El caos que padece la red de cercanías en Cataluña es un dato objetivo. La precipitación, asimismo caótica, con que se ejecutan los trabajos del tren de alta velocidad ante su llegada a Barcelona también constituye un dato objetivo. Son sólo dos ejemplos, pero la ciencia acostumbra a extraer conclusiones generales de los datos empíricos.
Todo ello viene a colación de lo manifestado días atrás en estas páginas por Don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en las que se lamentaba -quiero creer que sinceramente- por el desafecto hacia Cataluña, que el autor apreciaba de manera creciente en el conjunto de la sociedad española. Si el autor se hubiese limitado a lamentar la brecha entre unos y otros, yo coincidiría plenamente con él, pese a no compartir algunas de las salidas de tono que durante años nos ha dedicado el ex presidente de Extremadura y que tal vez han contribuido a la expansión de esa brecha. Pero no, la tesis de su artículo redundaba en la afirmación cada día más extendida (aunque no por ello más veraz) según la que las múltiples desgracias que se abaten sobre Cataluña son el resultado de nuestra obstinación identitaria y de nuestra propia incapacidad durante décadas. Todo ello, afirmaba Rodríguez Ibarra, es un cúmulo de "percepciones", pero no tiene otra explicación alternativa.
Con todo el respeto del mundo creo que el Sr. Rodríguez Ibarra se equivoca. El caos ferroviario que ejemplifica la llegada del AVE es sólo una punta del iceberg. Una observación desapasionada de los hechos evidencia que tanto las cercanías ferroviarias como la extensión de la alta velocidad son competencia y responsabilidad del Gobierno central. La pericia o la impericia de los sucesivos gobiernos de Cataluña poco ha podido influir en el estallido actual de la política ferroviaria. No hay en esta materia ninguna decisión "identitaria" (a no ser que el caos se deba al deseo del uso también de la lengua catalana junto a la castellana en las estaciones) ni tampoco puede obedecer a ningún designio de la Administración catalana. Es más, si algún ferrocarril funciona y bien en Cataluña es el que se gestiona desde el propio Gobierno catalán, es decir los Ferrocarriles de la Generalitat.
Para el ex presidente extremeño, la continuada capacidad de influencia de los partidos catalanes -supongo que se refiere a CiU- durante la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado demostraría una pésima capacidad de negociación si, tras los acuerdos, Cataluña se halla aún carente de las mínimas e imprescindibles inversiones estatales. Tal vez tenga parte de razón y debamos asumir la cuota de responsabilidad que nos corresponda, aunque cabríaprecisar que desde 1982 hasta la fecha, han sido abundantes las mayorías absolutas del PSOE y del PP -las más de ellas, socialistas- durante las cuales carecíamos de influencia práctica alguna. Pero, ciertamente, en los restantes periodos, tal vez CiU se equivocó al centrarse, antes que nada, en la necesidad de garantizar la estabilidad política, superar las crisis económicas, apoyar la economía productiva o crear las condiciones necesarias para alcanzar los criterios de Maastricht. Todo ello lo hicieron "prácticamente gratis" los nefandos fenicios catalanes, esas masas insolidarias a las que la situación del conjunto de la sociedad española parece que les trae al pairo.
Tal vez antes, durante la lucha por las libertades personales y nacionales bajo la dictadura, se nos admiraba. Ahora parece que no. El pecado es haber intentado conseguir un Estado común y compartido que pusiese fin a la habitual desinversión en Cataluña. Y no por ningún afán de gastarnos los dineros expoliados en cuestiones identitarias, sino sólo con la vana y fútil pretensión de lograr que el Estado nos proveyese de las mismas autovías que al resto de España, o que el aeropuerto de Barcelona (que tampoco es competencia del Gobierno catalán ni responde a sus decisiones) tuviese una capacidad de desarrollo similar a la que generosamente invierte el Estado en el aeropuerto de Madrid o que los enfermos catalanes -y cuantos pacientes de otros territorios acuden aquí para su tratamiento- recibiesen en términos reales las mismas prestaciones y dotaciones económicas que en las restantes autonomías.
Se ha hecho mucha demagogia, sumamente injusta, en relación a las reivindicaciones de Cataluña. Una forma de acabar con las percepciones subjetivas consistiría en la publicación de las balanzas fiscales. En Alemania, por ejemplo, las transferencias entre los lander son públicas y conocidas al céntimo, y no por ello se ha quebrado la solidaridad interterritorial; muy al contrario, su conocimiento permite sentar las bases del debate no en las percepciones subjetivas sino en la objetividad de los datos. Más triste aún: cuando desde Cataluña clamamos por un trato digno, el partido de la oposición de turno -ora el PP, ora el PSOE- siempre añade "percepciones" demagógicas a la cuestión, no tanto por las reivindicaciones catalanas en sí, sino como ariete de desgaste al ejecutivo gobernante. Nadie, en ningún momento, tuvo la decencia de examinar sin aspavientos ni rasgaduras aquello que se pedía una y otra vez. El nacionalismo catalán, sin embargo, demostró una responsabilidad y un sentido de Estado que, se quiera o no, nadie puede negarnos sin enrojecer. De hecho seguimos demostrando un sentido de Estado que otros no tienen. ¿O no son el PP y el PSOE quienes están poniendo patas arriba pilares institucionales como el CGPJ o el mismo Tribunal Constitucional?
Y ahí están los datos: la inversión del Estado en Cataluña nunca se ha aproximado al monto que representa nuestra aportación al PIB estatal ni al porcentaje de personas que habitan en Cataluña. La desinversión del Estado en Cataluña ha sido constante y continuada, tan compartida por unos y por otros que casi parece la única cuestión en que PP y PSOE han podido llegar a un acuerdo estable. Y mientras ello sucede, los datos disponibles arrojan asimismo un déficit fiscal entre Cataluña y el Estado injusto e inaceptable.
Respeto a quien opina que tal vez ahora los catalanes no seamos el ejemplo de progreso y libertad que suponíamos para el resto de España bajo Franco, pero no por ello hemos dejado de ser objeto de imitación constante. Todo el sistema autonómico, incluida su financiación, no es sino resultado del impulso catalán. Y duele que seamos nosotros quienes debamos lidiar con la cicatería del Estado, mientras unos y otros, por turnos, braman contra la quiebra de España y el desguace estatal en manos de los catalanes, para luego, acto seguido, en una muestra de admiración suprema, apuntarse raudos a las mismas reivindicaciones. Sólo que con más éxito y menos sentido de Estado.
Josep A. Duran i Lleida, presidente del comité de gobierno de Unió y portavoz del grupo parlamentario de CiU.