Pensiones: con las luces largas

"Cuando abras la espita / de tu pensamiento / procura que este sea / denso, denso". Estos versos de Miguel de Unamuno vienen muy a propósito de un asunto -el de nuestro sistema de pensiones- que ha recibido gran atención mediática en los tiempos recientes. El caso es que llevo cavilando sobre este tema -ya sea por un interés académico o en el marco de mi labor política- ni más ni menos que los últimos 40 años.

Coinciden todos los comentaristas en que el envejecimiento de la población va a ser el tema de los próximos años en los países desarrollados. Las alarmas empezaron a sonar cuando, después de la guerra de Yom Kippur (1973), tres acontecimientos -la crisis del petróleo, la competencia de los países emergentes, los cambios demográficos- alteran el escenario económico de la posguerra y revolucionan las ideas económicas imperantes hasta entonces. En lo que a nuestro tema se refiere, la caída de la tasa de la natalidad y el aumento de la expectativa de vida pusieron en peligro la continuidad de los sistemas de protección social inspirados en métodos de reparto (las cotizaciones abonadas por los ocupados deben ser lo suficiente para pagar las pensiones de los pasivos). Cuando -como ocurrió entonces y ocurre ahora- se reduce la proporción entre población ocupada y población total, el sistema empieza a incurrir en gigantescos déficits que acaban teniendo carácter estructural. Los gobiernos de todo el mundo se vieron obligados a acudir al rescate de sus sistemas de previsión social.

Pensiones: con las luces largasEn España, los cambios demográficos empiezan más tarde, pero cobran una gran velocidad: en 2016 el porcentaje de jubilados respecto a la población total era el 18,7%; en 2036 será el 28,6% y en 2052 subirá hasta el 37%. Eso quiere decir que si en 1976 había 5,17 trabajadores por cada pensionista, en 2016 había 3,18 activos por cada mayor de 65 años y en 2060 esta proporción caerá al 1,94. Una última cifra para calibrar la gravedad del problema: en 2050 habrá 15 millones de jubilados (hoy nueve millones), lo que exigiría que hubiese 27 millones de trabajadores. Cosa nada probable dada la proyección sobre el crecimiento de nuestra población.

A pesar de estos cambios demográficos, en los años anteriores al crash de 2007 la Seguridad Social era capaz de sufragar muchos gastos ajenos a las pensiones y, al mismo tiempo, de comprar deuda pública, incluso a intereses negativos como ocurrió en 2016. Como consecuencia de la crisis, la Seguridad Social pasa a arrojar un déficit que se sitúa en el 1,6% del PIB en 2016, lo que obliga al Gobierno a tirar del Fondo de Reserva -que llegó a tener 66.850 millones de euros en 2011- para mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Nada que objetar y sí mucho que alabar porque precisamente por eso se constituyó.

Pero también hay que entender que los pensionistas piensen que si antes se echó mano de la hucha de las pensiones para atender necesidades de todos, ahora todos deben contribuir a garantizar el poder adquisitivo de las pensiones. Reivindicación mucho más puesta en razón si se admite que las cotizaciones sociales, incluidas las que formalmente pagan los empresarios, son finalmente soportadas por los trabajadores. La españolización del "I want my money back" que tan famoso hizo Margaret Thatcher.

Cuando arrecia el temporal, los gobiernos españoles abordan dos reformas: la de 2011, que aumenta gradualmente la edad de jubilación legal y reduce la cuantía de las pensiones;y la de 2013, que introduce un Factor de Sostenibilidad para adecuar el nivel inicial de la pensión a la esperanza de vida y un Índice de Revalorización de las Pensiones no ligado a los precios sino a la suficiencia financiera del sistema. En la práctica, mientras subsista el déficit estructural de la Seguridad Social, las pensiones no podrán subir por encima del 0,25%, cualquiera que sea la evolución de los precios. Medidas de emergencia para evitar un rescate que nos hubiese sometido al protectorado de unos hombres de negro más sensibles a los asientos contables que al sufrimiento de la gente.

