Pedro Sánchez y el Le Pen español

La semana pasada tuvo lugar la Junta de Seguridad de Cataluña, donde coincidieron el Ministro del Interior Grande-Marlaska y el consejero del ramo de la Generalitat, Miquel Buch. Tras el encuentro, uno constata con preocupación cuán alto es el precio de la obsesión del Gobierno Sánchez de acomodarse al gusto de los separatistas para contentarlos.

Resulta descorazonador ver a un jurista como Marlaska hacer cabriolas para ajustarse a las premisas de Sánchez y responder sin incomodar a Buch a la pregunta de una periodista sobre la posición del Gobierno con respecto a los lazos amarillos que presiden la fachada del Palacio de la Generalitat y la del Ayuntamiento de Barcelona. Quizá convenga recordarle al ministro que para el separatismo esos lazos simbolizan la aberración de presentar a España como un Estado autoritario donde se persigue a políticos por sus ideas y no por sus actos contrarios al orden constitucional. De hecho, el propio Buch así lo explicó ante el ministro, que ni se inmutó. Los ciudadanos son muy libres de pensar como quieran, pero lo que no es de recibo es que desde instituciones del propio Estado se lance el mensaje de que España no es una democracia y aquí no pase nada solo porque al Gobierno de turno le interesa seguir alimentando la ficción de que es posible alcanzar acuerdos con quienes han demostrado, y siguen demostrando, estar dispuestos a liquidar la Constitución para alcanzar la secesión.

Como ciudadano, genera desasosiego ver cómo todo un ministro de España presencia impertérrito el enésimo intento de degradar la imagen de nuestra democracia. Preguntado sobre si el Gobierno piensa exigir a la Generalitat que retire el lazo de la fachada, el ministro divagó recordando la diferencia entre espacio público y edificio público y llegó a decir que a ese respecto hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, basada en otra del Tribunal Supremo, que “debe ser un elemento a valorar”. ¡Un elemento a valorar!, dice el ministro bajo la vigilancia del consejero Buch. Se refiere el ministro a la sentencia del TS de mayo del 2016 sobre la colocación de esteladas en ayuntamientos catalanes. El TS sostiene que la estelada es un “símbolo partidista” que “representa solo a una parte de los ciudadanos catalanes representados por una parte de los partidos políticos” y que su colocación en edificios públicos atenta contra la exigencia de neutralidad de estos. En su sentencia, el TS recuerda que son los ciudadanos, y no las instituciones, los que tienen derecho a la libertad de expresión. Pues bien, si las esteladas son símbolos partidistas que no representan a todos los catalanes, no hay duda de que los lazos amarillos merecen la misma tipificación.

Marlaska se empeñaba en agradecer una “lealtad” por parte de la Generalitat que sólo existe en la cabeza de Sánchez, a lo que Buch contestaba con consignas nacionalistas contra el primer partido de Cataluña, Ciudadanos. Marlaska seguía contemporizando, actitud disciplinada que animaba a Buch en sus críticas a quienes se atreven a retirar lazos de la vía pública, como si los lazos fueran una suerte de tótems benéficos que todos los catalanes estamos obligados a venerar. No, señores, si un conciudadano tiene derecho a depositar libremente cualquier elemento u ornamento en la vía pública, yo tengo al menos el mismo derecho a retirarlo o recogerlo, y más aún cuando se trata de símbolos partidistas que constituyen un intento de erosionar la reputación de nuestra democracia, colocados de forma masiva con la intención manifiesta de excluir a más de la mitad de los catalanes. Conviene recordar que la idea de retirar lazos amarillos ni siquiera sale de Ciudadanos, sino que es fruto de la reacción espontánea de vecinos de a pie hartos de la pretensión del separatismo de ocupar el espacio público arrogándose la representación exclusiva y abusiva de la catalanidad. Ciudadanos lo único que ha hecho es no esconderse y apoyar a esos valientes que se rebelan contra el unanimismo que algunos pretenden imponer en Cataluña.

Todo lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno, cuya actitud vergonzante ante quienes insisten en atacar al Estado pone a los pies de los caballos a los ciudadanos que insisten en defender la convivencia en el marco de la Constitución. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, lejos de criticar a quienes ponen lazos amarillos, ha llegado a decir que los que los quitan son como los “gorrillas”, que hacen algo que no les corresponde. Más allá de lo ofensivo del comentario, cabe recordar al señor Ábalos que quien debería retirar la simbología partidista de la calle y de las instituciones y garantizar la neutralidad del espacio público es la administración, empezando por el Gobierno de España. Pero el Gobierno está atado de pies y manos desde que Sánchez aceptó el apoyo para su investidura de quienes quieren liquidar la Constitución y la convivencia entre españoles. Ese apoyo ha hecho que Sánchez pase en apenas dos meses de decir que “Torra es el Le Pen español” a poner el Gobierno de España en manos de quien considera a los españoles “bestias carroñeras, víboras y hienas con una tara en el ADN”.

El PSOE es muy libre de seguir actuando como si aquí no hubiera pasado y siguiera sin pasar nada, pero no tiene derecho a poner en riesgo nuestro proyecto de vida en común ni a arrastrar de esta manera la dignidad de nuestro Estado democrático de derecho. Los españoles merecemos algo mejor que semejante desprecio.

Nacho Martín Blanco es diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña.

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