Pena de muerte: abolición universal

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró en diciembre último que la abolición universal de la pena de muerte “va a ser una de nuestras prioridades”, durante la presidencia española de la Unión Europea (UE) en el primer semestre de 2010. El compromiso fue formulado en la inauguración del Coloquio Internacional sobre la Abolición Universal de la Pena de Muerte, celebrado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en el que participaron decenas de penalistas de todo el mundo, convocados por el español Luis Arroyo.

Zapatero explicó que su Gobierno pretende reforzar la “creciente corriente internacional que pugna por extender la abolición” y anunció la creación de una Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, “que actuará como un órgano impulsor”, con dos líneas básicas de actuación: una, luchar por la aplicación universal de una moratoria efectiva en el año 2015, como paso previo a la abolición total, y otra, ante situaciones “que no pueden esperar a la realización de una moratoria”, dijo, “exigir (…) la proscripción universal inmediata y definitiva” de la pena de muerte contra los menores de edad en el momento de la comisión del delito, las mujeres embarazadas y los discapacitados mentales.

Si esta última exclusión de la aplicación de la pena de muerte -la de los enfermos mentales- hubiera estado asumida universalmente en 2009, se habría podido impedir la ejecución por el Estado chino, el 29 de diciembre último, del británico de 53 años Akmal Shaikh, condenado por narcotráfico, el primer europeo al que se aplica la pena capital en China desde 1951, sin que de nada sirviera la airada protesta del primer ministro británico, Gordon Brown, cuyo Gobierno descartó, no obstante, represalias o crisis diplomáticas con Pekín. Mucho menos podría ejercer presión sobre China en esta materia el líder mundial de la democracia, Estados Unidos, que todavía en 2008 ejecutó a 37 personas, sin que la presidencia de Barack Obama haya significado un revulsivo en favor del derecho de las personas a la vida y a la dignidad.

Zapatero consideró la pena de muerte “incompatible con los derechos humanos” y evocó que en España, “un país que arrastraba una historia negra de ejecuciones (…), todas inicuas”, mediante la Constitución de 1978 recuperamos “nuestra dignidad como sociedad de ciudadanos libres”, completada con la abolición por ley, en 1995, para tiempos de guerra.

Curiosamente, la abolición para tiempos de paz, que introdujo el artículo 15 de la Constitución, fue consecuencia de un error de información de los constituyentes. Una vez que, por la presión de la izquierda y los nacionalistas, se aceptó incluir la abolición, los centristas informaron que debía quedar completamente a salvo “lo que puedan disponer las leyes penales militares para delitos cometidos por personas sujetas por su propia condición al fuero castrense”. UCD alegó que así lo habían sugerido los propios medios castrenses y el PSOE confirmó la veracidad de la información, o creyó confirmarla.

Pero cuando parlamentarios de origen militar, como el diputado socialista Julio Busquets o el senador de designación real Marcial Gamboa, conocieron el texto, protestaron contra esa palmaria discriminación de los militares. El senador democristiano Manuel Villar Arregui tradujo así al lenguaje vulgar la que calificó de “siniestra excepción”: “Nadie podrá ser matado en nombre de la ley, pero sí podrán ser fusilados los militares”. De haber prevalecido aquel texto, Antonio Tejero y demás cabecillas militares del 23-F podrían haber sido ejecutados. Afortunadamente no fue así. Sucesivas modificaciones lograron una solución intermedia que exceptúa de la abolición “lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”.

Actualmente, con la abolición total, por ley, y con la ratificación de los convenios internacionales contra la pena de muerte, España pertenece a las dos terceras partes de los miembros de las Naciones Unidas que la han abolido y que luchan por su abolición universal. Es una buena noticia que España aproveche el semestre en el que ostenta la presidencia rotatoria de la UE para, desde una Europa prácticamente libre de ejecuciones -en 2008 hubo cuatro en Bielorrusia-, impulsar la abolición universal.

No obstante, el penalista italiano Stefano Manacorda avisó en 2009 sobre los riesgos para Europa de fragilidad de su marco jurídico por la influencia de Estados Unidos, que desde 2001 tiene “una comprensión más amplia de los espacios de libertad individual”, y por las exigencias de la lucha contra el terrorismo. Y en materia de cooperación judicial y policial, Manacorda recuerda que los Estados pueden negarse a conceder la extradición a un país si éste no ofrece garantías de que la pena de muerte no será ejecutada, pero considera que sería más conveniente sustraer a los Estados el control de la decisión, mediante el establecimiento, a nivel europeo, de “un derecho fundamental del ciudadano a no ser entregado allí donde su vida corra peligro”.

La solución definitiva vendrá cuando, como anhelaba Marino Babero, activista jurídico contra la pena de muerte en pleno franquismo y maestro de numerosos penalistas, “llegue un día en que la humanidad haga pasar al desván de los recuerdos una pena que consiste en matar”.

Bonifacio de la Cuadra