Por Genaro Arriagada Herrera (REAL INSTITUTO ELCANO, 20/09/06):
Contenido
- Introducción
- I. Dependencia del Petróleo y Gas en los Países Latinoamericanos
- II. Fortalezas y Debilidades del Petróleo Venezolano
- III. La Política del Petróleo en América Central y el Caribe
- IV. La Política del Petróleo en la Región Andina
- V. La Política del Petróleo en el Cono Sur
- Conclusión
- Bibliografía
Introducción
La energía ha pasado a ser uno de los principales temas de preocupación mundial. Hoy –tanto o más que las grandes pandemias (Sida, Gripe Aviar), las amenazas ecológicas (devastación de los bosques pluviales, calentamiento global) y cuestiones como las migraciones– la energía figura en el centro de las preocupaciones de los diarios, academias y de las discusiones en los gobiernos, organismos multilaterales y empresas.
Terminada la Guerra Fría han cobrado mayor relevancia escenarios de posibles confrontaciones que no surgen de disputas ideológicas sino en torno al abastecimiento de gas y petróleo y a la seguridad de las vías para transportarlo. En este marco, un mapa de eventuales conflictos pone renovado interés en lugares como el Golfo Pérsico, el Mar Caspio, Nigeria, Angola, Argelia, Sudán, el norte de Siberia, el Mar del Sur de China, Indonesia y Venezuela.
Como consecuencia, en parte, de lo anterior, el enfoque de los asuntos energéticos ha ido cambiando pues a los estudios técnicos y de mercado (reservas, prospección, explotación), se han ido agregando, con fuerza, análisis formulados desde una perspectiva política, haciendo más frecuentes en los medios de comunicación expresiones como “petropolítica” o “petrodiplomacia”. A su vez, en la toma de decisiones sobre proyectos e iniciativas energéticas los estudios de factibilidad técnica o económica –siendo muy importantes– a veces deben ceder a favor de consideraciones estratégicas o de poder entre los Estados. En el Hemisferio los hidrocarburos juegan papel importante en las relaciones entre EEUU y Venezuela, pero también en las que se dan entre México, Cuba, Venezuela, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Argentina, Bolivia o Chile, por citar sólo algunos países claves. El descubrimiento de reservas de gas o petróleo, o el agotamiento de otras, está provocando cambios en la importancia relativa y en las relaciones entre los Estados que, en algunos casos, parecen influir más que las variaciones en el poder militar, las estrategias diplomáticas e incluso la estabilidad de sus gobiernos.
El presente trabajo analiza la influencia que en las relaciones entre los Estados de América latina está creando el petróleo y el gas. Dado el activismo que en estas materias despliega el presidente Hugo Chávez, lo abordará a partir de la política venezolana y las posibilidades de que el uso del petróleo como instrumento de poder tenga importancia significativa en el área, alterando equilibrios regionales. El estudio se funda principalmente en consideraciones políticas, geopolíticas y de relaciones internacionales.
Bajo el nombre de política del petróleo se suele abarcar dos tipos de situaciones. Una, que efectivamente es el resultado de la aplicación de la fuerza y hegemonía que da el manejo de ese recurso. Otra, el ejercicio, a veces desnudo y arbitrario, de la riqueza que origina el petróleo para actuar sobre otros Estados. Son realidades distintas, pero que deben ser analizadas paralelamente pues aunque fáciles de distinguir intelectualmente, en la vida política concreta van unidas, complementándose y reforzándose recíprocamente.
El primer tipo de situación se da cuando el petróleo o el gas, en sí mismos, pueden crear predominio y subordinación entre los Estados; por ejemplo, cuando naciones que carecen de este recurso desarrollan una dependencia respecto de otras que tienen abundancia de hidrocarburos, que se ve reforzada si se agrega la existencia de precios subvencionados o financiaciones privilegiadas. Para precisar estas situaciones es necesario identificar en la región los países que son grandes productores de crudo y aquellos que por no disponer de ese recurso, o no tenerlo en cantidades suficientes, son importadores netos.
En estas relaciones entre exportadores e importadores hay que considerar, también, que las posibilidades de establecer una dependencia son menores en la medida que el tipo de petróleo o gas de que se trate sea un commodity que se transa en mercados relativamente perfectos, con variedad de actores cuyas ofertas y demandas fijan precios, que son transparentes. Hay tipos de crudos, los más livianos, que son efectivamente un commodity reclamado por muchos países y cuyos precios se fijan en el mercado. En cambio, los crudos ultrapesados son difíciles y costosos de producir y requieren la existencia de complejas refinerías que, además, son escasas, lo que hace que sean transados en mercados restringidos y a precios que no se fijan automáticamente. El gas natural no es un commodity pues su mercado está limitado a países de una cierta cercanía física, con los que además, existan gasoductos y sus precios se fijan por acuerdos de los Estados o compañías. El gas natural licuado (GNL), en cambio, alcanza a mercados más amplios, aunque limitado a naciones que posean en su territorio plantas de deslicuefacción y sus precios son más competitivos, en el sentido que pueden ser licitados.
El segundo tipo de situación a que hemos aludido tiene lugar cuando países productores de petróleo que disponen de enormes riquezas deciden aplicar parte de esos recursos a ganar influencia y poder en otros Estados, actuando directamente sobre sus gobiernos o sobre grupos o movimientos contestatarios. A estas actividades se les considera también parte de la llamada “política del petróleo”; pero sería más apropiado decir que se está ante el ejercicio del poder que da la riqueza y que no tiene mayor significación si su fuente es el petróleo, los diamantes o una industria manufacturera poderosa. Un gobierno puede utilizar ingentes sumas de dinero para intervenir, sea directamente o mediante operaciones encubiertas, en la política de otros Estados, incluso tratando de desestabilizar sus gobiernos, pero no hace diferencia la actividad que origina esos fondos.
La situación que se ha descrito no estaría completa si no se advierte sobre el otro lado de la moneda, pues si bien la prosperidad petrolera puede entregar a los países productores recursos para actuar en los asuntos internos de otros Estados, esa misma riqueza atrae el interés de naciones poderosas por controlar esos recursos naturales, interviniendo en sus sistemas políticos. Los productores de petróleo están bajo la permanente atención y, a veces, abierta presión, de las grandes potencias. Esta realidad se ve facilitada porque la mayor parte de las reservas de petróleo están ubicadas en naciones pobremente desarrolladas, concurriendo en ellas características como ser sociedades corruptas, divididas por guerras civiles o políticamente inestables o gobernadas por férreas dictaduras.
Este análisis centrará su atención en la primera de las situaciones a que se acaba de aludir; sin embargo, hará referencia a las relaciones del segundo tipo, teniendo cuidado, en cada caso, de precisar la dispar naturaleza de los vínculos que crean.
