Pensiones y solidaridad intergeneracional

La solidaridad entre generaciones siempre ha existido. Cuando no había sistemas públicos de seguridad social, los padres se ocupaban de criar y educar a sus hijos y los hijos cuidaban de sus padres cuando estos no podían valerse por sí mismos. Este sistema sigue funcionando en muchos países en desarrollo y en la economía informal.

De ahí que, durante la pandemia de sida en África, las madres hayan tenido un mayor número de hijos para compensar la probabilidad de su muerte prematura. Mao, asimismo, rompió voluntariamente el equilibrio intergeneracional al prohibir a los chinos tener más de un hijo. Los actuales sistemas de Seguridad Social sólo elevan a nivel nacional lo que antes ocurría dentro de cada familia.

Hoy nos encontramos con otro problema serio de solidaridad intergeneracional en España. Los que nacimos entre 1940 y 1965, la generación de las familias numerosas, tuvimos mayores oportunidades de encontrar empleo en un país con la población en edad de trabajar diezmada por la guerra civil y con escaso capital humano.

Posteriormente, nuestra prole media ha sido mucho menor que la de nuestros padres y, aunque haya conseguido un mayor nivel de educación, le ha costado mucho más conseguir empleo, al haber mucha mayor competencia, y, de conseguirlo, ha sido mayoritariamente precario y temporal, pasando largos períodos sin trabajo, al poder ser despedido cada seis meses, hasta tres años, sin o con una mínima indemnización de 8 días.

Hoy el 50% de los jóvenes entre 16 y 24 años está desempleado cuando la tasa total de desempleo es la mitad. Además, muchos de ellos son mileuristas. Por ejemplo, de los 17,4 millones de declaraciones de IRPF, por rentas de trabajo, presentadas en 2010, unos 7 millones declaraban hasta un máximo de 12.000 euros anuales (bastantes pensionistas entre ellos).

Además, nuestra generación tiene una esperanza de vida muchísimo mayor que las anteriores, gracias a la mejora de hábitos de vida, medicamentos, sistema sanitario y por trabajar mayoritariamente en el sector servicios. Sin embargo, estamos jubilándonos a edades muy tempranas para nuestra creciente esperanza de vida.

La edad obligatoria de jubilación a los 65 años se introdujo en España en 1919, (Retiro Obrero) cuando la esperanza de vida media al nacer era de 40 años y cuando a los 65 años era de 50 —10 años más—. En 2011, la esperanza de vida al nacer es de 81,9 años y a los 65, de 90 años —25 años más—. Incomprensiblemente, la edad de jubilación obligatoria continúa siendo 65 años (70 opcional en algunos funcionarios) y la edad media efectiva de jubilación es 63,2 años, haciendo insostenible el sistema a largo plazo.

Felizmente, en España, la familia sigue siendo una parte muy importante de la red de seguridad social, en contraste con otros países desarrollados. Hoy muchos padres están ayudando a su prole, haciéndose cargo de aquellos que están desempleados, acogiéndoles en su vivienda, y algunos están sobreviviendo gracias a la pensión de sus padres.

Sin embargo, creo que estamos mostrando poca solidaridad intergeneracional.

Primero, porque la generación de nuestros hijos, que es muy inferior en número a la nuestra, muy mileurista y con elevado desempleo, tiene ahora que pagar nuestras pensiones, lo que les supondrá un enorme esfuerzo anual de ahorro y un «impuesto» añadido sobre sus ingresos.

Segundo, porque no queremos trabajar más años para compensar nuestra mayor esperanza de vida y reducir así el exagerado esfuerzo financiero que ellos tendrán que hacer.

Tercero, porque no aceptamos que pueda ampliarse el cómputo de cálculo de la pensión pasando, de las cotizaciones de los últimos 25 años de trabajo actuales, a las de toda vida laboral, como en muchos países europeos.

Cuarto, porque queremos indexar nuestras pensiones al IPC, cuando la generación que tiene que pagarlas está admitiendo fuertes recortes de sus retribuciones para evitar el desempleo y sus salarios están decreciendo notablemente tanto en términos reales, como nominales.

Quinto, porque la gran mayoría de nuestros hijos no están sindicados, por estar desempleados durante gran parte de su vida laboral y porque saben que los sindicatos defienden en mayor medida a sus afiliados, que son, mayoritariamente, trabajadores mayores con contratos indefinidos y no temporales y precarios.

Sexto, porque, algún líder sindical y algún político intenta todavía convencer a los jóvenes de que, si se redujesen las horas de trabajo, como se hizo en Francia, ellos tendrían más oportunidades de encontrar empleo y de que, si se retrasase la edad obligatoria de jubilación de los trabajadores, teniendo estos que trabajar más años, los jóvenes perderían sus empleos.

Es decir, tratan de inculcarles falacias tales como que la cantidad de trabajo es fija y que el número de empleos también es fijo y, lamentablemente, algunos jóvenes se lo creen. Recordemos que este argumento fue también utilizado para evitar que las mujeres primero, y los inmigrantes después, se incorporaran al mercado de trabajo, porque «robaban» los puestos de trabajo a los hombres o a los trabajadores nacionales.

La OCDE ha demostrado, en 2010, cómo en los países miembros en los que los trabajadores mayores tienen una tasa de empleo más elevada, también la tienen los jóvenes y viceversa. Cuando la gente trabaja, gana un salario que luego utiliza para comprar bienes y servicios producidos por otras personas, tanto hombres como mujeres, sean mayores o jóvenes. El crecimiento depende básicamente de que aumenten el número de personas que trabajan o de que aumente su productividad o de ambos factores. Si la jubilación a los 60 o incluso a los 50 lograse mejorar el nivel de vida, ya se habría intentado hace mucho tiempo.

Temporalmente, la gran inmigración de casi 5 millones de personas, entre 1998 y 2007, alivió el desequilibrio financiero del sistema de pensiones y permitió hacer un Fondo de Reserva de casi €70.000 millones. Pero más de la mitad de los 3,3 millones de inmigrantes no comunitarios trabajaban en la construcción y muchos están ahora en paro o abandonando España (unos 85.000 este año), mientras otros se han sumergido y no cotizan. Además, hay que recordar que los inmigrantes cotizan pero más tarde también se jubilan. Ha sido un efecto importante pero pasajero, ya que hoy el número de cotizantes está cayendo y el de pensionistas aumenta.

La última reforma de las pensiones (2011) fue positiva, pero no suficiente. Retrasó la edad de jubilación obligatoria de los 65 a los 67 años, aumentándola muy lentamente, a mes por año, desde 2013 hasta 2027. Alargó la duración del período de cotización para tener derecho a la pensión (tasa de sustitución) de 35 a 37 años y alargó la edad de jubilación anticipada voluntaria de 61 a 63 años. Amplió el período de cotización para calcular la pensión (base reguladora) de 15 a 25 años y finalmente introdujo un factor de sostenibilidad para hacer frente a las desviaciones que se produzcan sobre la esperanza de vida a los 67, a partir de 2027.

Lamentablemente, dicha reforma no va a ser suficiente, ya que el gasto en pensiones va a aumentar del 9% del PIB actual al 18% del PIB en 2050 y la reforma sólo reduciría dicho incremento entre un 33% y un 43% (de acuerdo con tres cálculos fiables). Habrá por tanto que seguir reformando el sistema público, preferiblemente con acuerdo de los dos grandes partidos, para que sea más sostenible e incentivar fuertemente el ahorro privado a largo plazo y los planes complementarios de pensiones y de seguros.

Guillermo de la Dehesa es presidente del Centre for Economic Policy Research, CEPR.

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