La sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones exige asegurar su equilibrio presupuestario a medio y largo plazo. Esta condición garantiza la equidad intergeneracional, al evitar que unas generaciones se beneficien de mayores pensiones, a costa de dejar un mayor endeudamiento a las generaciones futuras. Además, se trata de una restricción bastante lógica: un sistema de reparto solo puede distribuir los recursos estructurales de que dispone.
El problema es que el sistema se enfrenta a riesgos que pueden amenazar su sostenibilidad. No afrontar los retos esperando que, con un poco de suerte, no se materialicen no solo es irresponsable sino que es una forma poco eficaz de defender nuestro sistema de pensiones. Es como si la tripulación del Titanic hubiera tenido la oportunidad de atisbar el iceberg unos kilómetros antes de la colisión y solo hubiera decidido seguir prestando atención a la música de su orquesta, dando por sentado que las corrientes marinas evitarían el fatal desenlace.
Con nuestro sistema de pensiones ocurre algo parecido. El anterior Gobierno atisbó en 2010 una serie de riesgos a medio y largo plazo, principalmente de carácter demográfico, pero también económicos, que el boom migratorio había ido retrasando en el tiempo. Las personas vivimos afortunadamente cada vez más: la esperanza de vida a partir de los 65 años aumenta 16 meses cada 10 años. Además, la generación del baby boom se empezará a retirar a principios de la próxima década y lo harán con una esperanza de vida mayor que la de sus homólogos europeos: unos dos años más.
Para hacer frente a estos retos, en 2011 se aprobó una reforma que, a pesar de ser la más importante desde 1985, fue desde un principio insuficiente, al corregir solo un tercio del problema potencial que por entonces se preveía. Y tampoco nos podemos engañar: aunque la situación económica se recupere rápidamente llevará mucho tiempo recuperar los niveles de afiliación anteriores a la crisis. Además, desaparecido el boom migratorio, las previsiones de crecimiento de la población activa no son tan optimistas como antes. El iceberg no solo está más cerca y es más grande de lo que se esperaba, sino que hemos descubierto que los motores no van a poder funcionar a máxima capacidad durante algunos años. No variar el rumbo a tiempo puede significar que algunas generaciones tengan que soportar un coste excesivo, cuando los recortes de las pensiones o el aumento de los impuestos terminen siendo inevitables.
La propuesta del factor de sostenibilidad del comité de expertos se articula en torno a dos factores concretos. El primero es el factor de equidad intergeneracional (FEI), que actúa solo sobre el cálculo de la pensión inicial y modera su crecimiento en función del aumento de la esperanza de vida respecto a un año base. Se trata de un parámetro adicional que se suma a los ya existentes en el cálculo de la pensión inicial, sin interferir con las medidas adoptadas en la reforma de 2011. Su objetivo principal es tratar de manera igual a personas que se jubilen con la misma edad y con el mismo historial laboral pero en años diferentes y que, como consecuencia de su distinta esperanza de vida, terminen beneficiándose del sistema de pensiones durante un número de años muy distinto.
El FEI no implica que las pensiones iniciales disminuyan, solo modera su crecimiento para garantizar la equidad entre generaciones. Según las previsiones actuales del INE, el FEI reduciría el crecimiento previsto de la pensión inicial en cinco puntos porcentuales cada 10 años. A título ilustrativo, el efecto de las altas y bajas del sistema ha aumentado la pensión media en los últimos 10 años en un 19%, casi cuatro veces por encima del efecto moderador del FEI.
El factor de revalorización anual (FRA) determina el crecimiento anual de las pensiones bajo la condición de equilibrio presupuestario a largo plazo. El FRA es la suma de tres componentes, todos ellos ajustados por el ciclo económico, para evitar que las pensiones disminuyan en las recesiones. El primero es la tasa de inflación media. El segundo es la diferencia entre los ingresos en términos reales y el aumento del gasto del sistema si las pensiones no se revalorizaran. Este aumento de gasto se explica por el aumento del número de pensiones y por el efecto sobre la pensión media de las altas y bajas del sistema. El tercero es el ajuste que debe hacerse en la revalorización anual para asegurar que el sistema corrige los desequilibrios presupuestarios estructurales en un número razonable de años.
El factor de sostenibilidad propuesto es más amplio, completo, flexible y eficaz que el de otros países europeos, convirtiéndose en un factor de sostenibilidad de tercera generación. No porque sea tres veces más duro que cualquier otro en Europa como erróneamente han interpretado algunos, sino por todo lo contrario. De hecho, el FEI es el prototipo de un factor de sostenibilidad de primera generación existente en algunos países: solo se corrige por la esperanza de vida. El factor de sostenibilidad alemán sería el prototipo de la segunda generación: corrige por evolución de la ratio entre cotizantes y pensionistas. Gracias al FRA, el factor de sostenibilidad propuesto por el Comité de Expertos va mucho allá y permite considerar todos los determinantes presentes y futuros del equilibrio presupuestario del sistema, incluidos los ingresos.
En definitiva, con su propuesta, el Comité de Expertos ha advertido de los riegos potenciales y ha articulado soluciones para garantizar unas pensiones sostenibles y adecuadas para las futuras generaciones. Lo hemos hecho dejando en las manos del Parlamento la decisión final sobre un elemento particularmente importante en el diseño del sistema de pensiones. El Parlamento representa la soberanía popular y tiene, precisamente por ello, la responsabilidad de seguir velando, como lo han hecho hasta ahora, por la sostenibilidad del sistema público de pensiones. En la medida que las recomendaciones de este Comité de Expertos puedan servir de ayuda y guía en esta importante tarea, el trabajo que hemos realizado habrá merecido la pena.
José Ignacio Conde-Ruiz es profesor de Economía en la Universidad Complutense e Investigador en FEDEA y Rafael Doménech es economista jefe de Economías Desarrolladas del Servicio de Estudios del BBVA