Dado que este trabajo está limitado al análisis de la política del petróleo y gas en América latina, no se aborda –salvo breves referencias– las relaciones entre Venezuela y EEUU, asunto de gran importancia y que debiera ser objeto de estudios detallados.
Finalmente, las posibilidades de una política internacional del petróleo son mayores en la medida en que los precios del crudo son más elevados. Suponemos que continuarán altos por mucho tiempo, porque “esta vez los precios no reflejan una disrupción geopolítica sino más bien el continuado éxito de la globalización (para ser más específico el florecimiento de China e India) y una economía mundial que está caminando muy bien” (en palabras de Daniel Yergin). Estas presiones al alza se ven robustecidas por factores como la inestabilidad política en Arabia Saudí, Irak y Nigeria y el conflicto sobre energía nuclear entre las Naciones Unidas e Irán, asuntos que no son fáciles de resolver, al menos en el corto plazo. Adicionalmente, los precios son empujados al alza por el déficit en la capacidad de refino que existe a nivel mundial, especialmente para procesar crudos pesados y de mayor acidez, que tendrán en el futuro una participación mayor en la oferta total de hidrocarburos.
I. Dependencia del petróleo y gas en los países latinoamericanos
Las posibilidades de usar el petróleo como un instrumento de poder en la relación con otras naciones de la región se ven facilitadas si la oferta está altamente concentrada en uno o unos pocos grandes proveedores y una variedad de países que producen cero o nulo petróleo y que, por tanto, son dependientes de proveedores extranjeros.
América latina no favorece un esquema como el anterior por varias razones. La primera, porque excluida América Central y el Caribe, es una región rica en energía. En petróleo tiene el 10% de las reservas convencionales mundiales, frente al 2,5% de América del Norte (excluido México), 9,3% de África, 8% de Europa del Este, 4% de Asia y 1,6% de Europa Occidental. En gas la situación es menos satisfactoria, pues sólo cuenta con el 4% de las reservas mundiales probadas, pero igualmente sus niveles de consumo se ubican bajo esa cifra.
Segundo, porque en materia de oferta y demanda de crudo y gas, la zona tiene una pluralidad de situaciones. Sin alcanzar la enormidad de las reservas de Venezuela son, también, exportadores de petróleo México, Colombia, Ecuador y Trinidad y Tobago. Argentina, y Bolivia producen lo suficiente para cubrir las necesidades de su mercado interno. Perú y Brasil presentan una situación levemente distinta pues se encaminan a autoabastecerse, lo que tiende a cambiar el mapa energético de la región. De este modo, la lista de los países importadores netos de crudos comprende en Sudamérica a Chile, Paraguay y Uruguay y en América Central y el Caribe a todas las naciones centroamericanas y del Caribe con la excepción ya mencionada de Trinidad y Tobago. En este área, sólo Cuba y Guatemala producen petróleo, pero en cantidades que no alcanzan a cubrir su demanda interna.
Países exportadores de petróleo
Además de Venezuela –cuya industria, en sus fortalezas y debilidades, será objeto de análisis en el número siguiente–, tienen la condición de países exportadores México, Trinidad y Tobago, Colombia y Ecuador.
Ecuador tiene el 0,4% de las reservas mundiales de crudo. El significado del petróleo en la economía es enorme, representando, según la CEPAL, más de un tercio de las exportaciones del país, concretamente un promedio del 36,4% entre los años 1993 y 2003. Si se excluye Venezuela, no hay otra economía regional donde el aporte del petróleo sea tan elevado en la matriz exportadora.
Ecuador dispone de PetroEcuador, una empresa estatal que es la principal compañía del país. Su operación es criticada por sus bajos niveles de eficiencia y su producción ha estado cayendo en los últimos diez años.
Colombia es un exportador neto de recursos energéticos. Exporta petróleo en cantidades significativas. Tiene una abundancia de gas que le permitirá abastecer por siete años a la zona occidental de Venezuela. Tiene enormes reservas de carbón de alta calidad y dispone de abundancia de recursos hídricos que, junto con el gas, le permitirán ser un actor significativo en los programas de integración energética especialmente con Mesoamérica.
Sin embargo, la industria colombiana ha venido mostrando una preocupante declinación. Su producción, que en 1999 era de 820.000 barriles por día, decayó fuertemente en los años siguientes hasta niveles del orden de los 520.000 bpd entre 2003 y 2005. Los datos anteriores llevaron a la idea de que el país perdería su condición de exportador neto de petróleo en una fecha que se estimaba el 2010. El asunto es de importancia mayor pues entre 1993 y 2003 las exportaciones de petróleo crudo colombiano representaron el 25,6% de las exportaciones totales del país.
México, junto con Venezuela, concentra el grueso de las reservas disponibles en América Latina. México representa un 1,4% de ellas a nivel mundial y explota intensamente el recurso pues no obstante el porcentaje de reservas señalado, produce el 5% de la oferta mundial; Venezuela, en cambio, con el 6,8% de las reservas, aporta el 3,9% de la producción. Dado que el consumo interno mexicano es elevado, sus exportaciones de crudo son apenas algo más de la mitad de las de Venezuela, representando, entre 1993 y 2003, el 9,3% de las exportaciones totales del país.
Países que se autoabastecen de petróleo
Tienen esta condición Argentina y, con limitaciones, Bolivia. A partir de este año esa sería también la característica de Brasil, cuya situación es analizada entre los países importadores de hidrocarburos.
Argentina representa el 0,3% de las reservas mundiales de crudo. En rigor se trata de un país que ha sido hasta ahora un exportador neto de petróleo. Entre 1993 y 2003 las exportaciones de crudo argentino representaron el 11,5% de las exportaciones totales del país. Sin embargo, la explotación petrolífera de Argentina no crece al ritmo de la demanda interna, de modo que el saldo comercial por este rubro irá disminuyendo.
En materia de gas, a mediados de los años 90 Argentina era considerado un país con un gran excedente de gas para exportación. Una década después se estima cercano a ser un importador neto de este hidrocarburo; sin embargo, esta última afirmación se hace en el supuesto de que las inversiones en exploración continúen paralizadas, pues se supone que Argentina tiene importantes reservas de gas no descubiertas e, incluso, otras descubiertas pero no declaradas.
Bolivia tiene una producción de hidrocarburos que en 2005 equivalió a su consumo. Produce una cantidad de petróleo que no alcanza para cubrir enteramente sus necesidades, lo que le obliga a importaciones de crudo que no son significativas. Entre 1993 y 2003 las exportaciones de petróleo bolivianas representaron el 3,9% de las exportaciones totales, en tanto que sus importaciones de esos mismos productos fueron el 4,8%.
Sin embargo, a partir de 1998 las reservas de gas de Bolivia se han multiplicado por diez, transformándose en un actor principal en ese mercado. Su destino es ser el principal proveedor para Argentina, sur de Brasil y Chile si razones políticas no lo impiden.
