Pero…¿nos duele España?

Recientemente, los medios de comunicación se han hecho eco de la multa impuesta por un Juzgado al alcalde de una localidad barcelonesa por el retraso en el cumplimiento de una sentencia que obligaba al consistorio -y he aquí lo relevante- a izar la bandera española en la fachada del Ayuntamiento. La multa en cuestión, 1.500 euros. Las reflexiones que provoca el hecho en sí, muchas.

Desde hace años, son frecuentes los conflictos por la negativa de algunas autoridades a colocar en los edificios oficiales la bandera de España, con infracción de lo dispuesto en la Ley 39/1981, de 28 de octubre. Estas conductas, que no hallan parangón en países de nuestro entorno, nos aproximan a una problemática de mayor calado: ¿existe realmente en España un sentimiento nacional, un «pegamento» que una de verdad a los españoles, más allá de los éxitos de nuestra selección nacional de fútbol? Pero, volvamos un momento con el asunto de la bandera, pues de la forma con la que nuestro ordenamiento jurídico resuelve estos conflictos se pueden extraer ya algunas conclusiones.

Pero...¿nos duele España?

No han faltado voces que ven en esa negativa a izar la enseña nacional en edificios oficiales la posible comisión de un delito de ultraje u ofensa a la bandera, previsto en un artículo del Código Penal -el 543-, ubicado en el Título relativo a los delitos contra la Constitución.

Con independencia de la simbólica pena contemplada para este delito -que por su naturaleza bien merecería una sanción mayor, proporcionada a su auténtica gravedad (la que tienen, por cierto, los auténticos y genuinos ultrajes a la bandera nacional)-, la forma en la que aparece redactado legalmente hace dudoso que la pura omisión de su colocación sea, sin más elementos, encasillable en el tipo penal. Es dudoso que la simple inactividad que representa esa falta de colocación tenga un contenido calificable de verdadera afrenta. Si la colocación en los edificios oficiales tiene más de afirmación identitaria a través de la exhibición pública del emblema nacional que de verdadero acto de homenaje continuado hacia la bandera exhibida -eso es, al menos, lo que se ha pretendido por el legislador-, parece lógico entender que la omisión de su colocación no es tanto una afrenta a lo que ella simboliza cuanto una negación de lo que con su colocación se afirma o se reconoce. Son dos cosas muy diferentes y, por ello, el delito previsto en el artículo 543 del Código Penal parece estar reservado para lo que está: las afrentas y las injurias a la bandera española, no para las afirmaciones o negaciones de una identidad nacional que, lamentablemente, algunos discuten.

Si se hubiese querido que la omisión de su colocación fuese una manera de afrentarla o injuriarla, debería haberse creado entonces esta modalidad de delito omisivo como un subtipo de la figura sancionada hoy en el artículo 543 del Código Penal. Pero no se ha hecho.

Como tampoco se ha procedido a castigar con pena menos simbólica las afrentas por actividad de contenido ultrajante a la bandera.

El contexto apuntado -que, insistimos, es el que resulta de nuestras leyes- ha de conectarse, además, con el dato de que España es de los pocos países -por no decir el único- en el que el uso no institucional de la enseña nacional se vincula, de ordinario, a concretas ideologías de corte radical. Y esto, por increíble que parezca, es así desde hace no pocos lustros.

La necesidad que algunos gobiernos han tenido a lo largo de la democracia -para existir o para mantenerse- de obtener el apoyo de formaciones nacionalistas puede probablemente explicar la distancia con la que, a menudo, han sido vistas estas cuestiones relacionadas con la identidad nacional. Tampoco ha beneficiado la existencia, en la práctica, de 17 sistemas educativos diferentes, algunos no del todo respetuosos con nuestra historia y cultura comunes.

