La actual crisis de la deuda soberana ha puesto de manifiesto las debilidades en el diseño original de la zona euro, así como las debilidades de la economía española.
En el primer caso, existe un consenso cada vez más amplio en el sentido de que para preservar la irreversibilidad del euro, es necesario ir ejecutando los pasos hacia una mayor integración política europea, incluyendo los hitos de la unión bancaria, unión presupuestaria y fiscal, y finalmente una nueva estructura institucional y política basada en un modelo federal propio. Desde Estados Unidos y otras partes del mundo se requiere a los líderes europeos para que cuanto antes lleven a cabo esta hoja de ruta, cumpliendo así con los compromisos iniciales adoptados en el Consejo Europeo el pasado 29 de junio. El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, ha llamado la atención con claridad sobre las consecuencias que la falta de resolución de la crisis de deuda europea —y, en primer lugar, de la falta de liquidez de algunas economías europeas— tendría sobre la economía americana y el actual descenso del crecimiento mundial. La profunda recesión resultante afectaría gravemente a las economías con dificultades de financiación, pero también a los países centrales de la eurozona y a la economía global. Es mucho lo que está en juego para todos ante la inacción del Banco Central Europeo y cualquier retraso o incertidumbre sobre el cumplimiento de la hoja de ruta.
En relación con la situación de fuerte presión de los mercados sobre la deuda española y las dudas que suscita la recuperación de la economía española, es preciso señalar las fortalezas, allí donde en ocasiones solo parecen percibirse debilidades, y estas magnificadas.
Por ejemplo, vale la pena resaltar que el coste laboral unitario se ha venido reduciendo significativamente, un 4,9% desde principios de 2008, y casi un 7% desde el máximo alcanzado en 2009. Esta disminución contrasta positivamente con el aumento del 6,5% en la zona euro, y del 9% en Alemania. La contención del coste laboral se debe en parte a que prácticamente no se han producido incrementos salariales nominales a lo largo de los dos últimos años, frente a unas subidas medias en Europa de casi el 4%.
La productividad está aumentando con fuerza, medida no solo en términos de contribución al producto interior bruto por trabajador, lo que podría estar conectado con la reducción de la masa laboral, sino también en términos de contribución al producto interior bruto por hora trabajada. Con excepción de Hungría, España ha sido el país de la OCDE con mayores avances en productividad desde finales de 2011. La reciente reforma laboral del Gobierno debería profundizar en esta dirección.
Como resultado del incremento de la productividad, la economía española está recuperando su competitividad, permitiendo que las exportaciones lideren el progresivo cambio de nuestro modelo económico. En los últimos seis meses las exportaciones de bienes y servicios han alcanzado el máximo histórico desde que se registran datos en España. Se estima así que este año 2012 las exportaciones puedan superar los 320.000 millones de euros. Gracias a esta orientación de las empresas españolas hacia las exportaciones, en el conjunto del periodo 1999-2012 España ha sido uno de los pocos países desarrollados que ha conseguido defender su cuota en los mercados mundiales, en contraste con el descenso acumulado del 4,1% en Estados Unidos o del 2,2% en Reino Unido y el 1,4% de Alemania, ante el desafío comercial de las potencias emergentes.
Una tercera fortaleza es el grado de internacionalización de nuestras empresas, en particular las cotizadas en el Ibex, cuyos ingresos del exterior superarán el 60% en 2012. Esta internacionalización genera beneficios en ambas direcciones, atrayendo a España nuevos proyectos de investigación y desarrollo. En contra de una percepción generalizada, solo Reino Unido y Francia superan a España en número de centros de investigación abiertos por empresas extranjeras en los últimos años. Gracias a ello, España acoge hoy centros de I+D de las principales multinacionales.
Quizás sea conveniente también hacer algunas matizaciones respecto al elevado nivel de deuda privada de España. El volumen total de deuda externa de nuestras empresas, excluyendo cédulas hipotecarias, alcanza el 97% del PIB, lo que habitualmente se cita como una carga negativa para la economía española. Sin embargo, no debe perderse de vista que estas mismas empresas, gracias a su dinámica de expansión internacional, han acumulado activos en el exterior por un valor aún mayor, equivalentes al 113% del PIB. Nuestro balance acreedor neto es en este sentido positivo. Tampoco la relación entre la carga financiera de las familias y su renta disponible se halla por encima de las ratios similares de Alemania o Italia, y es incluso inferior al nivel actual en Francia.
Por lo que respecta a las otras dos cuestiones que han suscitado mayor falta de confianza recientemente entre inversores internacionales, la deuda de las comunidades autónomas y la situación del sector bancario, también hay que ponerlas en contexto. La deuda, sin duda preocupante, de las comunidades autónomas, equivalente al 13,1% del PIB a finales de 2011, se halla obviamente ya contabilizada en el conjunto de la deuda nacional —lo que no siempre se entiende correctamente fuera— y el compromiso constitucional del déficit cercano a cero, anclado en la Ley de Estabilidad Financiera, debería dar a esos mismos inversores una fuerte garantía de ortodoxia presupuestaria.
El sector financiero —en concreto, las cajas de ahorros— ha sido el que ha desencadenado la fuerte subida de la prima de riesgo en las últimas semanas, y ha obligado al Gobierno a la solicitud de asistencia financiera. Sin embargo, no ha sido suficientemente asimilado por los medios internacionales el hecho de que la cantidad que podría resultar necesaria para la recapitalización de las entidades financieras en crisis —en el entorno de los 60.000 millones de euros— responde al escenario más adverso previsto por los consultores independientes Roland Berger y Oliver Wyman, esto es, para el caso de que se produjera una pérdida del valor en libros de los activos de los bancos de casi 270.000 millones de euros, escenario bastante pesimista en relación con las expectativas de la mayoría de analistas internacionales. En cualquier caso, la magnitud de la inyección necesaria ante tal escenario con relación al PIB sería inferior a la realizada en otros países desarrollados como Estados Unidos y Reino Unido. Adicionalmente, la relación del valor de las hipotecas pendientes de pago respecto al valor de los inmuebles en el mercado se halla por debajo de sus equivalentes en Alemania, Estados Unidos o Francia, lo cual aumenta la seguridad de la cartera de crédito.
Por último, cabe reseñar que incluso en el sector vórtice de la crisis española, en el inmobiliario, el parón casi absoluto en la construcción de nuevas viviendas —muy por debajo del nivel de producción que requiere la economía en el medio plazo: entre los 150.000 y 250.000 al año— está comenzando a reflejarse en la reducción del stock de vivienda. Esta dinámica, combinada con la acumulación de demanda implícita derivada de la formación de nuevos hogares, junto con los retrasos habituales entre iniciación y finalización de nuevos proyectos, podría indicar la proximidad de una recuperación del sector en el medio plazo.
No se trata, obviamente, ni mucho menos, de echar las campanas al vuelo ni de anunciar falsas expectativas. El proceso de ajuste de la economía española será sin duda todavía largo y difícil, pero conviene también mostrar —sobre todo, frente al excesivo castigo infligido por los mercados— que el potencial de la economía española es real, y que con algo de tiempo y de estabilidad el muy doloroso ajuste que estamos sufriendo debería materializarse en un futuro no tan lejano en resultados positivos.
José María Beneyto es portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados.