No es fácil promover un debate social en torno a la política lingüística desarrollada en los últimos años. No lo es si abordamos dicho debate con recelo o con miedo, cuando entendemos que criticar determinadas actuaciones en el campo del euskera puede debilitar la actuación futura o poner en entredicho la labor de normalización desarrollada. No lo es, asimismo, si lo abordamos creyendo que ha llegado el momento propicio de ajustar cuentas, de intentar aprovechar este resquicio para arremeter contra todo proceso de revitalización, cuestionando de paso toda actuación pública que persiga que todos los hablantes puedan disfrutar en plenitud de sus derechos lingüísticos de manera igualitaria.
Toda política pública puede y debe ser analizada, cuestionada sin complejos, porque ésa es una de las características de las sociedades democráticas avanzadas. Discutamos pues, sin el riesgo de ser tildados de enemigos del euskera, dialoguemos sin calificar al que sostiene otra opinión como talibán lingüístico. Esta discusión no supone una amenaza para nadie, supone una oportunidad para todos y todas, partiendo de lo que uno piensa, intentando acercarnos a los argumentos y a las razones esgrimidas por los demás, con el único fin de intentar llegar a nuevos acuerdos y nuevos consensos. Es así como podemos entendernos, haciendo una aportación colectiva que promueva la convivencia entre personas que viven en una sociedad ya de por sí demasiado convulsa, excesivamente tensionada y fracturada. Una sociedad que día a día, casi sin percibirlo, está cambiando y está obligada a afrontar nuevos retos.
Revitalizar una lengua minoritaria y minorizada como el euskera no es ponerse a fabricar electrodomésticos. Supone promover un cambio social de hondo calado, un cambio que necesita su tiempo, generaciones, altas dosis de paciencia, generosidad, amplitud de miras, capacidad para llegar a acuerdos sociales y políticos entre distintos, acuerdos amplios, sólidos y perdurables. No favorece el proceso de recuperación aquél que pretende imprimir un ritmo que la sociedad no pueda seguir y/o no esté dispuesta a asumir. Una política así está, a corto plazo, destinada al más absoluto de los fracasos, creando el efecto contrario al que se pretende, cuestionando, inclusive, toda oportunidad para el fortalecimiento futuro del euskera.
Utilizar las lenguas como arma arrojadiza, como elemento de confrontación no ayuda en nada a la convivencia social. Apropiarse en un sentido u otro, tampoco. Dar la espalda a una u otra lengua que nos es propia es vivir de espaldas, desentenderse de la realidad. Todos tenemos algo que hacer, algo que aportar. ¿Qué estamos dispuestos a aportar todos y cada uno de nosotros para posibilitar la igualdad entre las personas y la convivencia lingüística? He aquí una pregunta que necesita respuesta.
El euskera se ha fortalecido en los últimos veinticinco años gracias, en gran medida, al esfuerzo de consenso fraguado a principios de la década de los ochenta del pasado siglo. HB, que no participó en los debates, y AP, que se posicionó en la mayoría de las propuestas en contra, quedaron fuera de aquel consenso que fue fruto de un laborioso trabajo. Gracias a las políticas derivadas de dicho consenso, se han ganado alrededor de 200.000 hablantes y ámbitos de uso. Pero el proceso de recuperación, todo hay que decirlo, adolece de claras debilidades, cuando no de grandes nubarrones en el firmamento.
Algunas de las políticas públicas desarrolladas son percibidas de manera creciente como excesivas por una parte de la población. Para otros, sin embargo, vamos demasiado lento y es necesario articular otras medidas que impriman nuevos bríos a la política lingüística de principios del siglo XXI. Por otro lado, el incremento de las personas conocedoras del euskera se ha producido fundamentalmente en los núcleos urbanos, y es ahí donde tanto en el ámbito familiar como en el interpersonal y funcional el euskera está en una situación más difícil. Hemos aumentado claramente el número de aquellas personas conocedoras del euskera, pero estamos muy lejos de agotar sus posibilidades reales de uso. Un uso que supone el mejor barómetro, el más efectivo para hacer un diagnostico más exhaustivo que nos indique la salud real del proceso de revitalización. Fomentar el uso del euskera en todos los ámbitos es, pues, una de las prioridades para cimentar su proceso de recuperación.