Países importadores de petróleo
En Sudamérica tienen esta condición Perú, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. En Centroamérica y el Caribe lo son todos los países, con la sola excepción de Trinidad y Tobago.
Brasil cuenta con el 0,9 de las reservas mundiales de crudo. Es el mayor importador de petróleo de la región, pero éstas cubren sólo la cuarta parte de su consumo; las otras tres cuartas partes son producidas internamente. En gas natural Brasil produce los dos tercios de su consumo, importando el resto desde Bolivia. En materia de carbón, Brasil tiene las mayores reservas probadas de Sudamérica, casi duplicando a las de Colombia, que son las que le siguen en importancia. Es, además, líder mundial en la producción de etanol, donde junto con EEUU produce el 70% de este tipo de combustible.
Sin embargo, lo interesante de Brasil no es su relativa debilidad energética, que hizo que entre 1993 y 2003 fuera el responsable del 58% de las importaciones de petróleo de la región sudamericana, sino la agresiva política que ha impulsado en materia de desarrollo de Petrobras, el notable aumento de sus inversiones y el incremento de su producción de petróleo y gas, también de etanol y carbón, en términos tales que sus resultados están cambiando la geopolítica de la energía en la región. Estos asuntos se analizan más adelante al abordar la política en el Cono Sur.
Chile. Su debilidad energética está fuera de dudas pues produce no más del 5% del petróleo que consume y una porción del gas natural que no supera el 20%.
Entre los años 1993 y 2003, las exportaciones de petróleo crudo y derivados chilenas representaron el 0,7% de las exportaciones totales del país, en tanto que las importaciones de petróleo crudo y combustibles derivados, en ese mismo período, fueron el 10,3% de las importaciones nacionales. Chile, entre 1993 y 2003, fue el responsable del 25% del total de las importaciones de petróleo de América del Sur, monto que es enorme para las dimensiones de su economía.
Reaccionando ante la gravedad de sus carencias de petróleo y gas, Chile está desarrollando una interesante política de diversificación de su matriz energética, asunto que se analizará más adelante.
Perú. En el año 2005 produjo el 78% del petróleo que consumió, siendo el restante 22% importaciones.
Entre los años 1993 y 2003, las exportaciones de petróleo crudo peruanas representaron el 5,8% de las exportaciones totales del país, en tanto que las importaciones de petróleo crudo y combustibles derivados en ese mismo período fueron el 10% de las importaciones nacionales.
Sin embargo, la situación energética de Perú ha variado muy favorablemente a partir del descubrimiento, en 1984, de los yacimientos de gas natural de Camisea, cuya explotación se inició el año pasado. Las reservas probadas de gas natural son 4,7 veces las reservas de petróleo crudo.
Paraguay no produce petróleo. Entre los años 1993 y 2003, las exportaciones de petróleo crudo paraguayas representaron el 0,2% de las exportaciones totales del país, en tanto que las importaciones de petróleo crudo y combustibles derivados en ese mismo período fueron el 9,5% de las importaciones nacionales.
Si se considera la producción hidroeléctrica, Paraguay –no obstante demandas de petróleo que son imprescindibles– es energéticamente independiente, pues consume una cantidad de energía que está muy por debajo de la capacidad hidroeléctrica disponible para el país procedente de Itaipú (Acuerdo Brasil-Paraguay) y de Yacyretá (Acuerdo Argentina-Paraguay).
Uruguay no produce petróleo. Entre los años 1993 y 2003 las exportaciones de petróleo crudo uruguayas representaron el 0,72% de las exportaciones totales del país, en tanto que las importaciones de petróleo crudo y combustibles derivados en ese mismo período fueron el 10,45% de las importaciones nacionales.
Uruguay es, energéticamente hablando, el país más vulnerable de Sudamérica.
América Central y el Caribe. En esta zona la situación es muy distinta a la de América del Sur. Si excluimos a México, Venezuela y Colombia, que forman parte de la cuenca del Caribe y que son exportadores de petróleo a los que ya hemos aludido, la única nación exportadora de hidrocarburos es Trinidad y Tobago. Todos los restantes no tienen reservas de petróleo, con la excepción de Cuba y Guatemala que, sin embargo, son importadores netos.
II. Fortalezas y debilidades del petróleo venezolano
La diplomacia del petróleo ha sido una constante de la política venezolana desde que a inicios de los años 60 se comprometiera al país en la OPEP. En tal sentido, se puede decir que la existencia de una “petropolítica” de ese país caribeño no es algo nuevo. Pero esto es una verdad a medias si no se agrega que el gobierno de Chávez ha llevado el uso de los hidrocarburos, como retórica e instrumento de la política exterior, a niveles sin precedentes en la historia venezolana. Aún más, sería difícil encontrar en América Latina un caso similar de uso tan abierto de una materia prima en la arena política internacional.
Las posibilidades del presidente Hugo Chávez de acudir al petróleo como instrumento en las relaciones entre los Estados dependen de la cantidad y calidad de las reservas petrolíferas, de que Venezuela mantenga una situación relevante como productor y exportador de crudos y de la solidez de la industria que la haga una actividad en expansión, con alta eficiencia, elevados niveles de inversión y en el marco de precios altos. Por el contrario, si esas circunstancias no se dan, esas posibilidades se reducen.
Hay que advertir que el análisis de la industria petrolera venezolana se ha estado haciendo cada vez más difícil debido a la carencia de cifras fiables. Durante este año PDVSA anunció que dejará de entregar informes anuales de cifras a la US Securities and Exchange Commission (SEC). A su vez, Moody’s retiró sus clasificaciones de la deuda de PDVSA, aduciendo no tener “indicaciones de que PDVSA intente proveer declaraciones financieras auditadas ya sea en forma pública o privada”.
La enormidad de las reservas
Si se consideran los crudos convencionales, Venezuela tiene un 6,8% de las reservas mundiales probadas, esto es 80.000 millones de barriles, lo que la hace la sexta nación más rica en petróleo, después de Arabia Saudí, Irán, Iraq, Kuwait y Abu Dhabi. Si se agregan los crudos ultrapesados esta cifra se eleva en 270.000 millones de barriles, lo que transforma al país sudamericano en la mayor reserva petrolera del mundo, superando a Arabia Saudí. La pregunta es: ¿cuál es la cifra más apropiada de considerar y comparar? Hoy, las reservas de crudos convencionales; pero en la medida que el desarrollo tecnológico avance, la segunda. La explotación de los crudos pesados es difícil, requiere mayores inversiones y que maduran en períodos más largos, tiene más baja rentabilidad y, sobre todo, requiere refinerías especiales en los lugares de explotación para elevar el grado API de los crudos (a mayor grado más liviano) y normalmente en los países de destino. Los crudos ultrapesados venezolanos (8º API) no pueden ser tratados por una refinería convencional, circunstancia que hace que no sean un commodity, lo que tiene implicaciones políticas que se analizarán más adelante.
