"La pensión es mi derecho": ese fue uno de los lemas más coreados en los cientos de manifestaciones de jubilados que han llenado las calles y plazas de España. Cayo Lara, uno de los habituales en este tipo de concentraciones, recordaba en un programa de televisión que el artículo 50 de la Constitución (CE) dice que "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad".
El talón de Aquiles de este sabio precepto es que está incluido en el Capítulo que consagra los Principios rectores de la política social y económica (Título I, Capítulo III) y no en el dedicado a Derechos y Libertades (Título I, Capítulo II). Eso quiere decir que las pensiones no son derechos consolidados sino simples expectativas de derecho o, como mucho, derechos condicionados a la fijación de su contenido por la Ley General de Presupuestos (STC 49/2015, de 5 de marzo). Si se quiere -y yo quiero- que las pensiones formen parte del "patrimonio de los derechos consolidados de los ciudadanos" y que cualquiera pueda recabar la tutela ante los tribunales ordinarios y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional (artículo 53.2 CE) es necesario trasladar el artículo 50 al capítulo de Derechos y Libertades. Lo demás son, como dirían los italianos, parole, parole... Lo mismo que los titulares de deuda pública tienen un derecho incuestionado a cobrar intereses, los pensionistas tienen también un derecho incuestionado a cobrar pensiones actualizadas.
Esta operación de gran altura "implica, por un lado, hacer un diagnóstico riguroso de las tendencias para el futuro, y por otro, detectar aquellos ámbitos y factores sobre los que habrá que actuar mediante las reformas que sean necesarias con un objetivo muy claro: el mantenimiento del bienestar y la seguridad que nos garantizan los sistemas de previsión social que se levantaron en Europa a lo largo del convulso siglo XX" (Prólogo de Mariano Rajoy a mi libro Una apuesta por el modelo europeo de bienestar, 2004). Como dice un refrán castellano, el que establece la ley debe guardarla.
Es de sobra conocido que la relación entre los mayores de 65 años y el número de personas en edad de trabajar (ratio de dependencia demográfica) se deteriora en España. Pero creo que no somos todavía conscientes de la gravedad de la situación. Por ello, conviene refrescar algunas cifras. Nacen hoy menos españoles que a finales del siglo XVIII, en que la población era la cuarta parte de la actual, y menos que durante la Guerra Civil, con una población 45% inferior a la de hoy. Por el contrario, la esperanza de vida ha ido creciendo hasta situarse en 83,3 años en las mujeres y 77,8 para los hombres en 2013, lo que quiere decir que se ha duplicado desde 1910, año en que Maura crea el Instituto Nacional de Previsión. La concurrencia de estos dos factores determina que la pirámide de población se haya achatado. Y se achatará más en el futuro. En 1976, los menores de 20 años representaban el 35,5% de la población total; los comprendidos entre 20 y 64 años, el 53,8%; y los mayores de 65 años, el 10,7%. En 2016, estos porcentajes se situaban en 19,8%, 61,4% y 18,7%, y en 2036 serán 15,9%, 55,5% y 28,6%. Eso quiere decir que si en 1976 había 5,17 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años, en 2016 solo había 3,28 personas y en 2036 solo habrá 1,94. "El futuro ya no es lo que solía ser", como decía el escritor Arthur C. Clarke y han repetido desde Felipe González hasta el humorista Dani Rovira.
El panorama se vuelve más sombrío si tenemos en cuenta que nuestro mercado laboral tiene tasas de actividad y de ocupación más bajas que las de nuestros socios y competidores, lo que merma la capacidad de financiación de los sistemas públicos de bienestar social. Unos cuantos flashes: la tasa de actividad española -el cociente entre las personas que trabajan o buscan trabajo y la población total en edad de trabajar- se situó en el año pasado en el 58,8%, mientras que en Europa ronda el 72,3%. Los cinco problemas estructurales de nuestro mercado laboral son la falta de movilidad geográfica, los desajustes entre oferta y demanda en el mercado de trabajo, las deficiencias en formación, el retraso en innovación tecnológica y el paro de larga duración.
Si muy pronto serán menos los contribuyentes potenciales y más los pensionistas, parece obvio que tenemos que hacer más con menos y mejorar la posición relativa que España ocupa entre los 144 países analizados por el Foro Económico Mundial en lo que se refiere a trámites para crear una empresa (118), plazo para poner en marcha un negocio (99), efectos de los impuestos sobre la innovación (130) y carga de las regulaciones gubernamentales (123). (Informe de Competitividad Global 2014-2015). Los datos sobre productividad de trabajo tampoco son mejores: los españoles trabajamos 1.691 horas anuales y los alemanes, 1.371; sin embargo, la productividad por hora trabajada es de 31 euros por hora en España por 46 euros por hora en Alemania.
