Pero ¿por qué?

Por José Ramón Recalde, exconsejero socialista del Gobierno vasco (EL PAÍS, 19/10/05):

El proyecto de Estatut catalán me provoca un profundo sentimiento de decepción. No me refiero, aunque podría hacerlo, al juicio sobre la técnica jurídica del proyecto de texto aprobado: allá la capacidad de errar de los políticos cuando dan a luz -o a turbias brumas- un texto tan disparatado desde el punto de vista de la corrección jurídica. No me refiero tampoco a que no deba, o no pueda, negar a un Gobierno o un Parlamento autonómicos el derecho a aprobar una propuesta de Estatuto, la que quieran. Como tampoco me refiero al deber, o a la posibilidad, de oponerse al texto aprobado, utilizando para ello el procedimiento legal y dos razones claras y distintas: denunciar la inconstitucionalidad del texto; denunciar la inoportunidad del texto, apelando para ello a la razón que al legislativo español le asiste: la de manifestar su opinión contraria, porque se opone al bien común de la comunidad española, incluida la catalana. Para nada nos tenemos que sentir atados por imprudentes promesas que el presidente del Gobierno haya hecho, confiando en la racionalidad -o acaso en la buena fe- de líderes del Gobierno catalán. Promesas que en ningún caso han podido hacerse en mi nombre.

No se trata tampoco, aunque ya estamos más cerca de nuestro tema, de cómo podemos sentirnos afectados por la agresividad que rezuma el proyecto estatutario, agresividad militante, no tanto por la afirmación de lo catalán cuanto por la negación de lo español. Cada uno, cada ciudadano, es al cabo dueño -y deudor- de sus propios sentimientos y responsable de sus propios errores. El proyecto estatutario sostiene a la nación catalana sobre elementos que pueden aplicarse a los catalanes, pero también a todos los españoles (quede claro que evito usar el término de “nación española”). Son éstas las imágenes del proyecto estatutario de “tierra de acogida” que, a lo largo del tiempo, se habría encontrado con las aportaciones de energías de muchas generaciones, de muchas tradiciones y culturas. Pero esa “tierra de acogida” ¿está definida por los que acogen o también por los que aportan energías, tradiciones y culturas? O, en otra dimensión, ¿somos, desde el proyecto de Estatut, los defensores de la nación catalana o los últimos sostenedores, contra la nacionalidad española, francesa, occitana, de la realidad nacional con entidad propia de Cataluña y de “el Aran”?

Hay algo que nos pierde en este decurso de los tiempos, definidor de naciones, que es, sin embargo, lo que nos interesa: aquello a lo que me refiero y que me provoca un profundo sentimiento de decepción. Y aquí viene mi reflexión sobre los socialistas catalanes.

¿Por qué los socialistas catalanes han promocionado un Estatut en el que asoma el prejuicio del nacionalismo: “Sociedad unida por un común error sobre sus orígenes y una común aversión a sus vecinos” (J. S. Huxley y A. C. Haddon)? ¿Por qué, después de tener pactada una Constitución que ha funcionado aceptablemente, intentan reventarla?

Una interpretación socialista de la Constitución -que es un texto pactado entre socialistas y no socialistas, fueran éstos progresistas, conservadores, nacionalistas españoles, catalanes, vascos y otros- podría haber templado la exagerada carga ideológica que ciertos términos habían introducido. Así, cuando, tratándose de la Constitución de un Estado compuesto y con problemas de nacionalismos, se introducen términos ideológicos como son los de “nación”, “nacionalidad” y “región”, que son entendidos de tan diversa manera por unos y por otros. El artículo 2º de la Constitución dice que ésta “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.

Pero, desde algunas “nacionalidades”, las ideologías nacionalistas niegan la condición de “nación” a la “española, patria común”, y niegan también la condición de “nacionalidad” a la propia, patria particular, que sería así algo jerárquicamente superior, “nación” y no “nacionalidad”. La calificación como “nacionalidad” sería entonces el reconocimiento que los no nacionalistas haríamos a aquellas comunidades que tienen nacionalistas. Pero sería un reconocimiento poco agradecido porque los nacionalistas (y los socialistas catalanes) se niegan a aceptarlo.

El Estatut de Cataluña entra al trapo de lo que, para los socialistas, debería ser un error fundamental. Está claro que cualquier tesis política puede, en democracia, ampliar el campo libre del debate. Pero si la ideología socialista pretende ser coherente, no tendría que haber entrado en el tema de la nación, algo contra lo que ha tenido que librar importantes batallas. En desigual combate hemos sufrido tan importantes derrotas que tendríamos que haber aprendido.

La Constitución había inventado la virguería de distinguir entre “nación” y “nacionalidad” (y dejemos por hoy el término “región”, en el que se pierden ¿Aragón?, ¿Navarra?, ¿Andalucía?). Pero ahora, con el proyecto catalán, se recupera el concepto unitario de “nación”, atribuido ahora a Cataluña (aunque su talón de Aquiles está en el Valle de Arán, que tiene “realidad nacional con entidad propia”). Algo que no tiene España, que será simplemente Estado plurinacional, pero no “nación”, ni “nacionalidad”, ni tendrá “realidad nacional con entidad propia”. Vamos, que aunque hayamos aportado “energías de muchas generaciones, de muchas tradiciones y culturas”, los españoles (y, en la medida en que quisieran identificarse con ellos, los socialistas catalanes) somos nada menos, pero nada más, que ciudadanos de un Estado plurinacional.

¿Existen, o no, ingredientes unitarios -lengua, derecho, historia política y cultural, sentimiento de unidad- como para mantener el término de “nación” referido a España? Mi respuesta es que tan ideológico es el término cuando nos referimos a la nación española como a la gallega, a la navarra, a la vasca, a la catalana, o a cualquier otra. Pero si de lo que se trata es de si tiene sentido afirmar si España es algo más que un Estado, la respuesta debe ser positiva. Además, si la nación es lo que los nacionalistas designan como tal, ¿cabe aceptar la argumentación de que nación sólo hay una? Porque entonces ¿cómo resolvemos el problema de afirmación de la comunidad nacional gallega, país en donde una notable mayoría no es nacionalista? ¿O el de la comunidad vasca, dividida en dos partes apreciablemente iguales? Los no nacionalistas ¿estaríamos descalificados para pertenecer a una comunidad porque afirmamos las dos?

¿Acaso el problema deja de existir cuando nos referimos a Cataluña? Pues por eso el proyecto de Estatut catalán me provoca el sentimiento de profunda decepción que he reconocido al principio. Porque eso significaría que la idea de Estado, la de nación, la de nacionalidad, se habrían modificado por defección de los socialistas catalanes.