Apelar a la famosa frase del crimen y el error, pronunciada con ocasion de la muerte del Duque de Enghien, para iniciar estas líneas, parecerá exagerado, pero los errores en economía, como en la vida, pueden tener tan nefastos resultados que conviene destacarlos cuando son manifiestos. Tanto más si el error cometido va en contra de todos los principios económicos. Me refiero a querer recortar el déficit público —lo que es un acierto— a través del recorte del gasto productivo —lo que es un error— con las consecuencias de todos conocidas. Es lógico que el Gobierno, de la mano de Economia y Hacienda, tratara en mayo de acentuar su ajuste fiscal, buscando un déficit acorde a las instrucciones europeas. Pero si ya el ajuste de febrero afectó seriamente a la inversion pública el de mayo está representando la puntilla para una parte sustantiva del sector de la construcción. No olvidemos que primero cayó la edificación residencial y ahora corre el mismo riesgo la obra civil (infraestructuras ferroviarias, obras hidráulicas, carreteras sobre todo, etc.) que ven como se reducen sus cifras de licitación y ejecución por decisiones de Hacienda que, lejos de incidir en los recortes en gasto no productivo y tanto en las administraciones central como autonómica, apelan a la cómoda y gran bolsa de gasto que son Fomento y Medio Ambiente, causando a ambos ministerios, al equilibrio territorial y a la competitividad serios perjuicios.
Este ajuste ha llevado a Fomento —principal inversor— a tener que rescindir obras por el 10 por ciento del volumen de su cartera de proyectos en ejecución, que afectan a numerosas empresas y a reprogramar casi un 40 por ciento de tal cartera, amenazando así duramente la estabilidad y el futuro de las empresas, grandes o medianas, aunque más las medianas obviamente, concernidas. Tales reprogramaciones son, además, una suspensión de facto y debía serlo de iurepues supone una modificación esencial de las condiciones de los contratos, que debería venir seguida por el reequilibrio económico del contrato quebrantado, pues lo que se está imponiendo de facto es una «suspensión temporal» por mandato administrativo. Y sobre ello se añade que la propia administración contratante, por mor de este cuadro de instrucciones de Economía, se ve obligada a no emitir certificaciones de obra ya realizadas —aunque desde hace unos días esta situación parece estar mitigándose algo así como las reprogramaciones— incumpliendo así con sus obligaciones derivadas de la ley de Morosidad recientemente aprobada, que le obliga a pagar a 45 días, poniendo en serio peligro la tesorería de numerosas empresas. Y dilatar el cobro para éstas y acelerar los pagos que deben ejecutar a sus proveedores impidiendo el pacto entre partes, sólo puede llevarlas al concurso de acreedores. El impacto de este duro ajuste ha sido ya cuantificado: reducirá el PIB en no menos de 0,38/0,40 puntos, el empleo en unas 125.000 a 500.000 personas según la amplitud de la cadena de valor considerada, la ingeniería verá como pierde el 40% de sus efectivos y, por añadidura, arrastrará asoladoras consecuencias sobre el subsidido de desempleo que crecerá, las cotizaciones a la seguridad social que se reducirán, etc. Y, para mayor sarcasmo, el efecto neto del recorte no será el contemplado sino solo un 20-30 por ciento de la cantidad recortada.
Estamos pues ante un grave error económico. El profesor José Barea Tejeiro con su gran autoridad académica y su notoria experiencia en materia presupuestaria lo acaba de sentenciar en su artículo «La obra civil en caída libre» (6-8-2010). Afirma Barea, entre otras cosas, que «no tiene… justificación la medida del recorte de gasto en construcción de obra para reducir el déficit público» y apela a la reducción del gasto no productivo (Capítulos 2.º, Gastos Corrientes y 4.º, y 7.º, Transferencias Corrientes y de capital) basándose en la gran influencia del gasto en infraestructuras sobre la productividad (Aschauer-1989 y Mas y Maudos- 2004). Por otra parte la política de obra civil, es, todo el mundo lo sabe, contracíclica. Así se ha entendido por Paul Krugman, premio Nobel de Economía 2008: «Los tradicionales programas del estilo PWA —invertir en carreteras, edificios públicos, puertos y otras infraestructuras— son una herramienta muy efectiva para crear empleo»; por Bert Rürup, presidente del Consejo Económico asesor de Merkel (los cinco sabios): «Las medidas (obra civil) no impedirán (la crisis) pero mitigarán la recesión»; por Sarkozy: «Las inversiones son caras… pero cuesta más pagar seguros de desempleo cuando se pierden puestos de trabajo»; por Barack Obama: «Crearemos millones de puestos de empleo haciendo la mayor inversión en nuestras infraestructuras desde la creación del sistema federal de autopistas en los 50», etc. ¿Hay que añadir algo más?
Sí, que estamos, afortunadamente, a tiempo de enmendar el error, con fácil e inmediata solución, aprovechando la formulación del presupuesto de 2011. Proponemos que Economía, al elaborar el nuevo presupuesto (ahora, entre agosto y septiembre) reponga a Fomento y Medio Ambiente en sus cifras «naturales», reduciendo el gasto en otros ministerios y en otros yacimientos de gasto «no» productivo. Desde el punto de vista de la racionalidad y la ortodoxia económica ese es el camino, es más, es el único camino. Hay que cargar contra el «gasto no productivo» y potenciar el productivo, sumar a Fomento y Medio Ambiente no menos de 5.000 millones de euros. De no hacerlo así serán Economía y Hacienda y, a la postre, el Parlamento, que es quien aprueba el presupuesto, sus diputados y senadores los responsables directos de los cientos de miles de nuevos parados, en cada uno de sus distritos/provincias, que no pararán porque los mercados así lo hayan provocado, sino porque el presupuesto de 2011, en una decisión errónea, yugulará un sector vital, la obra civil, aumentando el paro vía ERE y, en definitiva, yendo contra el crecimiento y la mejora de la competitividad. Incluso la reducción del PIB podría agravar la muy reciente prevision del Instituto Flores de Lemus de que España entre en recesión —dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo— al finalizar el tercer o cuarto trimestre de este año.
Por ello, sería aconsejable que en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2011 se corrija esta situación reformulando medidas que no pasen por el recorte de la inversión sino del gasto no productivo y asegurando que el recorte no va a verse ampliado en los presupuestos de 2011 sobre las cifras ya conocidas, ni en los sucesivos. Ello con independencia de las medidas que puedan adoptarse por el lado de los ingresos fiscales (tasas o peajes vinculados con la prestación del servicio, incremento de la fiscalidad sobre los carburantes o tabaco, euroviñeta de tráfico ya implantada en Alemania, Austria y Chequia «el que usa paga», etc.), amén de programar y ejecutar privatizaciones de organismos y empresas que prestan servicios públicos, de llevar a cabo una fuerte política de ahorro y control sobre las autonomías cuyos ratingsvan siendo disminuidos día a día por Fitch o Moody's, advirtiéndonos además de su descontrolado y creciente déficit…
Pero, en fin, la prioridad de las prioridades —perdón por la redundancia— es la de reponer en el presupuesto de 2011 de los Ministerios inversores y singularmente Fomento, los importes ahora detraídos para normalizar unas nuevas inversiones más acordes con las necesidades de la obra civil, del empleo y de los equilibrios territoriales. Hay numerosas fuentes de gasto no productivo que pueden ser recortadas para reponer al alza las inversiones en obra civil o aumentos fiscales que pueden legislarse. Y debe hacerse urgentemente. Es el momento.
Jaime Lamo de Espinosa