Una producción estancada
Pero aunque la enormidad de sus reservas es clara, también lo es la incapacidad venezolana para aumentar su oferta de crudos. La CEPAL indica que el crecimiento del PIB del país en 2004 fue del 17,9%, cifra que esencialmente es una recuperación de la fuerte caída habida en los años 2002 y 2003. Para el año 2005 las cifras preliminares indican un nuevo incremento del 9,3%. Sin embargo, como esos estudios señalan, “el aumento esperado del PIB no está en la producción de petróleo, que no ha podido recuperar los niveles de producción que se tenían antes del paro general como consecuencia de la baja inversión a la que ha estado sujeta la petrolera estatal. Estas condiciones han llevado al país a producir incluso por debajo del techo acordado en la OPEP. El dinamismo del sector petrolero dependerá únicamente del aumento de los precios internacionales, pues (...) existe una muy limitada capacidad de elevar los niveles de producción”.
Precisar cuánto es esa caída no es fácil dada la falta de cifras por parte de PDVSA; así, mientras la estatal venezolana afirma haber recuperado los niveles de producción de los años 2000 y 2001 –esto es, unos 3,1 milllones de barriles–, estudios independientes sostienen que en el 2005 no supera los 2,7 millones.
La subinversión en petróleo
La industria petrolera venezolana requiere cuantiosas inversiones anuales, especialmente en exploración y explotación, que le permitan al menos mantener sus actuales niveles de producción. Todo indica que PDVSA está lejos de alcanzar los mínimos de inversión necesarios para ello. El Plan 2005-2010 de PDVSA supone una inversión estatal anual de 6.300 millones de dólares y una privada, adicional, de 2.500 millones. De la primera meta, no obstante la falta de cifras oficiales, las estimaciones para el año 2005 indican que alcanzará a algo más de la mitad, esto es, una suma no mayor de 3.500 millones de dólares. La inversión privada materializada se estima igualmente distante de la meta, debido al clima de incertidumbre respecto de la política del gobierno hacia la propiedad e inversión extranjera. Dados los niveles estimados de inversión, se debe suponer que la producción de crudo venezolano continuará cayendo o, en el mejor de los casos, no aumentará.
La comparación con los niveles de inversión de otras petroleras estatales de la región es adversa para PDVSA. Así, se estimaba que para 2003 las inversiones de PEMEX duplicaban las de su congénere venezolana y las de Petrobras la superaban en más de un 150%. Aún más, anuncios recientes de la estatal brasileña hablan de inversiones anuales en el orden de los 12.000 millones de dólares de aquí al 2010, lo que equivale a triplicar los actuales niveles de PDVSA.
La caída en la calidad y capacidad gerencial de PDVSA
La mayoría de la tecnocracia de PDVSA se comprometió con la oposición a Chávez en el “paro patronal” de 2002. Derrotado éste, un grupo muy significativo de técnicos de alto nivel fue expulsado de la empresa, provocando una pérdida en su dirección que no ha sido recuperada hasta hoy. Conjuntamente con ello, Chávez estableció un control político de la empresa, creando una estrecha dependencia de la Presidencia de la República y disponiendo de parte de sus recursos para la financiación de iniciativas sociales del gobierno (“las misiones”). Esta desviación del gasto hacia los programas sociales es una de las causas explicativas de la incapacidad de la petrolera estatal para alcanzar los niveles de inversión requeridos. A partir de noviembre de 2004 se fundieron en la misma mano los cargos de ministro de Energía y Petróleo y de presidente de PDVSA, dándose un nuevo paso en el control presidencial de la empresa.
La carencia de capacidades gerenciales de alto nivel de PDVSA se ha hecho más crítica en la medida que el gobierno la ha ido comprometiendo en gran cantidad de nuevas tareas. La decisión de transformar 32 Convenios Operativos con empresas extranjeras en 32 sociedades mixtas bajo control mayoritario de PDVSA (60% de propiedad accionaria) obliga a esta última a hacerse cargo de la conducción administrativa, financiera, operacional y técnica de 32 empresas; a ello se deben agregar otras cargas sobre su ya debilitada capacidad de gestión empresarial como, por ejemplo, la asesoría a YPF Bolivianos, la entrega de petróleo subvencionado a los municipios bajo control Sandinista en Nicaragua y del FMLN en El Salvador y el estudio del Gasoducto del Sur.
Escaso desarrollo del gas natural
Venezuela dispone de las mayores reservas de gas natural de América latina. Sin embargo, hasta fecha muy reciente no tuvo interés en desarrollar esta actividad. Se estima que contando con reservas de 4,2 billones de metros cúbicos la explotación de gas no supera los 40.000 millones. Además, una parte importante del gas que extrae es asociado a petróleo, el cual no se puede destinar a usos que no sean la explotación de crudos. No cabe duda que en el futuro Venezuela será un gran exportador de gas; pero hoy no lo puede ser sino en cantidades limitadas. La mejor prueba de esto último es el acuerdo con Colombia para construir el Gasoducto Transguajiro, que irá desde La Guajira hasta Maracaibo y que durante sus primeros siete años de operación transportará gas natural colombiano hacia los consumidores venezolanos. Venezuela tiene un desarrollo muy incipiente de los gasoductos, lo que ha hecho que el consumo comercial y domiciliario del país sea muy bajo; de hecho, una zona petrolera tan importante como Zulia no dispone de redes que permitan el consumo de gas residencial. Sólo a fines de la década de los 90 Venezuela dictó un marco legal para la industria, la Ley de Hidrocarburos Gaseosos, y en el año 2000 creó el Ente Nacional del Gas (ENAGAS).
Los crudos pesados
Venezuela produce crudos livianos, pesados y ultrapesados. Se define como crudo liviano aquel que tenga más de 30º API; crudo pesado el de menos de 30º API; y ultrapesado el de menos de 16º API. En el mercado, los crudos mas deseados son los livianos, como el Brent (45º API) y WTI (47º API). Los de grado menor a 16 tienen mercados restringidos pues requieren refinerías especiales en sus lugares de extracción y normalmente en los países de destino. Los ultrapesados son difíciles y costosos de transportar por gasoducto dada su alta viscosidad, por lo que su primer tratamiento debe ser cercano a los pozos de explotación hasta transformarlos en crudos pesados. Sólo entonces se exportan a refinerías especializadas. En general existen pocas refinerías con infraestructura para refinar este tipo de crudos.
En lo que importa a este trabajo, se puede decir que el uso de los crudos pesados como instrumento de poder es restringido. Tratándose de crudos livianos un país exportador podría cortar el suministro a un importador, seguro que ese producto sería ubicado en otros mercados. No ocurriría lo mismo con crudos ultrapesados si el país importador dispone de las escasas refinerías especializadas en el tratamiento de estos hidrocarburos, pues en este caso al cortar el suministro y no poder ubicar el producto en los mercados se estaría autoinfligiendo un daño igual o mayor que el que pretende causar a su adversario. Esta última es en gran medida la relación entre Venezuela y EEUU. Venezuela exporta crudos pesados a EEUU, debido a que este país tiene un alto número de refinerías capaces de procesar petróleo de estas características. Lo anterior hace que sea muy difícil usar este tipo de suministros como un instrumento de presión. Aún más, hasta podría decirse que la ecuación de poder es, en este caso, más favorable a EEUU pues la capacidad de refino de crudos pesados y de alta acidez es más escasa que su disponibilidad.
