¿Perderemos la autonomía municipal?

La espiral de anuncios gubernamentales derivados de la crisis social, económica y política que sufre Europa ha hecho caer gobiernos estatales, está haciendo tambalear legítimos gobiernos nacionales (dichos autonómicos en nuestro caso) y en los últimos días está apareciendo el fantasma del intervencionismo sobre los gobiernos municipales y regionales. Se habla de fusión de municipios, de mancomunar servicios y de reducción de administraciones supramunicipales. Objetivos todos ellos que comparto siempre que se hagan con sensatez, con consenso y con rigor: cuando hace dos años me opuse -con otros alcaldes- al establecimiento de las veguerías, ya defendía que no podía haber nuevas administraciones si antes no se eliminaban otras.

Sin embargo, ahora el pensamiento conservador que recorre Europa -y que hace mella especialmente en estados y gobiernos débiles como el español- da un paso más allá y pone en riesgo autogobiernos nacionales y gobiernos municipales. El Gobierno del Estado lleva tiempo hablando de intervenciones o, al menos, del control del gasto de las comunidades autónomas, pasando por encima de tres conceptos para mí fundamentales: el ámbito competencial (que en el caso de Catalunya fija nuestro Estatut), los compromisos económicos y financieros del Estado aprobados en el mismo Estatut y, en tercer lugar, la poca o nula toma en consideración de que la componente mayor de la deuda y el déficit público corresponde en primer lugar al Estado y en segundo y tercer lugar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Lo que debería ser el primer objetivo, la reforma del Estado, se quiere convertir en una reforma solo de los gobiernos nacionales o regionales y de los gobiernos locales.

Ahora se habla (se amenaza) con una próxima normativa de prohibición de «las competencias impropias» de los ayuntamientos. La ciudadanía no sabe qué es eso y resulta imprescindible explicarlo. Detrás de la palabra «impropia» se esconden buena parte de las tareas que llevan a cabo los ayuntamientos en ámbitos como la educación, el fomento del empleo o la atención social. Es decir: los conceptos que más sentido dan a la política con mayúsculas que hacemos desde los ayuntamientos.

Si prohibir el ejercicio de las «competencias impropias» aporta un ahorro a los presupuestos públicos, ¿quiere decir que no se harán estas políticas? Si estas las sigue haciendo alguien, no hay ahorro porque justamente se ha demostrado a lo largo del tiempo que el uso de los recursos es más eficiente y eficaz cuanto más cercana es la administración que la presta respecto al receptor del servicio. ¿Se puede prohibir a los ayuntamientos prestar servicios ciudadanos si otra administración no lo hace? ¿La visión cortoplacista de las soluciones a la reducción de la deuda y el déficit, también hará cambiar el Estatut de Catalunya como la Constitución española? El artículo 84 del Estatut fija las competencias municipales, con el principio de subsidiariedad que también incluye, y que hace que los ayuntamientos tengamos que responder a las necesidades sociales que nadie más atiende. Creo que recortando competencias municipales no ahorraremos dinero ni reduciremos la deuda y el déficit. Solo ahorraremos y reduciremos si eliminamos la educación de 0 a 3 años, si no hacemos políticas de fomento del empleo o si no prestamos más servicios sociales que la atención primaria. Pero, entonces, debemos dejarlo claro sin recurrir al eufemismo que se utiliza. Detrás de la frase «prohibiremos las competencias impropias de los ayuntamientos» hay una realidad de extrema gravedad: no habrá políticas sociales básicas.

Justamente las grandes áreas de progreso en Europa se han basado históricamente en gobiernos municipales y regionales fuertes, que han desplegado competencias amplias (la Italia renacentista o las ciudades-Estado alemanas, bálticas o escandinavas). Justamente a escala local y regional es donde encontramos más herramientas para salir de la crisis. La crisis actual es mucho más que una crisis y discrepo de los que dicen que es una oportunidad (¡les regalo esta oportunidad!).

Estamos ante un cambio social y de un punto de inflexión político en el que podemos perder muchos derechos y bienes materiales conquistados a lo largo de siglos pero donde no podemos perder ni valores humanos, ni dignidad, ni democracia, ni los aprendizajes históricos que nos enseñan que la ciudad es el núcleo donde convive y progresa una comunidad, y que una nación es el espacio donde se forja una identidad y un futuro común. Y Europa, que es el único marco de solución al momento actual, ha sido siempre una amalgama de ciudades fuertes, de grandes regiones culturales y de estados-nación. Si las visiones cortoplacistas de reducción de la deuda y el déficit ponen en riesgo los gobiernos y las competencias de las ciudades y las naciones, habremos perdido en este proceso buena parte de nuestra identidad y del futuro de nuestros ciudadanos. Porque, como también la historia ha demostrado, el mundo municipal y el mundo regional son los espacios óptimos para las políticas de fomento de la actividad económica y de atención social que son las que nos harán salir del momento actual sin dejar en el camino nuestros valores.

Àngel Ros, alcalde de Lleida y secretario de Cohesión Territorial del PSC.

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