Debe ser que en cada casa rigen costumbres y maneras diferentes o debe ser que en algunos parlamentos los diputados electos son obligados por el capricho de los que lo rigen provisionalmente a comparecer personalmente para entregar sus credenciales en la secretaría correspondiente, para rellenar algunos documentos y para coquetear ante la cámara del fotógrafo que inmortaliza la imagen de los insignes próceres. He sido diputado estatal en dos legislaturas y media y diputado regional en seis ocasiones, y en todos los prolegómenos de cada legislatura tuve que pasar por el trámite descrito más arriba. Pero, al parecer, no todos los parlamentos exigen esas condiciones.
Todos hemos visto y oído como sus señorías se levantaban de sus escaños cuando eran llamados por el secretario de la Mesa de edad del Congreso de los Diputados para jurar o prometer el cumplimiento de la Constitución española. Y si ese trámite es necesario en el Parlamento español, y así ocurre en otros parlamentos regionales y en el Senado, y en los Ayuntamientos y en las Diputaciones, se imagina uno que también será necesario en el Parlamento catalán. Si así fuera, está claro que Puigdemont, y todos los que se fugaron huyendo de la Justicia, no podrán ser diputados porque no podrán cumplir con el requisito exigible de presencia física.
Parecería lógico que en la democracia española se exigieran las mismas responsabilidades y las mismas pautas de comportamiento, al margen de quiénes fueran los actores que confluyeran en la escena política. Abandonar el cargo público por una investigación judicial es una norma de conducta que ha ido ganando terreno hasta el punto de que no existe en el panorama político español partido político que objetara en contra de esa eventualidad. El último caso conocido ha sido la dimisión del presidente del Tribunal de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda, del PP, imputado con otras 21 personas por el caso Lezo.
En la opinión pública, y también en la publicada, ha ido calando la idea de que investigado equivale a dimitido o cesado, sobre todo, si el investigado es afiliado o cargo público del PP o del PSOE. No se conocen las razones por las que se es tan exigente en los casos de investigación cuando son esos dos partidos los afectados. A populares y socialistas no se les enseña la tarjeta amarilla cuando un juez decide investigar a alguien perteneciente a sus filas; sencillamente la artillería se dirige contra ellos para que la simple imputación les inhabilite para seguir ocupando un cargo institucional. Es posible que se sea tan exigente con partidos a los que se les concede gran importancia y sostenibilidad y, por el contrario, tan laxos con aquellos otros a los que no se les concede la más mínima atención porque, hagan lo que hagan, sus gestos y actitudes no significan nada para el devenir de los españoles. Pero, también, se podría observar el fenómeno desde la perspectiva de la desconfianza y el descrédito. Como PP y PSOE son dos partidos “anticuados”, a la menor falta que cometan, se les castiga rigurosamente, exigiendo dimisiones o ceses.
Sea como sea, el caso es que produce sensación de hastío cuando se observa la discusión sobre si Puigdemont o Junqueras podrán o no ser presidentes de la Comunidad Autónoma catalana. Si estuviéramos ante esa disyuntiva siendo esos dos personajes diputados electos del PP o del PSOE, se oirían las voces escandalizadas de los analistas y contertulios exigiendo la dimisión de quienes no solo están investigados, sino que se dieron a la fuga o están en prisión provisional. Nadie entendería que el tesorero del PP, Luis Bárcenas, hubiera seguido de senador cuando fue investigado y encarcelado provisionalmente por los delitos que le imputa la Justicia. No sé las razones por las que sí se entiende que Puigdemont o Junqueras no solo lleguen a ser diputados autonómicos, sino que, además, se especule sobre la posibilidad de que lleguen a ocupar la presidencia de la Generalidad de Cataluña, fugado uno y encarcelado otro.
Para más desvarío, el presidente de cualquier comunidad autónoma, incluida la de Cataluña, es además el representante ordinario del Estado en esa comunidad. Resultaría grotesco que Puigdemont representara a la Monarquía parlamentaria española en Bruselas o que Junqueras, presidente de Cataluña, representara a la Monarquía española en esa república catalana que ambos aprobaron y firmaron cuando se sabían y creían los reyes del mambo. Hoy ya no lo son y, por eso, quieren convertirse en mártires por la puerta trasera.
Juan Carlos Rodríguez Ibarra fue presidente de Extremadura entre 1983 y 2007.