Los primeros días de la pandemia asistimos atónitos al cierre del mundo. Tras la sorpresa vino la incredulidad, la desolación, la imagen de las ciudades desiertas, frías y sin vida. Tras esa sensación de colapso universal comenzamos primero a temblar, después a vibrar, a volvernos a sentir más humanos que nunca en nuestra fragilidad, en nuestro desamparo por la ausencia de acompañamiento corporal, pero también en nuestra capacidad de lucha, en nuestra creatividad y vocación asistenciales, en nuestro progreso científico y técnico puesto en tensión contra un mal común: el dichoso coronavirus.
Todo este proceso demoledor y creativo al tiempo ha puesto en evidencia que los resortes de nuestro estado de derecho/los estados de derecho (no sólo el nuestro) no salen muy bien parados. Estados atragantados en marañas organizativas y competenciales , en estructuras territoriales poco dinámicas y versátiles, anquilosadas, que lejos de garantizar canales y vías de encuentro constructivo entre la sociedad civil y los poderes públicos parecen no poder (el no querer lo dejamos para otro momento) reaccionar con la celeridad y la eficacia que se les presume, ni tampoco poder delegar (el no querer también lo dejamos para otro momento) en aquellos que pudieran ostentar los medios y la capacidad logística y de reacción para idear e implementar un plan de ataque contra la pandemia.
En este momento que nos está tocando vivir se hace imprescindible la articulación de mecanismos de participación ciudadana que restauren los vínculos democráticos tan profundamente lacerados. Insertando en el proceso de toma de decisiones públicas a todos los actores implicados. Esta tarea, este compromiso político multidireccional, requiere en primer lugar información y transparencia al ciudadano de a pie, al experto en la materia, al empresario comprometido. Tras ella se hace necesaria una auténtica escucha participativa que permita a los poderes públicos tomar las decisiones públicas y a la sociedad civil corresponsabilizarse de ellas en la medida en que se les ha hecho partícipe del proceso decisional. Asumiendo y viviendo así la democracia de un modo más pleno.
Participando podremos avanzar en la senda del llamado Buen Gobierno, que puede ser implementado de forma muy práctica. Desde una propuesta normativa, partiendo del análisis de su necesidad e idoneidad (un control previo de oportunidad). Se trata de evitar/prevenir la judicialización constante y extenuante de los conflictos que resuelven problemas de legalidad pero no debaten el origen de las disputas. ¿Era necesaria esa medida? ¿Por qué ha generado tantos conflictos? ¿Será porque partía de una imposición voluntarista, de una asunción, por no decir abuso, excesiva del principio de soberanía por parte de los poderes públicos? Todos tenemos ejemplos de este tipo en la cabeza y en el corazón.
Para ello es necesario (además de la voluntad política de la que no hablaremos hoy) un esfuerzo cultural. Hay que formarse para saber participar, conocer las reglas de juego para saber jugar. Se requiere también de un impulso normativo y procedimental que dé cabida a todos los actores implicados en los procesos de toma de decisiones no ya desde su origen mismo sino desde su propia concepción e iniciativa. No hay que inventar nada nuevo, nuestro ordenamiento jurídico ofrece herramientas y técnicas que garantizan la iniciativa ciudadana, la participación, la cooperación, la concertación y la delegación de funciones públicas. Pero es preciso, hoy más que nunca, una implicación continuada antes, durante y después del proceso de toma de decisiones. No caben paracaidistas participatorios/participativos, ni públicos, ni privados.
En este proceso la Universidad y sus profesores e investigadores jugamos un papel clave. Debemos ser auténticos catalizadores de esta visión transversal -bajo el paraguas de los ODS que todo lo acogen- y constructiva de la participación ciudadana. Debemos, desde nuestra labor como docentes, formar expertos que den luz, objetividad, técnica, razón, principios éticos que nos ayuden a decidir. Pero también debemos ser capaces de salir al encuentro de la sociedad, enharinarnos y saber divulgar, sintetizar, para formar ciudadanos responsables, críticos, comprometidos con la realidad. La esperanza, la visión compartida y el compromiso individual y personal conforman un modelo participativo eficaz en sociedades democráticas en la que todos tenemos derechos.
De esta manera la participación ciudadana no será un placebo anestesiante (del que hasta las más voluntariosas asociaciones terminan hastiadas y desgastadas), sino un vehículo y un lugar de encuentro fructífero entre personas e instituciones públicas y privadas.
Marta Lora-Tamayo Vallvé es catedrática de Derecho Administrativo de la UNED y coordinadora de la Comunidad de Buenas Prácticas – Participatory Group del Ayuntamiento de Madrid.