Ciertamente, la economía o el empleo son materias de amplio calado en la gestión de la cosa pública. Ahora bien, cultivar aquello que nos une -por intangible que parezca- sirve para crear naciones fuertes, espacios de convivencia duraderos y listos para afrontar cualquier contingencia, por dura que pueda ser. Obviar este detalle conduce a una concepción de país que no dista mucho de la un hotel: puede ser muy confortable y ofrecer servicios variados, pero no deja de ser impersonal. Cada uno vive en su habitación. Nada se comparte con los ocupantes de la habitación de al lado. Poco importa lo que suceda en ella mientras no nos afecte. Pues bien, un país convertido, de forma casi exclusiva, en marco de cifras macroeconómicas es, del mismo modo, un país impersonal.

El fomento de una cultura nacional es, quizá, una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra historia democrática, al punto de que no parece exagerado afirmar que, hoy por hoy, ser patriota no está de moda. De hecho, abundan las formaciones políticas que, o bien defienden la unidad de España en voz baja -como pidiendo perdón-, o directamente se muestran partidarias de un supuesto derecho a decidir de algunas regiones, en exhibición de un talante y modernismo que, amén de resultar sorprendente en un mundo cada vez más globalizado, pone en solfa la historia y señas de identidad de nuestro país con la triste esperanza de recabar votos.

No cabe duda de que la nación española existe jurídicamente. Así lo prevé la Constitución. Pero, ¿late mayoritariamente en la sociedad ese concepto como valor, como un sentimiento? En los grandes acontecimientos deportivos, parece que sí. ¿Y en lo demás? Ahí, lamentablemente, la cosa no está tan clara.

La concepción de nuestro país como empresa común ha decaído, de suerte que la defensa de su unidad frente a particularismos no viene articulándose en positivo, con explicación real de nuestra historia y con expresión -por qué no- de ese pegamento que debería fijar el tejido social. No. Esa defensa se ha presentado como una obligación jurídica, como una reacción frente al ataque. Triste desenlace.

Triste, porque mientras, por inactividad, la cultura de lo nacional, de lo que deberían ser los sentimientos y valores comunes, va en retroceso, otros hacen proselitismo desmedido de los signos identificativos de sus particularismos. «Ellos sí saben hacer, en sus feudos, lo que en toda España debería hacerse», me decía hace años un brillante catedrático.

En cualquier país serio dolería -y no se asumiría como algo ya normal- la quema pública de la bandera nacional; la preocupación de muchas autoridades por echar de su territorio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o al Ejército; las propuestas -provenientes de algunas fuerzas políticas- de incumplimiento -o, como poco, cuestionamiento- de compromisos internacionales asumidos por España, incluido el pago de la deuda; la sistemática falta de acatamiento a las sentencias judiciales firmes que imponen el uso del castellano -lengua oficial de España- en las aulas de ciertos territorios. Y así podríamos seguir con un sinfín de datos, que, lejos de preocuparnos, percibimos a estas alturas como una parte más del paisaje político y sociológico de nuestro país. Como si España fuese así, ¿qué vamos a hacer?

Sin embargo, hacer, lo que se dice hacer, se pueden hacer muchas cosas. Es verdad que la educación en valores ha de comenzar en casa, en la familia. Pero es deber del Estado mostrar una mayor preocupación por el fomento de una cultura nacional, cuya base originaria ha de residenciarse en la educación, en las escuelas. Y ello, empezando por asegurar la enseñanza de la verdadera historia de España en el último rincón de nuestra geografía.

Hace falta, asimismo, que el sentimiento de estar embarcados en una empresa común lata en la vida pública, en la política. Da la sensación de que el acceso al gobierno nacional supone, sin más, el manejo de cifras macroeconómicas y garantizar al detalle los servicios del hotel del que antes hablábamos y al que, poco a poco, vamos pareciéndonos.

Y es que, si no creemos en lo que somos, si nos avergonzamos de lo que somos, ¿cómo queremos pretender que desde fuera se crea en nosotros?

Carlos Domínguez Luis es abogado del Estado y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

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