El acuerdo para la revisión del sistema de pensiones alcanzado el jueves por el Gobierno con UGT y CC. OO. tuvo algo de inesperado. Ambas centrales se avinieron a encontrarse con el Ejecutivo en un punto aparentemente intermedio. Pero en realidad, rebasaron la línea roja que ellos mismos trazaron al responder nada menos que con la convocatoria de una huelga general a la reforma laboral. Una reforma que, a pesar de quedarse a medio camino, no contó ni siquiera con la comprensión crítica o condicionada de los sindicatos. Se ha producido un cambio que Comisiones y UGT no pueden disimular ni presentar como exitosa consecuencia de aquel paro parcial. Lo que se rechazó por inasumible entonces, parece ahora ineludible para las mencionadas centrales. Veremos si es así también en cuanto a la modificación de la negociación colectiva o la política industrial. Las organizaciones políticas y sociales evitan reconocer cualquier variación estratégica porque temen que ello pudiera afectar a su imagen de entereza, y tienden a justificar cada nuevo paso como continuación lógica de los que anteriormente han dado. Pero CC. OO. y UGT harían bien en explicarse a sí mismas con toda franqueza por qué han pactado con el Gobierno la reforma de las pensiones.
La réplica sindical a los recortes provocados por la crisis fue que la recesión no había sido causada por los trabajadores, aunque era a estos a los que se les pedían los mayores sacrificios. Pocas veces un argumento moral ha resultado más inútil. Pero está en la esencia del capitalismo que así sea. La recuperación económica no es posible si no se ofrecen expectativas de rentabilidad al capital. Un horizonte de ganancias seguras que estimule la inversión y también la especulación. No se trataba tanto de asegurar el mantenimiento del sistema de pensiones como de disipar la amenaza de una eventual quiebra de la Seguridad Social. Al comprometerse en ello, los sindicatos subsumen la representación de los intereses de los trabajadores en un esfuerzo común por garantizar la viabilidad del Estado de bienestar. Un camino que recorren casi de improviso, poco después de haber llegado a amenazar a Rodríguez Zapatero con precipitar el fin de la legislatura. Cuando menos, CC. OO. y UGT parecen haber comprendido que necesitan condicionar desde el diálogo el contenido de las reformas pendientes, que es, en suma, el terreno en el que deberán operar. Entienden que un escenario a cuya inauguración asistieran de frente o de espaldas sería más arriesgado para su propio futuro. De manera que, en el fondo, pasan página a la huelga general.
Pero un debate que se había presentado con tintes dramáticos ha sido zanjado sin más explicaciones. El juego de posiciones en el que se mueven los poderes - el político y el sindical- nos ha hurtado una reflexión más a fondo sobre el problema planteado en torno al aumento de la esperanza de vida y la sostenibilidad del sistema de pensiones. Hoy cabe preguntarse de quién eran los intereses que decían defender los sindicatos cuando anunciaban que no pasarían por lo de las pensiones. Eran de los trabajadores en edad de trabajar. Curiosamente, nadie ha hablado de los protagonistas del envejecimiento demográfico; de quienes van incorporándose al colectivo de pensionistas. En el mejor de los casos, ahora se encuentran con el futuro del sistema público despejado, pero con el inmueble de cuyo valor dependía su retiro depreciado, y unos pocos ahorros esperando a que la economía se anime algún día. Y, sin embargo, no hay más que una preocupación institucionalmente difusa respecto a los gastos que implica envejecer y a la calidad de vida que espera tras la puerta de la jubilación, en el desvalimiento y la soledad. Cuando debería hablarse del riesgo de una crisis sistémica - si el remedio para el mal de Alzheimer se pospone un par de décadas como poco y sus afectados continúan incrementándose a razón de un diez por ciento anual-, la individualización del tratamiento de los cánceres dispara los costes clínicos y farmacológicos, y las enfermedades crónicas heredadas de una vida poco saludable no experimentan pronto una curva descendente.
La continuidad del sistema público de pensiones IGNOT puede llegar a cubrir bastante menos de la mitad de las necesidades materiales a las que se enfrente el envejecimiento de una sociedad con cada vez más personas en edad avanzada precisadas de asistencia sociosanitaria, cuyos costes aumentan a causa de la legítima acción sindical, y sólo en una parte - la farmacológica-interesan al capital. La enunciativa ley de Dependencia no es suficiente, como viene comprobándose ya. Esta vertiente del envejecimiento demográfico precisa su propio pacto de Toledo.
Por Kepa Aulestia.