Participación y legitimidad en el Chile de Bachelet

“En este tiempo Chile se ha mirado sí mismo, ha mirado de frente su trayectoria, su pasado reciente, sus heridas, sus gestas, sus tareas pendientes y este Chile ha decidido que es momento de iniciar transformaciones de fondo”.
Michelle Bachelet, después de ganar las elecciones chilenas el último 15 de diciembre

Hace un par de años, Chile reformó su sistema de registro e instauró el mecanismo de voto voluntario para todas las elecciones populares. La reforma pretendía dinamizar la democracia en un país donde las instituciones han sido objeto de múltiples críticas por parte de los ciudadanos. El pasado domingo tuvo lugar la segunda vuelta de la primera elección presidencial bajo esta nueva modalidad. Los resultados están a la vista: la abstención se multiplicó a tal punto, que la candidata electa, la socialista Michelle Bachelet, será la presidente en ejercicio con el menor respaldo ciudadano en todo el continente americano.

Los presidentes de la región son electos, en promedio, con el 40% de votos de la población adulta. Es el caso de Humala, Kirchner y Correa. Candidatos popularísimos, como fueron Rouseff y Mujica, estuvieron más cerca del 50%. Otros igualmente conocidos, pero provenientes de países con baja participación histórica, como Obama y Santos, fueron elegidos con apenas un 30. El reciente 26% de Michelle Bachelet en Chile —el 62% de votos de un total de 42% de participación— es, entonces, una novedad continental. No es mera modernidad, es rareza.

Esta magra cifra ha detonado en Chile un debate sobre los efectos del ausentismo sobre la legitimidad democrática. Para algunos, esta se asegura por el mero cumplimiento de las reglas del juego democrático. ¿Es apropiado afirmar que la legitimidad no es un asunto de participación, sino de reglas?

No, no lo es, salvo que confundamos legitimidad con legalidad. Según la definición clásica de Lipset, la legitimidad democrática es “la capacidad del sistema político de engendrar y mantener la creencia de que las instituciones políticas existentes son las más apropiadas para la sociedad”. Es decir, no se trata de cumplir las reglas, sino de preferir dichas reglas. La legitimidad es medible de manera directa —por medio de preguntas en encuestas sobre valoración de nuestra democracia, del sistema de partidos y nuestras instituciones—, pero además incide y es influida por los modos de participación política.

Durante los últimos años, Chile ha experimentado un doble proceso en el que la participación política institucional —elecciones, participación en partidos políticos— ha disminuido, mientras la participación no institucional —desde redes sociales a protesta— ha mostrado un aumento sostenido. Estos dos movimientos simultáneos sugieren que el país americano no enfrenta simplemente un proceso de despolitización o apatía política, sino que una fracción importante de sus ciudadanos prefiere canalizar su participación por vías no institucionales. De hecho, el movimiento social chileno ha sido explícito en su crítica a las instituciones, tildando el sistema político de “poco representativo” y llamando a “cambiar las reglas del juego”.

En este contexto, el 26% de Bachelet sí dice algo, más bien confirma algo, sobre la legitimidad de la democracia en Chile. La reciente abstención es consistente con una serie de otras mediciones que muestran una visión muy negativa entre los ciudadanos chilenos respecto a sus instituciones, todas cifras que apuntan, de manera objetiva, a una crisis de legitimidad política.

Pero entonces, ¿es poco legítimo el futuro gobierno de Bachelet, dada su baja adhesión en el total de la población?

De ninguna manera: la legitimidad democrática está referida al apoyo de los ciudadanos al sistema político, y no a las preferencias específicas a una determinada administración. De hecho, el actual presidente Sebastián Piñera fue electo con menos del treinta por ciento de los sufragios de los chilenos adultos, lo cual ya era anormalmente bajo en el ámbito internacional. Más aún, Piñera obtuvo menos votos que Aylwin, el primer presidente electo después de la dictadura a comienzos de los 90s, a pesar de que la población en edad de votar había aumentado en más de cuatro millones de ciudadanos.

La crítica a la elección de Bachelet en términos de ausentismo conlleva una crítica a todos quienes han sido electos en Chile durante la última década. Tal generalidad es exagerada, salvo que consideremos la falta de legitimidad como algo más general y de largo plazo, relacionado con las reglas, más que con los actores políticos.

Y es en esta dimensión que se debe evaluar la importancia del triunfo de Bachelet en Chile. La singular abstención electoral de los chilenos está asociada a una falta de legitimidad de su sistema de representación, pero esto sólo reafirma la urgencia de consolidar el momento constitucional que vive el país e impulsar una sustantiva reforma que modernice sus instituciones. Esta reforma es, de hecho, la columna vertebral del programa de Michelle Bachelet, quien se ha comprometido a modificar la Constitución autoritaria impuesta por la dictadura de Pinochet y que ha regido el país desde entonces.

Alejandro Corvalan es licenciado en física y economista, PhD en Economía en la Universidad de Nueva York (NYU). profesor de Economía Política.en la Universidad Diego Portales (Chile).

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