¿Qué hacer ahora? Los riesgos ya los conocemos. "Las soluciones a estos retos deben venir, no desde apriorismos ideológicos, sino desde el sentido común y la apuesta por el futuro" (Mariano Rajoy, opus cit). Por eso quiero concluir con una serie de propuestas que figuran en el libro Europa y el porvenir (Ed. Península), que escribí con Fernando Eguidazu hace poco más de un año. Conclusiones que pretenden un objetivo claro: respetar el compromiso adquirido con nuestros mayores que constituye uno de los pilares básicos del contrato social que suscribimos en 1978.
Lo primero que habría que hacer es constitucionalizar el derecho a la pensión, ubicándole en la Sección segunda del Capítulo segundo del Título primero de la Constitución, que conforme a las previsiones de su artículo 53 goza de una protección reforzada. La protección del individuo frente a la actuación de los poderes públicos es una seña de identidad indeleble del Estado de derecho. Y esa protección debe extenderse cuanto antes a los más vulnerables. Como soy consciente de que una cosa es predicar y otra dar trigo, reproduzco las medidas del citado libro que deben abordarse para que este compromiso con nuestros pensionistas no sea un brindis al sol.
1. Mejorar la ratio de dependencia demográfica mediante políticas activas de fomento de la natalidad y garantizando la conciliación entre la vida laboral y la familiar. La recuperación de la natalidad es una prioridad estratégica nacional.
2. Una gestión adecuada de los flujos migratorios. Sin los inmigrantes, España tendría entre siete y ocho millones habitantes menos, pero su integración económica real (ingresos por hogar) es todavía muy deficiente.
3. Mejorar la ratio de dependencia económica efectiva: es necesario alterar la tendencia a las jubilaciones anticipadas e incentivar a los trabajadores que voluntariamente decidan retrasar su jubilación.
4. Ofrecer nuevas oportunidades de empleo a los grupos de población cuya tasas de actividad es más baja (jóvenes, mujeres entre 25-55 años, mayores de 55).
5. Aumentar la productividad de la economía, eliminando los lastres que impiden crecer más, dedicando más recursos a la inversión, en particular, a los sectores tecnológicamente más avanzados (agenda digital) y propiciando un aumento de la dimensión de las empresas. Con empresas con un tamaño similar a las de Alemania (12 trabajadores en lugar de los 4,6 de España), el diferencial de productividad con este país se reduciría al 25%
6. Mejorar la productividad del trabajo, invirtiendo más en formación, investigación, desarrollo e innovación.
7. Computar las obligaciones ocultas derivadas del envejecimiento de la población a la hora de definir el equilibrio presupuestario para generar un colchón que permita hacer frente al aumento del gasto en pensiones.
8. Enviar al baúl de los recuerdos la vieja concepción de que el nivel de las pensiones depende del nivel de las cotizaciones sociales. Las pensiones son un gasto como otro cualquiera (política exterior, Defensa, Educación, Sanidad...) que debe financiarse con los impuestos que más contribuyan a aumentar el empleo y la productividad.
9. Con esta filosofía, parece obvio que procede reducir los impuestos sobre las nóminas y las cotizaciones sociales, que constituyen auténticos impuestos sobre el empleo y que sólo gravan los bienes hechos en España y no los hechos fuera; y hacer frente a los gastos futuros derivados del envejecimiento recurriendo al Impuesto sobre el Valor Añadido, que es pagado por residentes y no residentes y no sólo por los trabajadores, y que grava las importaciones y se devuelve a los exportadores.
10. Promover la mutualización parcial de las pensiones, de forma que los trabajadores aportarán una parte de sus salarios a un sistema europeo de pensiones de jubilación, recibiendo pagos de compensación de este fondo a la hora de retirase del mercado laboral.
Con estas ideas terminamos. Víctor Hugo dijo en cierta ocasión que "el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad". Para mí lo importante es que el debate cobre vuelo y pongamos en él toda nuestra imaginación y energía porque un Estado de bienestar sólido significa más seguridad para todos, más riqueza, más cohesión social, más gobernanza política y económica. Más España.
José Manuel García-Margallo, exministro de Asuntos Exteriores.