Pensiones: problemas a las puertas

pensiones-problemas-a-las-puertasEl pasado día 20 EL MUNDO organizó, con gran éxito, una Mesa sobre Pensiones a la que fui invitado a participar. La ministra de Empleo y Seguridad Social expuso una idea que tuvo inmediata repercusión mediática: la de que los jubilados pudieran compatibilizar el cobro de su pensión con otros trabajos remunerados. La idea causó revuelo y algunos han manifestado temor ante el envejecimiento de las plantillas y la mayor dificultad para la entrada de jóvenes en las empresas. Quizá esa idea tenga que perfilarse más, pero para evitar algunos de esos riesgos bastaría, por ejemplo, que la jubilación implicase obligadamente la ruptura de la relación laboral anterior sin impedir el acceso a otro empleo distinto en empresa diferente. En cuanto a los jóvenes, son los que más van a faltar en este país dentro de poco.

Los problemas de nuestro sistema de pensiones son más extensos y graves que los que podrían originarse por una posible contratación de jubilados pues se derivan de tres circunstancias demográficas casi inevitables. La primera, de la reducción esperada de nuestra población, ya que pasaremos de casi los 46,4 millones actuales a otra de sólo 41 millones en 2066, aunque esa cifra podría quizá aumentar por una más intensa inmigración. La segunda, de su envejecimiento, pues en los próximos 25 años crecerá en casi cinco millones el número de personas mayores de 67 -población en edad potencial de jubilación- y se reducirá en algo más de cuatro millones los comprendidos entre 18 y 67 años, que es la población potencialmente activa. La tercera, del aumento de la esperanza media de vida, pues en ese mismo periodo pasará desde unos 21 años para los mayores de 65 años a los 24 años para ese mismo grupo de edad en el 2041. Es decir, dentro de 25 años los mayores de 65 vivirán en promedio hasta los 89 años en lugar de fallecer a los 86, como lo hacen ahora. Por tanto, tendremos menos población que hoy, con más personas mayores que, además, vivirán más años. Una gran alegría para todos, pero una auténtica bomba para nuestro actual sistema de pensiones.

No terminan aquí los problemas, pues ese sistema se encuentra también aquejado por otras circunstancias económicas negativas. La primera, porque las pensiones iniciales de los jubilados no guardan mucha relación con las cotizaciones que sus empleadores y ellos mismos han efectuado a la Seguridad Social a lo largo su vida activa. En algunos casos, esas pensiones son superiores al valor actual de lo aportado y en otras claramente inferiores, pues para establecerlas sólo se tiene en cuenta una parte de las cotizaciones y, además, la pensión resultante se corrige al alza o a la baja. En segundo término, la actualización anual de las pensiones, aunque no está ya ligada al índice de precios al consumo como hasta hace poco, lo está ahora a un factor de revalorización, establecido por ley que tiene en cuenta la tasa de variación de los ingresos de la Seguridad Social; la tasa de variación del número de pensionistas; la tasa de variación anual de la pensión media en ausencia de revalorización y, finalmente, una porción del saldo contable de la Seguridad Social respecto a sus gastos totales. Una fórmula compleja que puede generar revalorizaciones negativas si, en su conjunto, los ingresos de la Seguridad Social disminuyen en lugar de aumentar, como ha ocurrido en pasados ejercicios; si aumenta el número de pensionistas, como cabe esperar en los próximos años; si la tasa de sustitución de pensiones viejas por nuevas es positiva, como suele serlo casi siempre o si la Seguridad Social se encuentra en déficit, lo que también es habitual últimamente.

Para evitar que ese nuevo factor conduzca a revalorizaciones anuales negativas y para moderar su excesivo crecimiento posible en otros casos, la ley ha establecido que su valor mínimo sea de 0,25% y que la revalorización máxima no exceda nunca del valor del índice de precios al consumo más un 0,5%. Pero, pese a tales medidas, las pensiones han representado ya en 2015 un 24,5% del total de los gastos del sector público en su conjunto, el déficit de la Seguridad Social alcanzó en ese mismo año los 13.150 millones de euros y en 2016 es bastante probable que supere los 18.950 millones. Eso indica que las cotizaciones sociales, que son los ingresos más importantes de la Seguridad Social, son muy poco flexibles y que esa falta de flexibilidad recaudatoria constituye otro obstáculo para el equilibrio de tales presupuestos.

