Por María Teresa Bazo, catedrática de Sociología de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) y representante de España en INPEA (EL PAÍS, 08/07/06):
El desconocimiento sobre el fenómeno de la violencia cometida contra las personas ancianas es amplio, y sólo suscita cierta y momentánea preocupación cuando alguna noticia trágica aparece en los medios de comunicación. Pero esas noticias no son algo excepcional. Al contrario, se está produciendo un goteo de sucesos trágicos que acaban resbalando sobre nuestras preocupaciones cotidianas, para terminar por desaparecer en seguida la impresión primera de horror. Es cierto que todo el mundo tiene muchos problemas que se combinan con lo que se percibe como problemas sociales, económicos y políticos generales, pero se hace precisa una conciencia social y política del problema del maltrato y abuso cometidos contra las personas ancianas, tanto en el entorno familiar como -porque también existe- en el entorno institucional.
Precisamente, el pasado 15 de junio se ha celebrado en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, la proclamación del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Promovida principalmente por la Red Internacional para la Prevención del Maltrato al Anciano (INPEA, son sus siglas en inglés) y apoyada activamente por la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Envejecimiento, y otras organizaciones, se ha logrado ese reconocimiento internacional sobre la necesidad de tomar conciencia de la existencia del maltrato. Han participado diversos profesionales de diferentes países, y la esposa del secretario general de Naciones Unidas, la señora Nane Annan, ha asistido como invitada especial dedicando unas palabras a la audiencia. La propia Reina de España ha enviado también su apoyo al evento.
Suele decirse que el abuso sobre las personas ancianas es la última forma de violencia familiar que todavía resulta invisible en la mayoría de los países del mundo, que no se ha terminado de reconocer. También debe quedar claro que es un fenómeno universal, pues ocurre en todas las sociedades. En el caso de España, numerosos profesionales de la salud y los servicios sociales, así como investigadores de diversas áreas, son conscientes desde hace tiempo de la existencia del problema. Pero no se puede ir más allá de trabajar para ir tratando de conocer mejor el alcance que tiene en nuestra sociedad. En muchos casos, responsables políticos de las áreas de bienestar social de ayuntamientos y comunidades autónomas tratan de impulsar políticas y servicios que permitan hacer frente a las consecuencias. Pero no existe coordinación entre las distintas administraciones y en cada sitio se trata de hacer "algo" pero sin consensuar el qué, el cómo y el cuándo, y establecer pautas comunes de detección, prevención, e intervención. Lograr esa coordinación (para lo que no es necesario aumentar la burocracia) favorecería el reconocimiento del problema de forma global, y el abordaje del mismo. Trabajar de consuno optimiza los recursos y multiplica el número y la calidad de los resultados, al tiempo que permite la rapidez en la obtención del conocimiento y la puesta en marcha de los instrumentos precisos.
Es necesario una conciencia social que, promovida, entre otros por los medios de comunicación, cuyo papel en este campo es internacionalmente reconocido, impulse a su vez un consenso político. Hasta hace dos o tres décadas, en prácticamente todo el mundo se negaba la existencia del maltrato infantil o la llamada violencia doméstica. El trabajo de los investigadores y trabajadores sanitarios y sociales, así como de los movimientos feministas, logró sacar a la luz esos problemas, de modo que la percepción social de su existencia hizo que se pasara de verlos como incidentes o problemas particulares, perpetrados por personas desequilibradas o especialmente malignas, a valorarlos como un problema social, que se convirtió en político al crearse también una conciencia política y elaborarse leyes e instrumentos de detección, medidas preventivas y de atención.
Lograr en el maltrato en la vejez esa visibilidad social llevaría a trabajar seriamente en la resolución de un problema que afecta a varios millones de personas ancianas en el mundo, pero que puede llegar a alcanzar tasas mayores en el inmediato futuro. El 17 de noviembre de 2002 se firmó la Declaración de Toronto en esa ciudad canadiense, tras una reunión de expertos promovida por el Gobierno de Ontario. Respondía a las líneas que se diseñaron en Madrid en abril de 2002, dentro del Plan Internacional de Acción de Naciones Unidas, adoptado por todos los países que participaron en el evento. En dicho plan se reconoce la importancia del maltrato a las personas ancianas y se pone en el contexto de los Derechos Humanos Universales, reconociéndose que "la prevención del maltrato a las personas mayores en un mundo que envejece, es asunto de todos". Es, pues, también responsabilidad de todos.