En el mismo sentido, se puede sostener que la búsqueda de asociaciones de PDVSA con empresas petroleras estatales o privadas de otros países, en proyectos que importen tanto la explotación de crudos ultrapesados en Venezuela como, a la vez, la creación de capacidades de refino de ellos en sus países de destino, deben ser vistas como situaciones en que normalmente un conflicto no sería de suma negativa –el exportador gana y el importador pierde– sino de suma positiva pues, de continuar el intercambio ambos ganan, y de interrumpirlo, ambos pierden.
En síntesis, la “diplomacia del petróleo” de Chávez tiene lugar en un marco específico, bajo muchos conceptos adverso, como lo indica el estancamiento de los niveles de producción, la subinversión, la incapacidad para atraer niveles significativos de inversión privada, la politización y mala administración de PDVSA y la presencia de crudos ultrapesados. En estas condiciones depende de los actuales altos precios del petróleo y sólo es posible mientras esta situación se mantenga. Una caída significativa de precios no podría ser compensada, al menos en el medio plazo, por aumentos de producción de crudo. Mucho menos por el dinamismo de otros sectores de la economía, pues el régimen chavista no ha sabido utilizar la actual coyuntura favorable de precios para financiar un desarrollo autosostenido de otros sectores de la economía.
III. La política del petróleo en América Central y el Caribe
De todos los lugares de América latina, es esta la región donde puede ser mayor la importancia del petróleo y gas como instrumento de política. La razón es obvia, se trata de una zona en la que concurren grandes productores de petróleo y más de veinte naciones que son importadores netos de crudo y gas careciendo por completo de esos recursos. En efecto, ahí convergen dos productores de nivel mundial que son Venezuela y México y otros dos –Trinidad y Tobago y Colombia– que, no alcanzando los niveles de producción de los anteriores, son grandes a nivel regional. Las veintidós naciones a que hemos aludido son Haití, Republica Dominicana y Cuba, más las seis centroamericanas –Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá– y trece de las catorce integrantes del CARICOM. De ellas sólo dos, Guatemala y Cuba, producen petróleo pero en magnitudes que no alcanzan a satisfacer su consumo interno.
En esta región la dependencia del petróleo y el gas es mayor que en cualquier otra del Hemisferio y, por tanto, las oportunidades de la “diplomacia del petróleo” también más altas.
América Central y el Caribe, a su vez, es una zona donde varias potencias y subpotencias han procurado, históricamente, ejercer influencia. Desde luego EEUU, pero también México, Venezuela y Cuba, particularmente bajo Castro.Adicionalmente, Brasil ha ido prestando a la región creciente importancia al punto que Lula ha realizado ya dos visitas oficiales al Caribe. La zona es importante por muchas razones: su población, su mercado, la cercanía a los EEUU que le da interés geopolítico, su poder electoral en el Sistema Interamericano (los países del CARICOM reúnen catorce votos en la Asamblea General de la OEA y los sudamericanos apenas diez). En consecuencia, toda evaluación de la acción política de algunos de estos países en el área requiere tener en consideración el contexto de las acciones y reacciones que esos actos provocan en otras potencias o subpotencias que actúan en la zona.
En este marco, entre los ejes o líneas matrices por los que transcurre la política del petróleo y del gas en la región se pueden mencionar los siguientes.
El Acuerdo de San José
Desde hace por lo menos un cuarto de siglo los países de América Central y el Caribe han venido buscando colaboración internacional para enfrentarse a las dificultades que les crea su carencia de petróleo, circunstancia que se ha visto agravada con cada disparada de precios.
En agosto de 1980 esta tarea fue asumida, en colaboración, por los gobiernos de Venezuela y México a través del Acuerdo de San José, en que acordaron, cada uno, suministrar 80.000 barriles diarios de crudo o productos refinados a once países del área (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Haití, República Dominicana, Barbados y Jamaica) a precios del mercado internacional pero con la ayuda de líneas de crédito que cubrían entre el 20% y el 25% del coste total del combustible. Este acuerdo, hasta ahora, ha sido renovado anualmente, aunque cuestionado por Chávez, debido a su no extensión a Cuba.
El Acuerdo de Caracas
La crítica de Venezuela al Acuerdo de San José le llevó a crear, en octubre de 2000 el Acuerdo de Caracas, que fue planteado como paralelo del anterior. Fue suscrito entre Venezuela y diez países de la región (todos los del acuerdo anterior, menos Jamaica) y compromete un suministro diario de petróleo de 80.000 barriles –siendo la cuota mayor la de República Dominicana, de 20.000 barriles, y las menores las de Barbados y Belice de 1.600 y 600 barriles, respectivamente– a los precios internacionales, pero con un plazo de pago de hasta diecisiete años y a una tasa de interés anual del 2%.
PetroCaribe
Cinco años después, en junio de 2005, Venezuela dio un nuevo paso al crear PetroCaribe, que comprende a naciones caribeñas no integradas en los acuerdos antes mencionados, Antigua y Barbuda, Bahamas, Cuba, Grenada, Guyana, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Surinam, más tres, Belice, Jamaica y República Dominicana, que sí lo estaban.
El crudo les es vendido a los países demandantes a precios de mercado, sin subsidios. Lo interesante es que se les entrega una financiación de largo plazo que está en relación con el aumento de los precios internacionales, vale decir, a mayor precio del barril, mayor la parte de la factura petrolera que goza de facilidades financieras, que alcanza al 30% cuando el precio es superior a 40 dólares; al 40% si el barril cuesta más de 50 dólares; y al 50% si llegara a 100 dólares. Si el precio del crudo se mantiene por debajo de 40 dólares, el plazo y los intereses son los mismos del Acuerdo de Caracas; pero si los excede, el plazo se aumenta a 25 años. El petróleo así vendido sólo puede ser utilizado para consumo doméstico de cada país, prohibiéndose su reexportación.
Este acuerdo tiene, por lo menos, otros dos rasgos que lo distinguen. Uno, es que crea una organización permanente, con sede en Caracas, con un Consejo Ministerial y una Secretaría Ejecutiva que corresponde a Venezuela. El segundo es que crea un Fondo denominado ALBA-Caribe destinado a financiar programas de desarrollo económico y social y que se inicia con una contribución venezolana de 50 millones de dólares. Adicionalmente, el gobierno de Chávez quiso vincular el acuerdo de PetroCaribe al ALBA (como alternativa al ALCA) con resultados inciertos pues esa propuesta no ha sido aceptada, como sucedió, por ejemplo, en la IV Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), realizada en julio del año pasado, donde contra las presiones de la diplomacia venezolana se suprimió toda referencia al ALBA.
