Pero ¿qué significa ‘el crucifijo’?

Parece ser que el Gobierno se ha decidido a proponer la reforma de la Ley de Libertad Religiosa, vigente en España desde 1980. Con tal motivo reverdece entre nosotros la polémica sobre los símbolos religiosos en el espacio institucional público y, en concreto, la presencia del crucifijo en la escuela pública. Una palabra medianamente seria en la cuestión debería llevarnos a pensar mucho más allá de este aspecto concreto, pero la vida cotidiana se rige por la atención a lo más cercano y simple. Cuando digo ‘ir más allá’, me refiero a la condición no confesional o laica de los Estados democráticos y, por tanto, al contenido de cualquier acuerdo que regule su relación con las religiones. Éste será siempre tan peculiar en lo concreto como democrático e igualitario en lo esencial. En este sentido, los acuerdos del Estado español con la Santa Sede, de 1979, por sus circunstancias al nacer y por algunos contenidos, son cuestionados con buenas razones en cuanto a su verdadera laicidad. Debo comenzar diciendo esto porque el debate, tarde o temprano, volverá sobre esta dimensión del problema. De su respuesta adecuada depende la verdad de nuestra laicidad.

No necesitaría añadir que estoy contra un laicismo militante y confesional, por infundado, y a mi juicio, injusto. Pero la cuestión de la laicidad apunta a la igualdad radical de los ciudadanos y de sus propuestas ideológicas, ¡democráticas en el fondo y en la forma!, y a cómo el Estado respeta, favorece y se nutre, ¡es un deseo y un deber!, de esa creatividad cultural de la sociedad civil, incluidas las iglesias, por los mil cauces que una democracia seria se exige cuidar. Por tanto, la propia cuestión de ‘una laicidad positiva’ no tiene mayor novedad, ¡y no es pequeña!, que recordar que el protagonismo ideológico lo tiene la sociedad civil ante su Estado y que éste, por los cauces reglados de la democracia, facilita acuerdos y leyes que responden a ese protagonismo civil, incluidas las religiones. Cuanto mejor nutridas de apoyos sociales diversos están las leyes, mejor y más justas; cuando las mayorías son un tanto ‘forzadas’ y raquíticas, el procedimiento es legal y todos debemos respetarlo, pero la implicación de la sociedad en un proyecto común se resiente progresivamente. La inteligencia del gobernante está en ponderar este equilibrio inestable entre distintos. Así se hace sociedad y cultura laica, la de los ciudadanos y colectivos iguales en derechos y deberes. Imaginen lo que pienso de nuestras democracias, ‘Estados de Derecho’, cuando los pienso desde los grupos marginados en el Norte o en el Sur. Pero ésta es otra cuestión.

En ese marco de reflexión, el debate sobre ‘el crucifijo en el ámbito de las instituciones públicas’ no deja de ser una cuestión fácil de resolver. En ese espacio, y si hay ciudadanos que lo reclaman, un Estado laico es lógico que les dé la razón. Porque no está en juego la relación mayorías frente a minorías, sino la igualdad de los iguales en derechos en cuanto a la neutralidad religiosa de la ‘política’. Se dice, con razón, que el crucifijo es ‘una realidad de nuestra historia y nuestra cultura’; es verdad; pero es imposible deslindarlo de su significado religioso, y si hay ciudadanos que lo viven como una definición del Estado a favor de una religión, es lógico que prime su derecho. Lógicamente, si alguien está leyendo estas líneas con ánimo de batalla contra ‘nuestros adversarios’, no podrá entender el problema. Es decir, si yo comienzo diciendo que hay mucho laicista suelto, y enemigo de la fe católica encubierto, no puedo resolver el debate con la cabeza; estaría en una ‘guerra ideológica’, ¡sólo!, y en la guerra de ideologías sobran las razones. Nos conducimos por este principio inmoral: ‘y tú más’. Pero eso corresponde al patio de una escuela en una mañana complicada. Yo aspiro a otra cosa por parte de todos, ¡de todos!

Otra razón que se suele argüir es que la objeción de conciencia no se reconoce en casos mucho más serios, moralmente hablando, y, entonces, ¿por qué en éste sí? Se equivocan. No es un caso de objeción de conciencia a algo, al ‘crucifijo’, sino de derechos iguales ante el Estado laico y de respeto religioso igual de éste hacia sus ciudadanos.

Con todo, se dice menos, y es lo que más me convencería y reclamo ante la sociedad. El crucifijo es casi el único símbolo que nos queda ante los chicos, y ante todos nosotros, de este recuerdo ético perenne: Jesús es el hombre bueno, sincero y justo, a quien los poderosos del mundo crucifican. Aprendan esto, amigos. El mundo del poder, la mentira y el abuso no puede soportar la denuncia del hombre justo. Lo hacen siempre, y todos aplaudimos. No lo olviden nunca. Esto también es el crucifijo y no tenemos nada parecido en Occidente. ¿Podemos perderlo entre los símbolos éticos comunes?

Me recuerda esto a lo que cuentan de Sócrates. Cuando le preguntan por qué sus enseñanzas tan críticas siempre las ha contado a los jóvenes y en privado, dicen que respondió: «Pero, ¿creen ustedes que si yo hubiera dicho estas cosas en las tribunas públicas, y ante los ricos, me habrían permitido hacerme viejo?». Ya ven, entiendo perfectamente que no haya crucifijos en las aulas; es la laicidad del espacio institucional público; nada que objetar; al contrario. Recuerdo, sin embargo, que podemos ser modernos y laicos sin renunciar al símbolo cultural ‘más compartido’, en Occidente, de la injusticia y el abuso del ‘poder’ contra el hombre de bien. ¿Que la Iglesia es poco dada a este significado y que nuestra historia religiosa lo desmiente? Exijamos este significado porque es primordial. A mi me subyuga y creo que puede compartirlo, en libertad y con respeto, la mayoría de la gente.

José Ignacio Calleja Sáenz de Navarrete, profesor de Moral Social Cristiana,