; The New York Times, 11 de septiembre de 2006; Colprensa, 11 de septiembre de 2006; El País, Cali, 23 de noviembre de 2006.
- El Tiempo, Bogotá, 23 de agosto de 2006; G. Guillén, El Nuevo Herald, Miami, 24 de agosto de 2006 y El Colombiano, Medellín, 24 de agosto de 2006.
- El Tiempo, Bogotá, 12 de agosto de 2006. Ver también el artículo de Alvaro Valencia Tovar en El Tiempo, Bogota, del 18 de agosto de 2006.