La recaudación de las cotizaciones sociales ha crecido poco pese al importante aumento del empleo en 2015, a la apreciable subida de afiliaciones al sistema y a la ligera mejora de los salarios medios en ese año. Dos factores parecen conjugarse a este respecto. El primero, la propia naturaleza de las cotizaciones sociales, pues son impuestos muy anticuados sobre el uso de trabajo, establecidos por categorías profesionales y con altos tipos de gravamen, pero aplicados sobre bases tarifadas y con topes máximos en lugar de sobre las auténticas retribuciones salariales. El segundo, el amplio conjunto de bonificaciones, reducciones y exenciones que arrastran esas cotizaciones y que arruinan su recaudación, probablemente con escasos efectos sobre el empleo. Por eso, la puesta al día de las cotizaciones sociales debería venir por una reforma que las hiciese recaer, con tipos de gravamen mucho más reducidos que los actuales y sin exenciones, reducciones o bonificaciones ni topes máximos, sobre los ingresos brutos de trabajo computados ya en el IRPF, que constituyen una base tributaria muy amplia y flexible. Si las cotizaciones sociales, con menores tipos de gravamen que los actuales, recayesen sobre los mismos ingresos brutos de trabajo que el IRPF, resultaría posible una gestión unificada de ambos tributos con importantes ahorros de costes indirectos tanto para las empresas como para la Hacienda pública.

Los topes en las cotizaciones se vienen justificando por la contributividad, es decir, para mantener una cierta relación entre cotizaciones y pensiones máximas. Quizá en el futuro, tras una transición posiblemente larga, la pensión inicial deba fijarse atendiendo al saldo que cada trabajador haya acumulado en una cuenta nocional individualizada, que refleje todas las cotizaciones satisfechas por ese trabajador y por su empresa, así como los intereses devengados por tales cotizaciones. La contributividad de las pensiones quedaría así efectivamente garantizada, sin perjuicio de que se mantuviesen complementos de mínimos para las pensiones más reducidas. Esa idea se aplica ya en buena parte de Europa y no ha llevado al abandono del sistema de reparto en que se fundamentan nuestras pensiones.

Es muy probable, sin embargo, que la presión de los factores demográficos y económicos descritos exija aún de mayores ingresos para financiar las crecientes pensiones. En ese caso se debería recurrir a algún recargo de solidaridad para financiarlas adicionalmente. Algunos opinan que ese recargo debería aplicarse en la imposición patrimonial pero, además del desastroso efecto sobre el ahorro que tienen tales impuestos, olvidan que en España el patrimonio de las personas físicas es relativamente reducido; que tiene, en su mayor parte, naturaleza inmobiliaria gravada también por el IBI y concentrada en la vivienda propia; que sus gravámenes están en manos de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos y que, además, sus recaudaciones son muy reducidas y escasamente flexibles. Por eso la solución que se viene aplicando en Europa es la de establecer ese recargo sobre el IVA, cuyas bases imponibles son muy extensas, generales, neutrales y flexibles y que, además, excluyen a las exportaciones pero gravan a las importaciones, lo que ayudaría a mejorar el saldo de nuestra balanza exterior.

Los pensionistas no deberían temer el próximo agotamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social sino los crecientes déficits del sistema de pensiones. Los Fondos de Reserva sólo proporcionan cierta liquidez para pagarlas, pero no evitan sus déficits, que son los que representan el auténtico problema de estas prestaciones. Resolver esos déficits, garantizando así el futuro de las pensiones, debería constituir tarea inmediata del nuevo Gobierno.

Manuel Lagares es catedrático de Hacienda Pública y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

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