Patriotismo energético v.s. políticas nacionales legítimas

Por Leigh Hancher., catedrática de Derecho europeo en la Universidad de Tilburg, Países Bajos (ABC, 12/06/06):

EL Libro Verde de la Energía de la Comisión Europea, publicado el pasado 8 de marzo, ha suscitado un intenso debate en las capitales europeas. Para muchos observadores y críticos, el punto clave está en si es posible compaginar el cumplimiento de los principales objetivos que ha fijado la Comisión para el mercado energético comunitario: seguridad de abastecimiento, competitividad dentro y entre todos los mercados europeos y, por supuesto, una producción y uso de la energía respetuosos con el medio ambiente. Sin embargo, como destaca con frecuencia el comisario Pielbags, sería erróneo considerar todas estas metas en términos absolutos; es necesario adoptar un planteamiento equilibrado y matizado para lograr que funcione la estrategia que ha propuesto la Comisión.

De modo similar, es necesario adoptar un planteamiento equilibrado para el también polémico debate que ha surgido en relación con el llamado «patriotismo económico», es decir, las ventajas y los inconvenientes de los intentos nacionales por asegurarse de que sus compañías energéticas no van a ser adquiridas en su totalidad por empresas extranjeras. En primer lugar, ni que decir tiene que estas compañías operan en numerosos mercados nacionales, tanto dentro como fuera de Europa. Tales empresas no se mueven actualmente ni lo harán en el futuro sólo por intereses económicos o políticos de índole puramente nacional. Los sectores del petróleo, el gas y la electricidad son ahora realmente «globales». Las estrategias gubernamentales dirigidas a examinar hasta qué punto existe participación «extranjera» o de estados no miembros en su sector energético no van a invertir esta tendencia, ni tampoco será ésta su verdadera intención. Sean cuales sean los propietarios o la composición de las principales entidades del sector, los mercados energéticos seguirán avanzando hacia una mayor integración, ya que entre los intereses comerciales de las propias compañías figura el seguir en esta línea. Así pues, ¿qué sentido tiene para los gobiernos nacionales tratar de influir sobre las tendencias en cuanto a la propiedad de las compañías energéticas?

De nuevo, es necesario adoptar un planteamiento más matizado o equilibrado para evaluar las reacciones de ciertos gobiernos ante la oleada de fusiones y adquisiciones que se ha desatado en los mercados energéticos europeos durante los últimos meses. Sería erróneo considerar todas y cada una de las respuestas nacionales ante esta oleada de grandes adquisiciones como un simple caso de patriotismo económico o como una reacción proteccionista anticuada y desfasada ante la globalización. Es necesario buscar un enfoque más equilibrado para determinar hasta qué punto los mercados energéticos nacionales están ya plenamente abiertos a la competencia y, por tanto, a la actividad extranjera, ya sea por sus importaciones, por la presencia de entidades extranjeras o por ambos factores a la vez. La respuesta del gobierno francés ante el supuesto interés de ENEL hacia Gas de France, por ejemplo, no puede compararse con las de los gobiernos italiano o español ante el problema de la propiedad del sector energético. Las políticas nacionales encaminadas a lograr los objetivos de seguridad de abastecimiento a largo plazo deben contemplarse en un contexto adecuado, es decir, el de los niveles actuales (y futuros) de competencia en el sector energético. Si el mercado nacional de electricidad y de gas funciona ya de forma competitiva, no hay muchos motivos para temer que se produzcan importantes retrocesos en el grado de competitividad o en la integración de mercados si un gobierno nacional trata de protegerse con las medidas necesarias para impedir una OPA o una adquisición importante por parte de compañías extranjeras sobre cuyos gestores carece por completo de control o de influencia.

Del mismo modo, los principales actores que intervienen en estos mercados comerciales maduros seguirán tratando de aprovechar las ventajas de la integración de mercados a través de diversos tipos de estrategias y alianzas comerciales. De hecho, deberían estar en una situación óptima para ello. Es muy poco probable que se vayan a cerrar las fronteras nacionales a las importaciones. Lo que adquiere una mayor relevancia para los mercados energéticos europeos, empero, es garantizar que se mantiene sobre el terreno un número suficiente de actores importantes con diversos intereses para mantener un juego competitivo saludable en Europa. Condenar todos y cada uno de los intentos nacionales de controlar las actividades de apropiación (o la penetración de capital extranjero en el sector energético nacional) como si se tratase de un patriotismo económico egoísta es quizá una perspectiva corta de miras. Para obtener una visión más equilibrada es necesario contemplar las cosas a más largo plazo.

Por último, no debemos olvidar que a la hora de aplicar los principios de la legislación europea sobre el libre movimiento de capitales a los mecanismos de las «acciones de oro» y otras medidas similares que utilizan los gobiernos para controlar o influir en la estructura de la propiedad de las empresas, el Tribunal Europeo de Justicia ha adoptado también una posición equilibrada. El principio del libre movimiento de capitales, que permite a los inversores acceder a nuevos mercados sin obstáculos ni restricciones, constituye un principio fundamental del Derecho Comunitario. Sin embargo, no tiene carácter absoluto. El Tribunal ha reconocido que los estados miembros pueden perseguir legítimamente sus objetivos en cuanto a gestión pública, incluidas la seguridad y la diversidad de las políticas de abastecimiento. Estas medidas, no obstante, deben ser necesarias y proporcionadas con respecto al objetivo de gestión pública que los gobiernos nacionales traten de conseguir. A este respecto, el Tribunal también ha intentado compaginar los intereses de los inversores o de los accionistas extranjeros con los objetivos políticos nacionales, asegurándose de que los gobiernos adopten una legislación justa y transparente ex ante sobre los aspectos relacionados con la propiedad, una legislación que sea suficientemente predecible para permitir a los inversores implantar plenamente sus estrategias comerciales y buscar sus propios intereses sabiendo que ciertos objetivos de la gestión pública pueden ser prioritarios. Los gobiernos deben asegurarse de que las políticas dirigidas a proteger las estructuras del mercado competitivo deben llevarse a cabo de una forma transparente y predecible. Condenar todas estas iniciativas políticas como un simple «patriotismo económico» sería una actitud miope y a corto plazo.