Las reformas no fueron contestadas socialmente mientras que las pensiones crecieron más que los precios. Pero la cosa se complicó cuando la situación se invierte y estuvo a punto de reventar cuando los pensionistas se echaron a la calle. El Gobierno ha reaccionado incluyendo en el Proyecto de Presupuesto subidas de las pensiones del 1 al 3% que beneficiarán a más de millones de personas. Medida digna de aplauso que, sin embargo, no resuelve los problemas a medio plazo de nuestro sistema de pensiones: el blindaje constitucional -trasladando el artículo 50 CE del Capítulo dedicado a los «Principios Rectores de la Política Social y Económica» al consagrado a los «Derechos y Libertades»- y la redefinición del Índice de Revalorización de las Pensiones, que es lo que ahora me interesa.

Dos informes ayudan a situar el toro en suerte. Según el Banco de España serán necesarios al menos 16 años para que la Seguridad Social recupere el equilibro presupuestario y las pensiones puedan subir por encima del 0,25% (El País, 6 abril 2017). Según el Informe sobre España 2018 de la Comisión Europea (COM (2018) 120 final) la proporción que las pensiones representan respecto al PIB que "hoy está en el 11,8 %, se reducirá al 11% del PIB en 2060" (pag. 32).

Las consecuencias de esta reducción serán demoledoras. "La media de las pensiones públicas en relación con los salarios medios disminuirá en torno a 20 puntos porcentuales, hasta alrededor del 40% en 2060 (...). De forma análoga, la media de la primera pensión pública como porcentaje del salario medio en el momento de la jubilación disminuirá en más de 30 puntos porcentuales hasta situarse ligeramente por debajo del 50%".

Por fortuna, en los años por venir habrá margen más que suficiente para ir acompasando el crecimiento de las pensiones al alza de los precios, al crecimiento de la economía y/o a la mejora de los salarios, como se deduce de los siguientes datos:

1.- El crecimiento de la economía española seguirá siendo sólido y menos desequilibrado (deuda y desempleo) que en años anteriores. Las cosas van bien y es lógico que los beneficios lleguen a todo el mundo.

2.- El empleo ha crecido estos años a un ritmo muy vigoroso pero todavía hay muchas capacidades ociosas que, de ser aprovechadas, se traducirán en un crecimiento de la tasa de ocupación y, en consecuencia en un aumento de los salarios, impuestos y cotizaciones.

3.- La productividad también tiene mucho margen de crecimiento, porque la posición relativa de España entre los 144 países analizados por el Foro Económico Mundial (2014-2015) es mala en asuntos tan cruciales como los siguientes: trámites para crear una empresa (118), plazo para poner en marcha un negocio (99), efectos de los impuestos sobre la innovación (130), carga de las regulaciones gubernamentales (123).

4.- Es relativamente sencillo lograr un cierto equilibrio entre el tiempo de vida laboral y el tiempo de jubilación, restringiendo los planes de jubilación anticipada e incentivando la prolongación de la vida laboral.

5.- Si bien el pasado año se empezó a revisar el gasto, queda mucho por hacer. Por eso el primer paso sería encomendar a una agencia independiente la evaluación de cómo se prestan y cuánto cuestan los servicios públicos.

6.- Las proyecciones demográficas auguran que la proporción de los menores de 20 años, sobre la población total, pasará del 19,8% actual al 15,9% en 2036, lo que permitirá desviar parte de los gastos dedicados a este segmento de población hacia las pensiones.

7.- La presión fiscal en España está por debajo de la Unión Europea (33,3% vs 38,9%), lo que nos da un colchón relativamente cómodo para hacer frente a los gastos de protección social que, por otra parte, están por debajo de la media de la Unión (25% del PIB vs 28,6%) y de los países más competitivos de Europa como Francia (33%), Países Bajos (30,9%), Italia (29,3%), etcétera.

Como decía Shakespeare en su Ricardo II, "el hombre cauto jamás deplora el mal presente; emplea el presente en prevenir las aflicciones futuras", lo que se necesita hoy es política con luces largas y mirando el horizonte.

José Manuel García-Margallo y Marfil es exministro de Exteriores.

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