El Gobierno logró en la madrugada del viernes 28 de enero un principio de acuerdo con los agentes sociales, para la reforma del sistema de pensiones. Sorprendentemente, en una misma semana, Comisión del Pacto de Toledo, agentes sociales y Gobierno que han dado el espaldarazo a la modificación tan esperada.
Desde hace un año estamos hablando de la necesidad de reformar el sistema de pensiones. Se han presentado documentos que posteriormente fueron desmentidos, amenazas de huelga general por parte de las centrales sindicales, y finalmente, la víspera de la fecha dada por el Gobierno, se obró el milagro y se ha logrado un principio de acuerdo que se firmará por agentes sociales y Gobierno el día 2 de febrero. El 29, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de reforma de las pensiones, motivo de alegría y suponemos que de alivio para nuestro Ejecutivo ante la inminente visita de la Canciller Merkel.
Celebramos que finalmente el Gobierno se haya decidido a tomar cartas en el asunto. No obstante, lamentamos que en la determinación de introducir cambios haya influido la presión de nuestros vecinos europeos.
Hace también más o menos un mes que publicábamos en estas páginas un artículo en el que dábamos nuestra opinión acerca de los motivos por los que era urgente la reforma y los aspectos sobre los que debía incidir. Ya apuntábamos que lo que ha hecho saltar la alarma y ha resultado decisivo ha sido tanto la crisis económica como la evolución demográfica y más en concreto el envejecimiento de la población y el bajo índice de natalidad.
El informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo firmado en el seno de su Comisión el pasado día 25 de enero no puede ser más elocuente: A día de hoy, la esperanza de vida al cumplir los 65 años, es de 19'1 para los hombres y de 23'1 años para las mujeres y seguirá aumentando, estimándose que en 2060 puede ser de 23'9 y de 28'15, respectivamente.
Obviamente, este es uno de los factores que inciden, pero no el único, aunque nos debe hacer tomar conciencia de la necesidad de adecuar los recursos a nuestra longevidad, consecuencia a su vez de los avances científicos y médicos. Somos conscientes que hablar de recortes en nuestro estado de bienestar no es popular, pero al igual que se han tomado medidas para salvaguardar nuestro ecosistema, también es perentorio tomar aquellas que permitan garantizar el pago de prestaciones a las futuras generaciones, optimizando nuestros recursos.
Desde que se conociera el acuerdo con los agentes sociales y la aprobación del anteproyecto, los datos que han trascendido son los siguientes:
1) Incremento progresivo de la edad ordinaria de jubilación hasta los 67 años, con algunas excepciones. Sería el caso de trabajadores que realicen trabajos de especial peligrosidad o penosidad. También afectaría a las mujeres que dejaron sus trabajos para dedicarse a la familia, medida que hay que interpretarla como una concesión. Se podía haber aprovechado para incluir un periodo de tiempo determinado a aquellas trabajadoras que se dedicaron al cuidado de un familiar a su cargo y en su domicilio, situación más gravosa en ocasiones que la atención a un menor por la dedicación que exige.
2) Posibilidad de acceso a la jubilación a los 65 años con el 100% de la prestación, cuando se acredite un periodo de cotización de 38'5 años y seis meses, o de no reunirse este periodo de carencia, aplicación de un coeficiente reductor.
3) Jubilación anticipada a partir de los 63 años, con un periodo de cotización de 33 años y posibilidad de anticiparla a los 61 años en situaciones de crisis. Hasta ahora únicamente podían jubilarse anticipadamente de forma voluntaria a partir de los 60 años los trabajadores que hubieran estado afiliados y de alta antes del 1 de enero de 1967, aplicándose los correspondientes coeficientes reductores. Igualmente, podían acceder a la jubilación a partir de los 61 años, quienes perdieran voluntariamente el empleo, incluyéndose en este apartado los acuerdos de prejubilación, siempre que acreditaran 30 años de cotización.
