Si había algo que hacía sentir orgullo a buena parte de los peruanos, algo de lo que podían presumir en el extranjero, era que uno de sus más atroces dictadores estuviera pagando sus culpas en prisión. Pero en las últimas Navidades, Alberto Fujimori fue indultado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien, blandiendo palabras como “reconciliación”, en realidad protagonizó un desvergonzado canje político con el fujimorismo para evitar ser defenestrado; aunque ni así pudo evitar que, unos meses después, lo obligaran renunciar al cargo por sus vínculos con la corrupción.
Fujimori, mientras tanto, tuvo mejor suerte, ganó la calle gracias a este pacto de impunidad. Al día siguiente del indulto, se convocó una manifestación y en una de las pancartas se leía: “No puedo creer que en 2018 siga marchando contra Fujimori”. Pero la sociedad civil no se ha cruzado de brazos. Dentro de unos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a solicitud de las familias de las víctimas del fujimorismo está evaluando el caso, deberá emitir su dictamen acerca del indulto humanitario que fue otorgado en medio de irregularidades y que, entre otras cosas, puede considerarse improcedente por tratarse de crímenes de lesa humanidad.
Además —ahora que se cumplieron veintiséis años del “autogolpe” de Estado de Fujimori—, una matanza casi olvidada en Pativilca, un distrito a 170 kilómetros al norte de Lima, podría resarcir la historia y sumar algunos años más de cárcel para el exdictador.
El 29 de enero de 1992, el mismo año en el que Fujimori disolvió el Congreso e intervino el poder judicial, el año más letal de los que ejerció activamente el comando paramilitar conocido como Grupo Colina —entre el asesinato de dieciséis vecinos de Barrios Altos y la ejecución de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta—, seis personas fueron asesinadas en ese municipio por órdenes del régimen. Detenidos extrajudicialmente y acusados falsamente de terroristas, los pobladores fueron torturados con quemaduras de soplete, fueron acribillados en la cabeza y sus cuerpos fueron arrojados a un paraje desierto.
Aunque el Poder Judicial ha hecho algunas observaciones a la sentencia de la fiscalía del caso Pativilca y aún queda algún procedimiento más, hay posibilidades de que el derecho de gracia y el indulto que se le otorgaron a Fujimori sean rechazados y el dictador tenga que volver a responder por dieciséis sentencias pendientes, entre ellas la esterilización forzada de miles de mujeres indígenas.
Además de por crímenes contra los derechos humanos, Fujimori cumplía veinticinco años de prisión por otros cinco delitos: corrupción (espionaje telefónico, pago a medios de comunicación y la compra de congresistas), un delito de peculado (se apropió de 15 millones de dólares de las arcas nacionales para entregarlos a su asesor Vladimiro Montesinos); uno de usurpación de funciones (ordenó a un militar suplantar a un fiscal para allanar ilegalmente la casa de su asesor y extraer cientos de videos que probaban sus crímenes); y por desvío de fondos de las Fuerzas Armadas para financiar a los “diarios chicha”, que apoyaron su segunda reelección y en los que difamaba a sus rivales políticos. En suma, Fujimori derrotó a Sendero Luminoso, pero también destrozó al país y a sus instituciones.
Su indulto ilegal ha supuesto reabrir las heridas de un trauma para el país, porque no solo arrebata la dignidad a los familiares de las víctimas —su única conquista—, sino que interrumpe el ciclo de memoria colectiva que tanto le ha costado a los peruanos.
En 1992, el hermano de Carmen Amaro, Armando, desapareció de la Universidad La Cantuta. Ella y su madre se llenaron las uñas de tierra buscándolo en los basurales. Las fosas clandestinas estaban en una base militar, pero el gobierno siguió hablando de un “autosecuestro”. Un año después aparecieron los restos de cinco cuerpos, no el de Armando, pero encontraron un manojo de llaves impregnadas de tejido humano calcinado y pelos. La llave abría la puerta de la casa de Carmen y Armando.
El asesinato de los estudiantes y el profesor fue parte de la estrategia antiterrorista de Fujimori. El Grupo Colina los descuartizó, quemó y escondió bajo tierra. Pero nunca pudo probarse que fueran miembros de Sendero Luminoso. Se inició así el largo camino para hacerles una justicia que desapareció con el indulto.
Estuve con Carmen cuando hace algunas semanas recorrió Europa para conseguir apoyo internacional contra el perdón que liberó al asesino de su hermano. En Madrid hizo un altar con objetos que habían pertenecido a su hermano y que fue sacando de su bolso como un mago extrae cosas vivas de su sombrero, entre los que pude ver una zampoña, un instrumento de viento de origen andino, que nadie hizo sonar, para evocar la vida trunca de Armando.
Hasta el momento el flamante nuevo presidente Martín Vizcarra no ha mencionado el tema del indulto. O más bien sí. No con palabras, pero Vizcarra parece haber dado su opinión incluyendo, por ejemplo, como ministro de Defensa, al general José Huerta, cercano a Vladimiro Montesinos, el asesor de Fujimori que movía los hilos del poder con métodos delincuenciales. Ha dado opinión también sobre el indulto eligiendo para un ministerio estratégico como el de Justicia y Derechos Humanos a Salvador Heresi, un miembro de su partido que estuvo a favor del indulto y está ligado a personajes que hoy están presos por corrupción. El pacto con el fujimorismo está servido.
¿Respetará y acatará el gobierno la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? De lo que sí estamos seguros es de que esta es una nueva oportunidad para la justicia peruana, que podría desperdiciarse si el gobierno de Vizcarra decide continuar con su proyecto de olvido y falsa reconciliación.
Gabriela Wiener es escritora y periodista peruana. Es autora de los libros Sexografías, Nueve lunas, Llamada perdida y Dicen de mí.