El director general de facto de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex), la más importante para el país y que contribuye con una quinta parte del presupuesto federal, es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Así lo señalan no solo en la industria energética, sino incluso dentro del propio gobierno. En Palacio Nacional, donde despacha el presidente y su gabinete cercano, se escucha frecuentemente esa frase.
Es así como el director de una empresa fundamental para México, en medio de una crisis financiera y la caída de precios del petróleo a nivel global, no ha tenido experiencia administrando compañías y tampoco sabe de economía o finanzas más allá de que lo que su larga experiencia política le ha enseñado.
Este fin de semana la crisis volvió a tocar a la puerta de Pemex tras el desplome de los precios internacionales del petróleo, luego de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo no alcanzara un acuerdo con Rusia para recortar la producción e impulsar los precios, que también han sido afectados por el brote del coronavirus Covid-19.
El lunes 9, la mezcla mexicana de petróleo que exporta Pemex tuvo su mayor caída en la historia: el precio del barril se desplomó 31.6%, al pasar de 35.75 a 24.43 dólares. Con el precio actual, pese a los seguros de cobertura que compró la Secretaría de Hacienda previendo una situación como esta, los ingresos petroleros del país se verán afectados: la estimación del gobierno era vender este año el barril en 49 dólares, de manera que su producción será mucho menos rentable.
Este escenario pone a Pemex al borde de una crisis y, junto con ella, a las finanzas públicas del país. Hasta el momento la empresa ha sido estabilizada por Arturo Herrera, quien formalmente funge como secretario de Hacienda, pero que en la práctica también es una suerte de director de Finanzas de Pemex, y cuya responsabilidad ha sido diseñar un plan financiero y fiscal que le dé oxígeno a la empresa en lo que logra producir más petróleo y gas.
Herrera ha refinanciado cerca de 30 mil millones de dólares de la deuda de Pemex y busca poder dar buenas noticias en materia de política energética —como reabrir a la iniciativa privada algunas zonas petroleras— para disuadir a las empresas calificadoras globales, las cuales han amenazado de nueva cuenta con bajar la calificación crediticia de la empresa mexicana.
La estrategia financiera de Herrera parecía haber funcionado, luego de que, la semana pasada, la calificadora Moody’s publicara un reporte en el que anticipaba que no revisaría la nota de Pemex en el primer semestre de 2020. La noticia parecía darle meses de oxígeno puro a Pemex, la empresa petrolera más endeudada del mundo —cerca de 100 mil millones de dólares—, cuyo reporte anual de 2019 arrojó una pérdida de 346 mil millones de pesos.
Una reducción de la calificación por parte de Moody’s le quitaría a Pemex el grado de inversión, con lo que se sumaría a la calificadora Fitch, la cual lo hizo el año pasado. Si esto pasara, analistas de Bank of America calculan que saldrían de México, automáticamente, 10 mil millones de dólares de inversiones en bonos.
La consecuencia de esto sería una caída del precio de los bonos de Pemex y que el gobierno tendría que pagar un interés más alto a quienes mantuvieran esos papeles de deuda. También comprometería el presupuesto federal para este 2020 y ocasionaría un contagio a sectores importantes para la economía, como los bancos y las aseguradoras.
Esta bola de nieve puede afectar a su vez la calificación de deuda del gobierno, puesto que Pemex sigue siendo muy relevante para el financiamiento del gasto público. Este sería el último eslabón de la frágil cadena que significa Pemex para la economía mexicana. La crisis luce inminente, a menos que el gobierno y su “director general” reaccionen pronto.
Pero AMLO no tiene contacto con bancos, fondos de inversión o calificadoras de valores, a pesar de que 80% de la deuda de la empresa —unos 80 mil millones de dólares— está en los mercados financieros globales.
Lo que sí tiene es una visión nacionalista del sector energético, en la que el Estado debe controlar por completo el negocio y quedarse todas las ganancias, aunque en el resto del mundo —incluidos países con gobiernos de izquierda como Venezuela y Argentina— las empresas petroleras compartan el riesgo y las utilidades con las compañías privadas.
En el directorio de Pemex aparece como director general Octavio Romero, pero sus funciones son menos complejas que esa. Le pregunté a un integrante del gabinete federal, quien me recalcó que AMLO es el “director” de Pemex, qué hace entonces Romero. “Es el Oficial Mayor”, me respondió.
Romero es el encargado de revisar las licitaciones que Pemex otorga a sus contratistas, a quienes, por cierto, les tiene restringidos pagos por miles de millones de pesos. También es uno de los hombres de mayor confianza de AMLO, de quien fue Oficial Mayor cuando el ahora presidente fue jefe de Gobierno de Ciudad de México, en el año 2000.
Ni el director de facto, ni el que figura en el directorio, parecen saber cómo afrontar la crisis. El 10 de marzo, Arturo Herrera dio una conferencia en la que señaló que la economía mexicana cuenta con al menos cuatro líneas de defensa ante el descenso en el precio del petróleo y el nerviosismo en los mercados por el coronavirus. Sin embargo, lo que se necesita es una acción decidida del gobierno para impulsar la inversión privada, principalmente en el sector energético. Es probable que el 18 de marzo, cuando se conmemora el aniversario de la Expropiación Petrolera en el país, el presidente anuncie un plan de inversión privada en energía. Es una de las últimas cartas que tiene el gobierno para dar certeza a los inversionistas. No hacerlo pondría al país en riesgo de una recesión económica.
Mario Maldonado es periodista financiero de prensa, radio y televisión en México.