Estos acuerdos de Venezuela con países de América Central y el Caribe son, sin duda, una ayuda para las naciones del área. Pero sin desconocer el esfuerzo venezolano por contribuir a aliviar la situación de los países del Caribe, agobiados por el coste de sus compras de petróleo, son válidas las preguntas acerca del grado de dependencia que esta ayuda puede crear y la disposición del oferente a utilizarla como instrumento de presión. En rigor, hay indicaciones contradictorias. En la votación para elegir al presidente del Banco Interamericano, países receptores de la ayuda de PetroCaribe votaron a favor del candidato de Colombia, que era fuertemente resistido por Chávez; un ejemplo opuesto y de extrema rudeza, aunque anterior a PetroCaribe, fue la decisión de Chávez de cortar las exportaciones de petróleo a República Dominicana en 2004.
El Acuerdo Venezuela-Cuba
El Acuerdo Venezuela-Cuba es el programa de acción internacional más estrecho que existe entre dos países del Hemisferio. Su base política es el rechazo a EEUU y una retórica “antiimperialista”, “antiglobalización” y “antineoliberal”. Como modelo de sociedad que se propone, al menos hasta hoy, existe una diferencia entre un vago “socialismo del Siglo XXI” propuesto por Chávez y el “socialismo real” implantado por Castro.
La base material de este acuerdo es el petróleo. La falta de transparencia que caracteriza a los regímenes de Castro y Chávez hace difícil precisar los términos del convenio existente entre ambas naciones; sin embargo, diversas publicaciones (entre otras, Erickson, Corrales, Falcoff y Schifter) apuntan a lo siguiente. Venezuela envía a Cuba 90.000 barriles por día a un precio que se estima es dos tercios del valor de mercado. Cuba consume 120.000 bpd, dos tercios de los cuales los produce internamente. Por tanto, de los 90.000 barriles que entrega Venezuela, 40.000 son destinados al consumo interno y 50.000 reexportados a los mercados mundiales. Así, Cuba no sólo obtiene la ventaja de usar para su consumo interno una materia prima subsidiada sino también la de reexportar parte de ella. Esta forma de ayuda es similar a la que prestaba la URSS en los años 80 y 90, cuando las entregas de petróleo soviético a precio subsidiado permitían al régimen de Castro vender hasta 60.000 bpd en el mercado spot, capitalizando a su favor la diferencia.
A cambio de la ayuda petrolera, Venezuela recibe entre 30.000 y 50.000 profesionales cubanos, especialmente en las áreas de medicina, educación y deportes, que han sido fundamentales para que el gobierno de Chávez haya podido llevar adelante programas asistenciales (las “misiones”) de alfabetización, policlínicos en los barrios pobres, entrenamiento deportivo y cedulación y, muy probablemente, aunque esto último no se haga público, asesoría para el fortalecimiento de los servicios de inteligencia y seguridad y para la reforma del aparato militar. De la magnitud de este intercambio queda registro en los informes de la CEPAL que, basados en cifras proporcionadas por el gobierno de Cuba, dan cuenta de un aumento del producto de 11,8% en 2005, impulsado en parte significativa por “la venta de servicios profesionales a la República Bolivariana de Venezuela”.
El esfuerzo de Venezuela a favor de Cuba no es menor, aun cuando es difícil calcularlo con precisión, tanto porque los términos de los acuerdos en que se funda no son públicos como porque su monto depende del fluctuante precio del petróleo. Con todo, se puede estimar que en las condiciones de este año 2006, la suma de subsidios, reexportaciones y financiación permite un mayor ingreso al régimen cubano no menor de 1.400 millones de dólares anuales e incluso más. Aun cuando ha sido decisiva la colaboración cubana en la implementación, por parte del gobierno de Chávez, de programas asistenciales de impacto popular, no es claro el valor monetario de esa contraprestación, pues consiste en servicios profesionales no transables a los que, además, es difícil medir su eficiencia. Pero más allá de estos cálculos, el intercambio de “petróleo por trabajadores calificados” es considerado muy favorable por ambos regímenes.
Estos acuerdos son objeto de consideraciones y críticas no menores. Sin desconocer la soberanía del gobierno de Hugo Chávez para entregar a Cuba esa ayuda, se cuestiona que dado su enorme monto pueda ser mantenida en el tiempo y, más duramente, se critica la racionalidad de un gasto de esa magnitud por un país que no es una potencia de primer rango y, además, acosado por ingentes problemas de pobreza, desempleo y subinversión en su propia industria petrolera. Jurídicamente este acuerdo ha sido complementado por el reconocimiento al régimen cubano de jurisdicción sobre los trabajadores y técnicos de esa nacionalidad que, en razón de este convenio, deban vivir en Venezuela, asunto que agrega cuestionamiento éticos a este intercambio de “trabajadores por petróleo”.Finalmente, un asunto no menor es que estos acuerdos han creado una gran dependencia de Cuba respecto de la ayuda venezolana, al punto que su ruptura podría volver a sumir al régimen de La Habana en la penuria económica que le significó la caída de la Unión Soviética.
Los acuerdos de petróleo barato con municipios políticamente afines de El Salvador y Managua
El intento de usar el petróleo como arma de intromisión política en las luchas electorales de otros Estados está presente, y de un modo flagrante, en dos acuerdos recientes firmados por Chávez. En El Salvador, el convenio con la organización de alcaldes pertenecientes al Frente Farabundo Marti, destinado a entregarle petróleo a través de PDVCaribe, una subsidiaria de PDVSA, a un precio rebajado y pagando los municipios hasta un 40% en productos agrícolas. El otro es un acuerdo similar en Nicaragua, con los alcaldes Sandinistas que apoyan la candidatura de Daniel Ortega, a quien Chávez ha respaldado públicamente como su candidato en las próximas elecciones presidenciales.
México, Colombia y el Plan Puebla Panamá
En junio de 2001, los presidentes de México, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá anunciaron el Plan Puebla Panamá (PPP), destinado a acelerar la integración de la llamada “mesoamérica”, esto es los nueve estados del sur de México y los siete países de América Central.
Esta idea no concitó durante sus primeros años un interés muy activo de México y se concentró fundamentalmente en el desarrollo de la infraestructura vial. Sin embargo, en la medida que se ha hecho más evidente la acción de Cuba-Venezuela sobre la subregión, los mexicanos han vuelto a la iniciativa con un interés geopolítico más concreto.
En lo que aquí importa, el PPP hoy tiene, como una de sus preocupaciones centrales, la energía y el petróleo. A mediados de 2005 se llamó a licitación internacional para la construcción del “Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central” (340 millones de dólares de inversión). Está planteada, además, la colaboración con México y Colombia para el aprovechamiento de los recursos petroleros y gasíferos de estos dos países.
