En los poco más de diez meses que lleva de gobierno, el presidente peruano Pedro Castillo ha dado solo cinco entrevistas. Tres a periodistas peruanos y dos a extranjeros. De estas, la que más ruido generó fue la que concedió al mexicano Fernando del Rincón, de CNN en Español, a finales de enero de 2022.
Ahí, sentado ante las cámaras en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, Castillo quedó exhibido a escala continental como un presidente dubitativo, incapaz de articular un discurso coherente, sin respuestas para las preguntas más obvias ni, mucho menos, para los múltiples cuestionamientos que ya empezaban a cercar su gobierno. Tal fue el desastre que posteriormente utilizó una entrevista a un desconocido medio peruano para disculparse por alguno de sus comentarios ante Del Rincón.
Pese a lo que buena parte de los peruanos recuerda, la de CNN en Español no fue la última entrevista concedida por el presidente. Ni siquiera la última a un medio extranjero.
El 19 de febrero pasado, Castillo dio una entrevista al economista y consultor político español Alfredo Serrano Mancilla para su canal de YouTube, La Pizarra. Serrano es director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, un think tank de izquierda en cuyo consejo consultivo se sientan, entre otros, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa; la actual secretaria general de Gobierno de Chile, Camila Vallejo, y uno de los fundadores del partido español Podemos, Juan Carlos Monedero.
Durante su conversación, Serrano lo sometió a preguntas tan incisivas como esta: “¿Cómo era Pedro Castillo de pequeño? ¿Era estudioso, era rebelde, era travieso, era valiente?”. En esa charla se puede ver a un Castillo cómodo, reilón, que comparte anécdotas familiares y sonrisas cómplices con su interlocutor.
Tres días después, el 22, el presidente dejó de contestar preguntas a la prensa. En su última declaración ante un micrófono, Castillo pidió disculpas. Esta vez, por una salida de tono ocurrida el día anterior. El 21, a la pregunta de un reportero acerca de las contradicciones en que había incurrido en unas declaraciones a la Fiscalía, respondió meneando la cabeza y con evidente fastidio: “Esta prensa es un chiste”. A partir de ahí, el silencio: más de 100 días sin contestar a los medios. A Castillo, parece, con ese chiste se le acabó el sentido del humor.
De ahí en adelante, la espiral de impopularidad y desgobierno de su presidencia solo se ha acelerado. La desaprobación del presidente, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, se encuentra en su punto más alto: 70%. Del 29 de julio a la fecha, el Poder Ejecutivo liderado por Castillo ha rotado 56 ministros y ministras (incluidos cuatro presidentes del Consejo de Ministros), en promedio un cambio cada seis días. Dos de los ministerios que más titulares han visto pasar son Salud (tres) y Desarrollo Agrario (cinco). Esto, en medio de una pandemia y ante las puertas de una crisis global de alimentos.
A ese desgobierno se suman varios escándalos de presunta corrupción que han ido cercando al presidente y sus allegados. El último y más grave, se desató por la transcripción de un audio en posesión de la Fiscalía, donde un empresario cercano al gobierno y ahora aspirante a colaborador eficaz le dice al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, que tiene “100 grandes” (presumiblemente 100,000 soles, unos 26,000 dólares, según cree la fiscal que investiga el caso) para él.
Silva no era un ministro cualquiera. Ante los constantes cambios en otras carteras y pese a múltiples cuestionamientos y acusaciones, integró el gabinete ministerial desde el día uno, sobrevivió a cuatro premieres y dos intentos de censura. De forma inexplicable, al menos hasta ahora, Castillo siempre sacó la cara por él.
Su renuncia llegó recién en febrero, cuando el Congreso finalmente se puso de acuerdo para censurarlo en un tercer intento. Poco después de que otra colaboradora eficaz declarara a la Fiscalía que Silva formaba parte de “una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, que incluía también al presidente. Castillo de nuevo guardó silencio ante los medios. Desde febrero hasta hoy, hablan por él —y el presidente no parece ser consciente de lo que esto significa en términos de credibilidad e imagen— únicamente sus abogados.
Ante las nuevas acusaciones y pruebas contra Silva, quien se encuentra ahora prófugo, Castillo ha optado por la misma estrategia. Esto pese a que, de forma inédita, el fiscal ha dispuesto abrir una “investigación preliminar” contra él. Mientras Castillo sigue mudo, uno de sus abogados se pasea por los medios, a la par que presenta recursos para intentar detener las pesquisas fiscales. Todo esto, por cierto, mientras se encuentra a sueldo del Estado peruano.
La Fiscalía, por su lado, ha redoblado la apuesta y ha citado a Castillo a declarar el lunes 13 de junio. El presidente está haciendo todo lo posible para dilatar la cita. Su abogado ya señaló que “están evaluando” pedir que se reprograme.
Como tantos otros periodistas, durante meses he solicitado entrevistar al presidente. He intercambiado mensajes con distintos miembros de su equipo de comunicación e, incluso, de cara a esta columna, he preguntado directamente si existe alguna respuesta oficial para explicar el silencio periodístico de Castillo. La respuesta, como era de esperar, ha sido más silencio.
Además de la proverbial dificultad del presidente para explicarse en público, razón por la cual ha limitado los encuentros con periodistas desde la campaña electoral, no es descabellado imaginar que sus abogados y el propio Castillo estén tomando en cuenta también la completa falta de confianza que la ciudadanía le tiene.
Según otro sondeo, publicado a inicios de mayo, solo 23% de los peruanos afirma confiar en el mandatario. Ante eso y los escándalos que lo rodean, ¿qué podría decir el presidente delante de un micrófono o una cámara para defenderse?
No lo sé, y me imagino que tardaremos todavía en saberlo. La transparencia y rendición de cuentas no han sido las principales banderas de este gobierno. Pero, en el agregado final, negarse a responder a la prensa —vistas la desaprobación y desconfianza que genera en la ciudadanía— ha sido una pésima estrategia. Por muy hostil que pueda ser esta o muy torpe que sea el presidente, las consecuencias de un traspiés ante los medios son muy acotadas.
Pronto las preguntas, cada vez más insistentes, dejarán de hacerlas los periodistas y estarán en boca de la justicia. Me cuesta pensar que, llegado ese momento, el presidente Castillo finalmente encontrará respuestas que satisfagan a los fiscales, congresistas, jueces y, en última instancia, a los peruanos y peruanas. Respuestas suficientes para salvar su maltrecho y cuestionadísimo gobierno. O, al menos, encontrarle una salida digna.
Diego Salazar es periodista y autor del libro ‘No hemos entendido nada: Qué ocurre cuando dejamos el futuro de la prensa a merced de un algoritmo’