Existen entre nosotros quienes pretenden la primacía absoluta del castellano y, por lo tanto, la subsidiaridad total del euskera, aun a riesgo de condenarlo al ostracismo, a su desaparición. Ley de vida, dirán. Existen quienes preconizan una especie de liberalismo lingüístico. Que las personas elijan. Cuando dicha aseveración no es cierta, ya que muchas personas en nuestro entorno sólo pueden desenvolverse en castellano, y no pueden, por lo tanto, elegir en qué lengua expresarse, por lo que condicionan la opción de aquéllas que, siendo bilingües, no tienen más remedio que utilizar el castellano. Existen, también, quienes abogan por la desaparición paulatina del castellano. Esta opción, además de irreal, resulta no deseable, es injustificable. El castellano también es nuestra lengua.
Una de las características de toda sociedad democrática es su obligación de promover políticas públicas que posibiliten la integración de todas las personas, incluidas todas aquellas inmersas en situaciones de exclusión. Con respecto a las comunidades lingüísticas en situación de debilidad, es función de los poderes públicos promover iniciativas para fomentar el conocimiento y uso de sus respectivas lenguas. En la medida que, de una manera creciente, fomentemos el bilingüismo social, promovamos el conocimiento en distinto grado de las lenguas que a esta comunidad le son propias, haremos una aportación irrenunciable a la convivencia social y fomentaremos la igualdad de oportunidades, vertebrando una sociedad cada vez más justa e igualitaria, más cohesionada.
Las lenguas no son nada y lo son todo a la vez. Porque necesitamos de ellas para exteriorizar nuestros pensamientos, proyectos, deseos y preocupaciones. Las lenguas no son sujeto de derechos, son los hablantes, las personas a quienes se reconocen los mismos. Pero he aquí una de las paradojas objeto también de debate: toda persona necesita de otra para poder comunicarse; por lo tanto, el ejercicio de los derechos lingüísticos individuales condiciona el de los demás, y viceversa. La pregunta a la que inexorablemente debemos buscar respuesta es la siguiente: ¿Qué estamos dispuestos a dejar, qué incomodidades estamos dispuestos a asumir para que todos, sin excepción, podamos ejercitar de manera razonable y progresiva nuestros derechos lingüísticos en plenitud? Pero seamos claros, no se pueden desarrollar estos derechos en un espacio corto de tiempo. Precisamente, una de las limitaciones palpables al desarrollo de la legislación actual relacionada con la lengua vasca está en la propia sociedad vasca. Si un grupo social amplio tiene dificultades para subir al monte Pagasarri, de nada sirve legislar con la vista puesta en que aborden la ascensión al Mont Blanc. Sencillamente, resulta un objetivo inalcanzable.
La situación sociolingüística es dispar en el conjunto del territorio y el ritmo tendrá que acompasarse, necesariamente, a las circunstancias de cada lugar, a las situaciones existentes en cada ámbito. La política lingüística, en definitiva, tiene que ser progresiva, acorde a los entornos donde ha de ser aplicada. Tenemos que trabajar sin prisa, pero sin pausa. No podemos aplazar indefinidamente el tomar medidas para posibilitar la revitalización lingüística, pero no podemos desarrollarla si no la armonizamos con los derechos de los ciudadanos castellanohablantes. La cuestión es intentar llegar a un ritmo llevadero que nos conduzca a la meta de la maratón, no agotarnos en los cien primeros metros imprimiendo un ritmo extenuante, que haga que la mayoría de la sociedad desista. Es la clave.
Tenemos una nueva oportunidad para hablar y discutir de algo que nos concierne, que nos preocupa y ocupa. Con la vista puesta en el pasado, pero sobre todo en el presente y en el futuro del euskera, del castellano, de la convivencia entre personas y lenguas.
Erramun Osa, Director de la viceconsejería de Política Lingüística del gobierno vasco.