Finalmente, en noviembre de 2005, los presidentes centroamericanos y de México, en el marco del PPP, acordaron impulsar la construcción, en algún país centroamericano (no puede ser en México pues la Constitución le impide construir, en su suelo, refinerías con capitales privados), de una planta capaz de procesar entre 350.000 y 400.000 bpd. Esa refinería, de un coste estimado de 6.000 millones de dólares, tendría aportes de capital del 40% por el Estado mexicano, del 20% por las naciones centroamericanas y del 40% por inversores privados. De concretarse la iniciativa, los países de la región tendrían acceso a una mayor variedad de mercados de crudo.
Colombia, motivada por preocupaciones geopolíticas similares a las de México, se ha integrado como observador al PPP, comprometiéndose a jugar un papel activo. Esta colaboración puede llegar a ser importante en el tema energético dadas las posibilidades de esa nación andina de ser tanto un proveedor de hidroelectricidad como de gas, petróleo y carbón.
La reforma del sector del petróleo y gas mexicano
La política de energía en América Central y el Caribe está indisolublemente ligada a lo que ocurra con México, que aunque no cuente con las mayores reservas sí es el mayor productor del área. PEMEX, la estatal mexicana, tiene el monopolio de la explotación, refino y distribución de hidrocarburos y es, de lejos, la mayor aportadora de recursos tributarios al país. La eficiencia de PEMEX está cuestionada, pues están disminuyendo sus reservas, sus inversiones en exploración son insuficientes, carece de adecuada capacidad de refino para crudos pesados, está retrasada en materia de exploración y explotación en aguas profundas y tiene costes de administración elevados. Es cierto que en materia de inversión PEMEX duplica a su congénere venezolana, pero también está lejos de alcanzar niveles que permitirían los aumentos de producción requeridos. Lo anterior ha planteado la necesidad de que México, en el sector de energía, se abra a la inversión privada nacional e incluso extranjera. Sin embargo, este es un tema muy difícil de situar en el debate de las políticas públicas, como lo mostró el que durante la reciente campaña presidencial incluso el candidato de la derecha rechazara cualquier eventual término del monopolio de PEMEX sobre el sector petrolero. Sin embargo, en el último tiempo, aunque no resuelta por reformas constitucionales y legales, se ha ido produciendo, de facto, una apertura al sector privado en el área del gas natural –donde ya México ha pasado a ser un importador– mediante el otorgamiento, por la Comisión Reguladora de Energía, de concesiones de distribución de gas y, luego, a través de los llamados contratos de servicios múltiples (CSM), de blocks para la explotación de gas natural. A su vez, en el marco de declaraciones a favor del mantenimiento del monopolio de PEMEX, el candidato triunfador en la pasada elección presidencial, Felipe Calderón, ha hecho insistentes declaraciones a favor de una modernización cuyo sentido, sin embargo, no se precisa. Ciertamente, estos son desarrollos que debieran analizarse con cuidado en los próximos años.
IV. La política del petróleo en la región andina
La región andina está caracterizada por dos rasgos cuya consideración es esencial para el análisis que aquí se hace. Uno es su riqueza energética; el otro la gravedad de su crisis política, social y étnica.
El primer rasgo hace de ella la zona de América donde “la diplomacia del petróleo” puede tener un menor impacto. Las oportunidades de influencia que da el petróleo y el gas son mayores cuando en las relaciones entre los Estados se da una asimetría, donde existe un gran oferente del recurso y varios otros que carecen de él. Este tipo de relación, que abre puertas a la dependencia, no se da dentro de la zona andina por la razón de que los países que la componen son exportadores netos de energía al mundo; tienen reservas enormes de petróleo, gas, carbón e hidroelectricidad. La autosuficiencia de energía de estos países hace que en el área los niveles de integración sean casi inexistentes y levemente significativos en materia de electricidad. Sólo en el último año han surgido algunos acuerdos bilaterales importantes entre Colombia y Venezuela y algunos intentos, hasta hoy no materializados, entre Venezuela y Ecuador.
El segundo rasgo, en cambio, abre la puerta a la influencia de potencias, grandes o medianas, que quieran ganar poder al interior de otros Estados sobre la base de intervenir en ellos financiando acciones políticas, abiertas o encubiertas, tendientes a desestabilizar sus gobiernos o que procuren apoyar partidos o candidatos que sean afines a sus intereses y proyectos. En este caso, como señalamos en las consideraciones hechas al inicio de este trabajo, no estamos ante una “diplomacia del petróleo” sino ante el ejercicio crudo del poder que da la riqueza de un Estado no teniendo mayor significación si su origen es el petróleo o no.
A este tipo de acciones de intervención política los países del área andina son vulnerables, pues se enfrentan a problemas de gobernabilidad resultado de profundas fallas de sus sistemas políticos. Integran un área atravesada por variados intentos de reformas del Estado, por crisis o la amenaza de crisis institucionales, por la reemergencia de un papel político de los militares y, en algunas de esas naciones, por los problemas que crean la violencia, la guerrilla, el narcotráfico, la crisis económica y los pobres resultados de sus economías, que han hecho que al iniciarse esta década los ingresos per cápita de sus poblaciones sean más bajos que los que tenían en 1990. La causa fundamental de las actuales crisis de estos países se ubica en el campo de la política: en sus Constituciones, sistemas de partidos, leyes electorales, el tipo de relaciones de la sociedad civil con el sistema político, los patrones de conducta de sus clases dirigentes y los elevados niveles de corrupción. En tres de ellos, además, la población indígena representa más de un tercio de los habitantes, realidad que al no haber sido abordada por políticas coherentes y eficaces ha creado una fractura étnica que afecta la gobernabilidad.
Intervenciones de este segundo tipo, es decir no propias de una “diplomacia del petróleo” sino de clara intencionalidad política, serían el caso de reiteradas acciones de Chávez y a las que se aludirá brevemente, pues no son el objeto principal de este informe.
Colombia
En el campo de la energía, Colombia es independiente de Venezuela y de cualquier otro país. Es un exportador neto de recursos energéticos: petróleo, gas, carbón de calidad y abundancia de recursos hídricos.
