Permisos parentales e igualdad

Esta semana el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa promovida por Unidos Podemos que busca igualar los permisos de maternidad y paternidad. Se trata de una proposición no de ley para una reforma integral que iguale, con un calendario progresivo, ambos permisos en 16 semanas en casos de nacimiento, adopción o acogida. Una batalla que la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA) lleva tiempo peleando.

La justificación de esta propuesta es evidente: en España y prácticamente en el resto del mundo, los papás no disfrutan de ningún permiso de paternidad más allá de los escasos primeros días del nacimiento o la adopción. Además, aunque en teoría tanto madres como padres pueden prolongar su interrupción en el mercado laboral acogiéndose a permisos parentales, en la práctica son solo las madres quienes lo hacen.

Suecia es la gran excepción, y lleva una gran ventaja respecto a todos los demás. ¿El secreto? Una larga trayectoria en políticas de igualdad, el acierto de las daddy quotas y una sociedad preparada para el cambio. Es decir, una de esas raras situaciones felices en las que la combinación acertada de cambio social incipiente y política pública coherente abre una ventana de oportunidad que consigue cambiar pautas de comportamientos a pequeña escala primero y transformaciones sociales más profundas después.
Las políticas introducidas en Suecia sobreviven a todas las elecciones y cambios de gobierno

Pero no hay fórmulas mágicas, sino políticas de largo recorrido. Las cuotas reservadas exclusivamente para padres (sin posibilidad de cesión a la madre) se introdujeron en Suecia en 1995 y consistían en 30 días. La iniciativa funcionó bien y en el 2002 pasaron a ser 60 días, que se convirtieron en 90 en enero de este año. Más de dos décadas impulsando y reforzando esta medida, que se inserta en un paquete mucho más amplio de políticas de cuidado a la infancia, políticas de igualdad de género y políticas de organización del tiempo de trabajo que milagrosamente, nos podría parecer, sobrevive a todas las elecciones y cambios de gobierno que acontezcan.

Pero dejemos el Norte y volvamos al Sur. En España se ha legislado mucho en igualdad gracias fundamentalmente al compromiso decidido de los gobiernos socialistas. En el caso de los permisos por maternidad, paternidad y parentales, conviene desde mi punto de vista sopesar tres elementos para calibrar el posible éxito de esta nueva iniciativa.

En primer lugar, además de la más que evidente desigualdad entre mujeres y hombres, existen sesgos de clase muy significativos. Mujeres de distinto nivel educativo disfrutan de manera muy desigual tanto de permisos parentales como de la reducción del tiempo de trabajo. Las mujeres con niveles educativos más altos tienen más probabilidades de hacer uso del permiso parental y durante más tiempo o de reducir el tiempo que le dedican al trabajo remunerado que las mujeres con niveles educativos inferiores. No es arriesgado afirmar que su probable mayor nivel de renta familiar les permite con mayor facilidad sacrificar ingresos para ganar en tiempo de cuidado de sus hijos. Tenemos ya muchas evidencias empíricas que indican verdaderos abismos entre las posibilidades de familias de distintos estratos sociales de conciliar tiempos de crianza y de trabajo. Por tanto, una ampliación del permiso por paternidad sin la remuneración del 100% del salario como contempla la iniciativa presentada, seguiría siendo un lujo al que una mayoría de familias no podría aspirar.

Segundo, desde que comenzó la crisis y según datos del Anuario de Estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número de madres y padres que solicitan permisos ha caído en un 16,7% (periodo 2008-2014), interrumpiéndose así la pauta anterior de crecimiento, lento pero sostenido, de la última década. Es decir, para muchas familias es la falta de trabajo –o su precariedad– lo que les impide acceder a los permisos parentales y otras fórmulas de conciliación. El éxito de políticas sociales vinculadas de una u otra forma a la situación laboral no puede desligarse del funcionamiento de este.

En tercer lugar, buenas y loables ideas no nos faltan, pero hemos de garantizar su continuidad. La ley de igualdad del 2010 del Gobierno de Zapatero ya incluía un permiso paterno intransferible con una ampliación progresiva hasta alcanzar el mismo periodo que el permiso por maternidad. La medida fue una de las primeras en caer en cuanto entró en juego la austeridad. El Partido Popular no ha votado ahora contra la iniciativa parlamentaria, pero se ha abstenido. Dado el panorama, no es una buena noticia.

Pero en realidad deberíamos confiar en nuestras propias fuerzas. Desde que la maternidad primero y la paternidad después se reconocieran como contingencias de regulación propia a principios de los años 90, el marco de protección laboral y de la Seguridad Social ha evolucionado inequívocamente hacia un sistema garantista, más igualitario e inclusivo. No es cierto que nos encontremos ante un “sistema obsoleto”. La inclusión de los padres en los permisos de lactancia, la equiparación de la filiación biológica y la adoptiva, el reconocimiento de la adopción y la acogida como situaciones causantes de derecho; la incorporación de problemáticas específicas como el permiso para el cuidado de hijos prematuros o de hijos con enfermedades graves, la protección específica de víctimas de violencia de género o la introducción de mecanismos contra la discriminación laboral por embarazo o maternidad han sido incorporaciones que han ido tejiendo a lo largo de las últimas tres décadas un cuerpo legislativo que no alberga ya ningún eco de tiempos pasados. Nada de todo esto cayó del cielo, no dejemos de tejer.

Margarita León, Profesora de Ciencia Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. Analista de Agenda Pública.

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