Pensiones: reformarse o morir

En el año 1919 se aprobó en España el seguro social obligatorio, llamado Retiro Obrero, cuya aplicación se reguló finalmente por Real Decreto de 21 de enero de 1921. Según el Instituto Nacional de Estadística, la esperanza de vida al nacer se situaba ese año, 1921, en 41,73 años. Hoy en día, es de 81,2 años y se estima que la población que tiene ahora 65 años vivirá, de media, cerca de cuatro años más en 2050. Paralelamente, la tasa de dependencia, el porcentaje de población mayor de 65 sobre la población en edad de trabajar, de 16 a 64 años, pasará del 24,5% al 58,7% en 2050.

Durante las próximas décadas España experimentará importantes cambios demográficos que afectarán a la sostenibilidad de su sistema de pensiones. El número de personas mayores de 65 años, que hoy asciende a 7,9 millones, el 17% de total, aumentará hasta llegar a representar el 32% en 2050, lo que supone multiplicar por dos las personas en edad de retiro.

En los últimos 90 años, desde 1919, nuestro sistema de pensiones ha atendido a 22,5 millones de personas, que han disfrutado del derecho al retiro un tiempo medio de 12 años, y sólo en los próximos 35 años tendremos que reconocer este derecho a otros 22 millones, pero, en este caso, el tiempo de cobro será el doble, 24 años.

Paralelamente, el progresivo envejecimiento de la población también se reflejará en el reemplazo al mercado de trabajo, de tal manera que pasaremos de tener 1,2 individuos entre 20 y 29 años por cada persona entre 55 y 64 años a contar sólo con 0,9 en el 2050.

En otras palabras, las generaciones del baby boom, nacidas entre 1950 y 1970, van a empezar a jubilarse y, debido la baja tasa de natalidad de España, 1,38 hijos por mujer, no hay posibilidades de que sean reemplazadas por las cohortes de generaciones jóvenes, por lo que, necesariamente, necesitaremos mano de obra adicional.

Las cifras de la presión que el envejecimiento originará sobre el gasto público en pensiones, recogidas en el último informe de la Comisión Europea, advierten que España pasará de destinar el 8,4% del PIB al pago de pensiones al 15,1% en el año 2060.

Con este escenario, era y es imprescindible acometer cambios para asegurar las pensiones futuras, en la línea que están haciendo otros países europeos. Así, por ejemplo, Finlandia, Polonia, Portugal, Eslovaquia y Suecia pasarán a tomar en cuenta toda la vida laboral, Francia tomará en consideración los mejores 25 años en términos de cotización, Alemania e Irlanda situarán la edad de retiro de referencia en 67 años, y la gran mayoría de países de la OCDE están introduciendo penalizaciones por jubilaciones anticipadas y aumentando los beneficios por atraso en el retiro.

Debemos ser conscientes, y tengo la impresión de que los ciudadanos en el fondo sí lo son, de que la reforma en las pensiones obedece al cambio demográfico y no a la crisis pues, sin ella, apenas habríamos ganado un año antes de que el sistema entrara en pérdidas. Estamos, pues, ante dos cambios estructurales, no coyunturales: el descenso de la natalidad y el aumento en la esperanza de vida.

Disfrutamos, además, de uno de los sistemas de pensiones más igualitarios y equitativos del mundo, donde la distancia entre los que perciben la remuneración más alta y la más baja es de apenas 3,5 veces. Es, sin duda, una conquista sin precedentes y motivo de orgullo colectivo.

La Fundación IDEAS presentó recientemente un detallado informe en el que, tras considerar posibles escenarios que relacionaban la reforma del sistema de pensiones con el incremento del PIB y la productividad, vinculados a su vez a un nuevo modelo productivo, venía a desmentir un axioma que erróneamente, y tal vez también malintencionadamente, se está dando por seguro: que el aumento de la edad de jubilación a 67 años y el incremento del periodo de cálculo de 15 a 25 años van a suponer un descenso en la pensión media. Y no es así.

Actualmente, la pensión media (calculada con las pensiones de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), asciende a 798 euros al mes. Aplicando la reforma acordada con los agentes sociales, y logrando un aumento significativo de la productividad, para lo que será necesario cambiar el modelo de crecimiento y apostar por nuevos sectores que se constituyan en motores de la economía española, a la vez que se transforman otros sectores tradicionales clave como el turismo o la construcción, la pensión media puede revalorizarse un 44% y llegar en 2050 hasta los 1.125 euros en poder adquisitivo de 2010.

Para ello, será imprescindible un crecimiento del empleo durante las próximas décadas, de tal forma que la economía española tenga en 2050 una población ocupada de aproximadamente 21 millones de personas. A la vista de las tendencias de la población nacional, ese volumen de empleo requerirá nuevos flujos de trabajadores.

Si el Gobierno no hubiera acometido la reforma del sistema, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social habría sido insuficiente para mantener el nivel de las pensiones más allá de 10 años desde la aparición de los primeros déficit en el sistema. Así, sin la aportación de recursos adicionales, la pensión media descendería hasta los 515 euros en 2050, lo que significaría una pérdida de poder adquisitivo del 35%.

No hay que tener miedo a la reforma. El objetivo es garantizar la sostenibilidad financiera del más antiguo de nuestros pilares del Estado del Bienestar, como ya lo hicieron con éxito las reformas anteriores en 1985, 1997 y 2006.

Por Jesús Caldera, vicepresidente de la Fundación IDEAS y ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *