Francisco Bustelo, un intelectual respetable, militante histórico del PSOE y defensor de lo que llamó el socialismo marxista democrático (todo un oxímoron), alertó en los comienzos de la Transición política respecto a los peligros ambientales que acechaban a su partido. Acérrimo crítico de la socialdemocracia, no dejó sin embargo de reconocer que la política socialista de la época se encontraba “inmersa en un universo contradictorio, sometido a grandes tensiones, donde los errores pueden resultar gravísimos”. Incurrir en ellos, entusiasmarse demasiado con los objetivos y desconocer la fuerza del adversario y los condicionamientos internacionales, supondría, según él, cometer “un pecado de leso socialismo”. La templanza y la astucia de Felipe González lograron construir, años después de semejante advertencia, un movimiento socialdemócrata en torno al PSOE que perduró durante décadas y contribuyó a extender el liderazgo de la socialdemocracia en Europa. Amigo y discípulo de grandes dirigentes históricos de la izquierda continental, como Willy Brandt y Olof Palme, convirtió al Partido Socialista Obrero Español en el más sólido cimiento de la naciente democracia española, y un contribuyente de excepción a la construcción europea. Hasta que las políticas erráticas de Rodríguez Zapatero comenzaron a desarbolarlo.
Aunque en circunstancias diferentes, el socialismo hispano se encuentra ahora de nuevo ante una encrucijada histórica. El deterioro de la democracia representativa y la mediocridad que exhiben tantos dirigentes políticos está conduciendo en muchos países a lo que ya se conoce como democracia iliberal. Es esta una especie de democracia híbrida o líquida, que mantiene las apariencias en tanto en cuanto se basa en la celebración de elecciones, pero desvirtúa valores esenciales a la democracia misma, como la independencia de los poderes, la libertad de expresión, el respeto a los derechos de las minorías y cuestiones semejantes. En esa senda, las democracias iliberales se deslizan culpable y peligrosamente a convertirse en autocracias, que son el umbral de las dictaduras. Los ejemplos de Putin y Erdogan resultan evidentes y casi epónimos, pero también en entornos indudablemente democráticos como la Unión Europea se contemplan fenómenos similares. Cuestión más que preocupante porque la democracia iliberal es en definitiva una democracia no democrática.
La extensión de la pandemia y el pasmo oficial a la hora de combatirla han potenciado esas tendencias, que enlazan con el culto a la personalidad de gobernantes de discutible carisma. Es lógico por eso que un Gabinete con escuálidos apoyos parlamentarios como el español se rinda a la tentación de convertir su debilidad en virtud, y ceda aquí y allá competencias y reconocimientos que le permitan mantenerse en el poder. Pero en ese ejercicio de diálogo y compromiso cualquier buen negociador sabe que no todo le es permitido si quiere ser fiel a sus promesas, en defensa del interés general y de la lealtad que debe a quienes le eligieron en las urnas. Existen determinadas líneas rojas que no puede ni debe traspasar. De hacerlo estará condenando al fracaso a su propio proyecto.
Viene esto a cuento de los pecados de leso socialismo democrático a cuya tentación parece haberse rendido el Gobierno. En tiempos recientes hemos sido testigos de repetidas agresiones por su parte a valores que afectan a derechos y libertades de la ciudadanía. Con ello se beneficiará en el corto plazo el partido socialista, dada la aritmética parlamentaria, pero su músculo moral se verá seriamente debilitado. Las tentaciones que agitan al alma cándida del Gobierno se encarnan en sendos proyectos o anteproyectos de ley que pretende impulsar a fin de afianzar su poder o a cambio de los apoyos necesarios para aprobar los Presupuestos del Estado.
El primero fue el intento de cambiar el sistema de elección de magistrados para el Consejo General del Poder Judicial. A fin de hacer frente al bloqueo del PP, que desdice igualmente de su respeto a los valores constitucionales, el Gobierno propone (y que yo sepa todavía no lo acaba de retirar) un sistema de selección que amenaza seriamente a la independencia judicial, en la línea que la democracia iliberal polaca encabeza. Después llegó el anuncio de que pretende luchar contra las falsedades en las redes sociales a base de que funcionarios de la seguridad nacional y la Secretaría de Comunicación, prensa y propaganda de la presidencia, coarten, limiten, denuncien y persigan las noticias que ellos mismos establezcan como fake news. En una palabra: censuren. Nada nuevo sobre el suelo. Los principales enemigos de la libertad de expresión en las democracias liberales son los Gobiernos, cualquiera que sea su tendencia o filiación.
Los dos casos citados encierran una secreta ambición, tan comprensiblemente humana como contraria al espíritu y la letra de la Constitución: premiar a los afines y castigar a los díscolos. También en ambas circunstancias se atribuyeron falazmente las decisiones a demandas e instancias de la Unión Europea. Pero en realidad solo responden a una enfermiza ambición de poder que, en vez de saciarse, se multiplica cuando ya se tiene.
La tercera de las tentaciones se encarna en la admisión de la enmienda a la ley de educación que permite a las comunidades autonómicas eliminar la lengua oficial del Estado como vehicular en las aulas de enseñanza. Toda una agresión contra la igualdad de los ciudadanos y su derecho constitucional a educarse en su idioma materno. Además, se lleva a cabo en una nueva reforma educativa exprés para la que, emulando a lo que hizo en su día la derechona, ni siquiera se ha intentado el consenso con la oposición. Por si fuera poco se abre así la puerta a la discriminación y segregación lingüística, y no solo en Cataluña. Esperemos que la Real Academia y el Instituto Cervantes, dos insignes instituciones dedicadas a la defensa y promoción del español, el activo cultural más importante de nuestro país y de muchos otros en América, expresen su repulsa al significado y consecuencias de esta lamentable enmienda legislativa. Se trata de una auténtica bajada de pantalones frente a la presión de Esquerra Republicana, solo comparable al blanqueamiento del historial de colaboración con el terrorismo de los líderes de Bildu.
Por último, merece la pena reseñar dos pecados de omisión en los que el socialismo vigente incurre de forma reiterada. Uno, cuando no es capaz de eliminar de su Gabinete a ministros que empañan el prestigio interno e internacional del propio Gobierno. No otra cosa hacen cuando incluso en los viajes oficiales, en los que representan al Estado, se permiten proferir soflamas contra la Jefatura del mismo. El otro, la falta de humildad, transparencia y reconocimiento de errores que ni siquiera permiten investigar, en la lucha contra la pandemia, de la que el presidente acabó por desentenderse para endilgarla a las comunidades autónomas.
Criticamos a los dirigentes republicanos de Estados Unidos su sumisión a las intemperancias, chorradas y comportamientos que denotan un talante iliberal de Donald Trump. Por lo mismo los dirigentes y militantes socialistas, y sobre todo sus electores, no deberían pasar por alto estas derivas antidemocráticas del Gobierno de Sánchez. Bustelo señalaba hace ya más de cuarenta años que todo partido socialista en el poder se encuentra siempre “en difícil equilibrio entre hacer demasiado y hacer demasiado poco”. Da la impresión de que el partido de Pedro Sánchez, dolorosamente jibarizado en sus opciones electorales, está haciendo demasiado en cuestiones que debilitan a nuestra democracia y demasiado poco en la defensa de las instituciones que la encarnan. Hay quien dice que todo se debe a su apego a la poltrona, aunque todavía está a tiempo de demostrar que no es así. De lo contrario, y por más protestas que haga de progresismo, este socialismo de madriguera, incapaz de dar la cara a los grandes temas que le competen, no hará sino alimentar a la España de la caverna.
Juan Luis Cebrián