Analizadas con detenimiento, la batería de pretendidas reformas anunciadas por el ministro de Justicia traen a la memoria la imagen del eterno retorno: los mismos acontecimientos de hace 30 años se volverán a repetir en el mismo orden, tal cual ocurrieron, sin ninguna posibilidad de variación.
El discurso de Ruiz-Gallardón traslada la fatalidad de lo inevitable. Aunque aparecía como un político con aires de gran reformista, en el fondo y en las formas no ha pretendido sino devolver a la justicia de este país al escenario y situación anterior a 1982. Los proyectos de referencia son, en realidad, meras disposiciones derogatorias de lo legislado en los últimos 30 años. No es la modernización de la justicia sino la deconstrucción.
Los ecos del aumento de las penas y la sombra de la cadena perpetua, la imposición de nuevas tasas para litigar y recurrir, la capitidisminución de las mujeres menores de 18 años que quieran abortar —tendrán que recabar necesariamente el consentimiento paterno—, la vuelta al modelo de designación de vocales del Consejo General del Poder Judicial por elección directa de los propios jueces... Todas estas medidas nos devuelven a todos a un modelo de administración de justicia y a un régimen de derechos y libertades anclado en albores de la España constitucional; un retroceso que no tiene ningún sentido.
Es una pena porque el Partido Popular y, concretamente, el nuevo ministro de Justicia gozaban de una oportunidad única para modernizar de modo efectivo la justicia española y superar la crisis institucional que ha colocado a la justicia de este pais en las cotas más bajas de credibilidad y prestigio. Un partido con mayorías absolutas en las Cortes, en los parlamentos autonómicos y en los ayuntamientos podría impulsar un proceso de regeneración de la democracia y de sus órganos con absoluta legitimidad. En otros países de nuestro entorno han sido los partidos conservadores los que han asumido la bandera del reformismo.
Es una pena porque quedaron pendientes proyectos consensuados en la anterior legislatura destinados a la creación de tribunales de instancia que permitirían la ampliación de la planta judicial sin el coste de tener que crear y dotar nuevos juzgados, que incrementarían la seguridad jurídica en muchas resoluciones y garantízarían una coordinación efectiva entre los jueces de una misma ciudad y orden jurisdicional que actualmente es imposible. También parece que se haya renunciado a los proyectos de informatización integral e inteligente de los expedientes judiciales, la unificación de programas de gestión de la información ahora sometidos a las particularidades de cada comunidad autónoma. También, a un procedimiento penal de nuevo cuño que evite el desorden de la fase de instrucción y el quebranto de las mínimas garantías en muchos procedimientos como consecuencia de la aplicación de una ley decimonónica.
Es una pena porque la mayoría absoluta no se convierte en la razón absoluta ni ha de servir como una forzada máquina del tiempo que entierre incluso el legado de las dos legislaturas del PP en el Gobierno. No puede olvidarse que el Pacto de Estado por la justicia se firmó con mayoría absoluta del PP con la intención de dar una salida definitiva al cuestionamiento de los posibles sistemas de elección de los vocales del CGPJ.
Cuando se lee que el posible motor de la regeneración del poder judicial pasa por volver a un modelo de hace más de treinta años se olvida que dicho modelo no garantizó un poder judicial verdaderamente independiente en su momento y que el Consejo no es ni debe ser el órgano de representación de la judicatura, sino del poder judicial como poder del estado.
Ciertamente, en otros países los órganos de gobierno de la justicia son elegidos parcial pero directamente por los jueces, aunque en esos paises las competencias de los consejos son muy inferiores a las del Consejo español que ha ido incorporando durante estos años competencias superiores incluso a las que antaño tenía el Ministerio de Justicia, hasta el punto de que en algún momento se ha planteado la supresión de dicho ministerio.
La elección de un 60% de los vocales directamente por los jueces llegaría a convertir el Consejo en algo distinto de lo que debe ser un pilar del Estado de Derecho. Los jueces deben ser absolutamente indepdendientes a la hora de resolver los conflictos jurídicos, pero en el reflejo organizativo y funcional de la actividad de los juzgados, en su incidencia como servicio público es obvio que debe existir un mayor control de la justicia, deben mejorarse los mecanismos de dación de cuentas del consejo y de sus vocales a las cortes y a los parlamentos para abordar las disfunciones, los retrasos injustificados, la falta de motivación de algunas resoluciones.
La llamada politización de la justicia no se evita por medio de un sistema de elección directa por los propios jueces, la politización se evita articulando mecanismos de control y responsablidad efectivos, exigiendo que el consejo y sus vocales presenten en el parlamento los proyectos y programas en base a los cuales van a gestionar sus presupuestos. El Consejo tiene competencias en la formación de los jueces, en el desarrollo de su carrera profesional, en los nombramientos, en el régimen disciplinario, en el rendimiento ... Todas estas cuestiones es obvio que no afectan solo a los jueces sino a la calidad de la justicia, por lo tanto afectan a todos los ciudadanos y los ciudadanos hoy por hoy no pueden elegir directamente a los vocales del consejo, pero sí a los diputados y senadores.
Diariamente la prensa demuestra que la justicia no es una cuestión que ataña fundamentalemente a los jueces, los conflictos en los que se ve envuelto el CGPJ y los principales órganos judiciales del país mediatizan aspectos fundamentales de la realidad económica, política y social del país, tienen incluso repercusión internacional, de ahí que sea imprescindible garantizar que el órgano de gobierno del poder judicial no queda sometido a las tensiones de la carrera judicial, al corporativismo más rancio. La vuelta a la elección directa de un 60% de los vocales por los propios jueces convertiría al consejo en una institución distinta de la que diseñó la Constitución, sin la certeza de que ese cambio mejorara las muchas disfunciones advertidas hasta ahora.
En definitiva se debería evitar que la anunciada reforma de la LOPJ y el resto de medidas no sean sino el regreso a un pasado tenebroso.
José María Fernández Seijo es magistrado