4) Mantenimiento de la jubilación parcial a partir de los 61 años. Esta figura ha sido objeto de revisión en los últimos años, estableciéndose cada vez más requisitos para su disfrute. No obstante, es de remarcar que la Comisión del Pacto de Toledo ha manifestado la conveniencia de compatibilizar pensión y trabajo, siendo éste un buen ejemplo. La novedad que se incorporaría en este apartado sería la obligación de cotizar para el trabajador relevista y relevado. Hasta ahora, el relevista podía tener alguna ventaja de cotización y la aportación del jubilado parcial sólo era en proporción al salario.
5) Supresión de la jubilación a los 64 años. Hasta ahora estaba configurada como una medida de fomento del empleo y permitía al jubilado percibir el 100% de la prestación, siempre y cuando la empresa contratase un trabajador desempleado para sustituirle.
6) Ampliación del periodo de años para el cálculo de la pensión. La intención es que de forma progresiva, de los actuales 15 años de promedio de bases se alcancen los 25. Igualmente se vería afectada la escala para que los porcentajes sean proporcionales. Esta sería una primera medida, aunque a nadie escapa la voluntad de que el importe de la prestación se calcule atendiendo a toda la vida laboral, acercándonos más a un sistema actuarial.
7) Cotización en los programas formativos de los jóvenes.
8 ) Integración y convergencia de regímenes especiales, a fin de que se integren el mayor número de ellos en el General y se equiparen las prestaciones.
9) Lo que se ha dado en denominar «factor de sostenibilidad», cuya inclusión puede ser lógica, pero no por ello deja de ser preocupante la aseveración del anteproyecto, cuando manifiesta que cada cinco años la edad mínima de jubilación podrá ser revisada, suponemos al alza. Pueden producirse este año y el siguiente una avalancha de jubilaciones de trabajadores que no tenían intención de acceder a ella, pero habida cuenta a partir de 2013 se iniciará de forma progresiva el retraso de la edad de jubilación, tengan temor a no obtenerla.
10) Mejora de las pensiones mínimas para personas solas. Fundamentalmente afectaría a las pensiones de viudedad y orfandad, lo que contribuiría a paliar la situación de los denominados pobres vergonzantes.
11) Financiación complementaria y separación de fuentes. Comportaría la incentivación de sistemas complementarios de previsión mediante la suscripción de planes de jubilación, fomentando su inclusión en la negociación colectiva. Habrá que ver, no obstante, como se desarrolla el fomento de los planes complementarios de previsión, sin que se penalice al ahorrador en el momento de su rescate. Por otra parte, se trataría de delimitar la fuentes de financiación de las prestaciones del sistema, de manera que las cuotas recaudadas fueran destinadas a sufragar las prestaciones contributivas y las asistenciales a través de los Presupuestos.
12) Mayor control de las bajas y unificación de criterios de diagnóstico, con una mayor comunicación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con la Seguridad Social.
Quedan muchos flecos en el aire. El propio Gobierno dice que hay que profundizar, pero nos preocupa que durante el trámite parlamentario se introduzcan cambios que lo suavicen, tal como ha acontecido con el reglamento de desarrollo de la reforma laboral.
Entendemos que deba alargarse la edad de jubilación, la ampliación del periodo de cómputo, pero habida cuenta la situación financiera de la Seguridad Social, sorprende que las disposiciones transitorias sean a tan largo plazo.
Las medidas introducidas en este anteproyecto ayudarán a obtener una mayor fiabilidad en el futuro de las pensiones. ¿Se debería haber llevado a cabo hace ya tiempo? ¿Será suficiente para garantizar el futuro de las pensiones? Son preguntas que el tiempo aclarará.
No obstante, el tema más importante es la creación de empleo y este anteproyecto, si bien es conveniente y necesario, no ayudará a conseguir ese objetivo prioritario, que es el empleo.
Por Eduardo Alemany Zaragoza, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Mª Paz Martín López, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.