Es difícil no coincidir con quienes aspiran a garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Después de soportar con superávits los primeros años de la crisis, entre 2012 y 2013, el PP va a acumular 20.000 millones de euros de déficit en las pensiones, y nuestros excelentes gestores algo tienen que hacer. Pero es necesario considerar si las medidas propuestas son las adecuadas, y ahí lo defendido naufraga en un mar de inconsistencias.
Cuando se diseñó en otros sistemas de reparto el factor de sostenibilidad aspiraba cubrir tres objetivos básicos: asegurar equilibrios presupuestarios frente a un déficit creciente por riesgos demográficos, laminar el riesgo político como inhibidor de la toma de decisiones necesarias y mantener el pacto intergeneracional evitando que existieran generaciones sacrificadas.
En cuanto al primer objetivo, puede conseguirse mejorando las carreras de cotización, retrasando la edad de jubilación, proscribiendo las malas prácticas e incentivando las buenas o reduciendo sin más las prestaciones. De hecho, el acuerdo suscrito entre el Gobierno socialista y empresarios y sindicatos incluye elementos de sostenibilidad (como el retraso en la jubilación para quienes han cotizado menos tiempo). Con la reforma de 2011 se continúa con la tradición iniciada en 1985 de reformas que permitían a los afiliados reducir el impacto normativo mediante un mayor esfuerzo contributivo. La actual propuesta de la comisión de expertos trata por igual al que mejora su cotización y al que no, al que retrasa su jubilación y al que la adelanta. Aunque cinco millones de pensionistas decidieran retrasar un año su jubilación, el denominado “factor de equidad intergeneracional” no se vería modificado. El factor previsto en la Ley 27/2011 solo entraría en vigor al final del periodo transitorio, con el retraso de la jubilación ya en plena aplicación, y las medidas previstas podían ser diferentes. Ahora se superpone, desprecia los esfuerzos dentro del sistema, y solo existe como alternativa en la práctica la previsión social complementaria.
Se pretende reducir drásticamente el crecimiento del gasto en pensiones, pero los efectos de la norma todavía deberán ser mayores para los afectados, al no aplicarse a la viudedad y orfandad (a no ser que se pretenda recortar estas rentas dos veces), a las pensiones con complemento a mínimo (que crecerán en número y proporción) y a las pensiones de incapacidad, que en casos ya se capitalizan por las mutuas con las tablas de esperanza de vida del sistema. Los indicadores anuales del INE de esperanza de vida de los mayores de 65 años solo se conocen, con carácter provisional, el año siguiente. ¿Qué pasaría si el indicador definitivo no coincide con el provisional? ¿Qué ocurriría si, como ha sucedido en los últimos años, la esperanza de vida crece bruscamente un año —2010— y se ajusta los siguientes?
El segundo objetivo, sustituir el debate parlamentario en épocas de inestabilidad política por un automatismo aritmético, se compadece poco y mal con la necesidad de realizar una “estimación” de las variables de ingresos los próximos seis años para el cálculo del factor de revalorización anual. De hecho, nuestros colegas suecos tuvieron también ciertos problemas en la estimación, cuya experiencia deberíamos valorar, y tal vez concluir que para este viaje no necesitábamos alforjas: el riesgo para el país de tomar decisiones sobre la revalorización no es mayor que el de estimar la marcha de la economía los próximos seis años.
En cuanto al tercer objetivo, el pacto intergeneracional, es imprescindible que se ponga en relación con el diálogo social y con la urgencia del problema, derivada de la situación económica, pero también de la reducción de los salarios, trasladada sin ningún esfuerzo de gestión a las bases de cotización. Desde la aprobación del Libro Blanco de la Seguridad Social, las cotizaciones se han ido moviendo entre el 11% y el 12% del PIB, y con la separación de fuentes de financiación, desde el año 2000 a 2006 las cotizaciones sociales suponían el 9,7% del PIB, y hasta el año 2011 se movieron en un porcentaje algunas décimas superior. En 2013 estaremos, según la tendencia de los primeros meses, en torno al 9,3%. Puede deducirse que lo que se pretende es hacer sostenibles no las pensiones, sino las bajas cotizaciones. La mayoría de la comisión de expertos tampoco ha visto necesario enfatizar que es imposible la reducción de cotizaciones, o no mezclar los gastos contributivos con los complementos a mínimo.
En conclusión, es esta una reforma diferente, propuesta por una mayoría de personas que no creen en nuestro sistema de reparto, y que aspira a ser realidad contra el sistema. Desvirtuará los efectos de la legislación anterior, desincentivará el esfuerzo en la cotización, no reducirá los riesgos del país y del gestor político sino que los aumentará, y no está pensada para hacer sostenible el sistema, sino una disminución de cotizaciones que abra camino a la siguiente reducción de gastos sociales. Los ciudadanos lo entienden, y quienes tienen la capacidad de elegir se jubilan ya anticipadamente, incrementando esos gastos que se quieren controlar. Una vez descendemos de la retórica, el diablo se esconde en los detalles de una propuesta desafortunada.
Octavio Granado fue secretario de Estado de Seguridad Social entre 2004 y 2011.