Dada la fuerte declinación en la producción de petróleo que ha venido registrando en los últimos años, Colombia, bajo la presidencia de Uribe, ha hecho un esfuerzo por revertir esta situación mediante políticas que se ubican en las antípodas de las que hoy siguen Venezuela y Bolivia y, en cierto modo, Ecuador. Son pro-empresa y se orientan al aumento de la seguridad, el control de la guerrilla, la disminución de secuestros, sabotajes y exacciones ilegales por parte de la guerrilla y los paramilitares; una reducción de la participación del gobierno por concepto de impuestos y regalías a un 50%; la autorización de las exportaciones de gas; y permitir que los contratos de exploración con Ecopetrol de 50%-50% puedan pasar a unos de asociación 70%-30%. Adicionalmente, Colombia tiene prestigio como un país donde hay respeto por los contratos y estabilidad en las reglas del juego. En cuanto a la reforma de Ecopetrol, la política colombiana se asemeja a la llevada a cabo por Brasil con Petrobras en los años 90: ha trasladado las funciones reguladoras que antes correspondían a la empresa estatal a un nuevo organismo, que es la Agencia Nacional de Hidrocarburos y acaba de anunciar la privatización de un 20% de la propiedad de Ecopetrol. Todo lo anterior tiene como meta un fuerte incremento en la búsqueda y producción de hidrocarburos, dado que en la actualidad el 80% del territorio del país no ha sido objeto de exploración. En este esfuerzo la principal empresa regional aliada de Colombia es Petrobras que ya se ubica como la cuarta mayor productora detrás de Ecopetrol, British Gas y Occidental y una de las primeras en exploración.
En lo que se refiere a las relaciones en materia energética con Venezuela, se puede afirmar que en el actual estado de la situación del petróleo y gas, es Venezuela quien necesita más a Colombia y no al revés; que existen iniciativas que interesan más al régimen de Chávez que al de Uribe. Una es el gasoducto Transguajiro, que tiene una extensión de 330 km y que entre 2007 y 2011 –e incluso 2014– transportará gas colombiano para abastecer a los consumidores de Venezuela. El proyecto es de tal prioridad para el gobierno de Chávez que ha asumido su coste de construcción. El asunto ilustra el escaso desarrollo del gas en la economía venezolana. El otro proyecto, todavía no en ejecución, es el poliducto con que Venezuela quiere trasladar a la costa del Océano Pacífico sus crudos, como modo de fomentar exportaciones a Asia y especialmente a China.
En el plano político, la lucha contra la guerrilla colombiana ha creado algunas tensiones entre los dos países y, en algún momento, acusaciones recíprocas de violación del espacio territorial de sus Estados. Sin embargo, en el último año las relaciones de Chávez y Uribe se han normalizado. Además, hay que agregar que el atractivo de Chávez y el Movimiento Vª República es marginal en Colombia, no existiendo grupos que reclamen identidad con la “revolución bolivariana”.
Ecuador
En la misma vena que Venezuela bajo Chávez, aunque en menor grado, Ecuador ha venido aplicando una política agresiva en contra de la inversión extranjera que, en parte, es el reflejo de un país donde las reglas del juego son cambiadas constantemente y que, además, tiene una gran debilidad institucional –una de cuyas expresiones ha sido que entre 2004 y 2005 estuvo quince meses sin Corte Suprema de Justicia–. En la actualidad el sector petrolero está atravesado por una serie de conflictos, como por ejemplo la larga disputa sobre deudas impositivas –pagos del Impuesto al Valor Agregado– de compañías petroleras privadas; y, recientemente, la puesta en aplicación de la reforma a la ley de hidrocarburos que significa un cambio en los contratos de las compañías petroleras obligándolas a compartir al 50% las ganancias excesivas provenientes de los altos precios del petróleo. Pero tal vez el más delicado incidente ha sido la revocación por el gobierno de los contratos a la Occidental Petroleum, que producía alrededor de un quinto del petróleo ecuatoriano y que fue acusada de una venta no autorizada del 40% de un block petrolero en el Amazonas a una compañía canadiense.
Sin embargo, en lo que puede ser una nueva contradicción, el ministro de Energía de Ecuador señaló en los días finales del mes de mayo dos medidas que importaban una apertura a la participación de empresas petroleras extranjeras en Ecuador. Una era el anuncio de la licitación de áreas de exploración petrolíferas con reservas de más de 1.000 millones de barriles a empresas extranjeras pero especialmente estatales; la segunda es que en los próximos 45 días el Block 15, cuya concesión fue cancelada a la Occidental, sería entregado en explotación a alguna empresa petrolera extranjera, idealmente estatal, mencionándose entre ellas ENAP, Petrobras y Ecopetrol.
La relación de Venezuela con Ecuador es más compleja que la que existe con Colombia. En 2005, cuando atentados a los oleoductos ecuatorianos impedían a ese país cumplir contratos de suministro, Chávez hizo a Ecuador un gesto que fue bien recibido y que consistió en lo que se llamó un “préstamo de petróleo” tendente a permitirle honrar sus compromisos. Recientemente han fracasado las negociaciones entre Ecuador y Venezuela en virtud de las cuales PDVSA se hacía cargo de la explotación del Block 15, comprometiéndose, a cambio, a entregar a Ecuador productos refinados. Esta nueva caída se agrega a propuestas anteriores, tampoco materializadas, en que Venezuela, que tiene capacidad ociosa de refino, ha ofrecido tratar crudos pesados ecuatorianos.
En el plano político ha habido acercamientos de Chávez cuyos resultados son difíciles de evaluar. A inicios del gobierno de Lucio Gutiérrez, dado el origen militar de ambos caudillos, se pretendió establecer una cercanía entre ambos, que no fructificó. Tras la caída de Gutiérrez y en los meses inaugurales de su sucesor, el vicepresidente Palacio nombró un gabinete que buscó una colaboración con Chávez a través del ministro de Relaciones Exteriores Antonio Parra y, sobre todo, del de Economía, Rafael Correa, que caracterizó su gestión por una retórica “anti Bush-FMI-BM”, a lo que contestó Venezuela con ofertas de compras de bonos de la deuda ecuatoriana y de un préstamo por 500 millones de dólares, que luego se redujo a 200 y que, finalmente, no se materializó. La presencia de Parra y Correa en el gabinete fue efímera y el acercamiento a Chávez desapareció.
En la actualidad, Ecuador se enfrenta a una elección presidencial cuya primera vuelta tendrá lugar en octubre de este año. Uno de los candidatos es Rafael Correa, que ha estado tratando de crear, con resultados inciertos, una coalición de fuerzas de izquierda y el movimiento indigenista Pachakutik. Correa ha recibido el apoyo de Hugo Chávez.
Perú
No obstante ser importador de petróleo, dada la escasa magnitud de su déficit, es independiente de lo que suceda con este recurso, situación que se ha visto reducida al mínimo a partir del ingreso del gas de Camisea que lo ubica en la doble condición de ser, por una parte, un demandante de pequeñas cantidades de petróleo en el mercado internacional, pero un oferente significativo de gas natural.
Perú ha proyectado las exportaciones de Camisea al gas natural licuado, para lo cual ha decidido la construcción de una planta de licuefacción a un coste de 3.200 millones de dólares, en asociación con Hunt Oil y Repsol-YPF, destinada a la exportación a los mercados de México y EEUU.
Una iniciativa interesante de integración –desgraciadamente hasta ahora fallida– y en la que Perú juega el papel clave es el llamado “anillo energético”, propuesto en junio del 2005 en la reunión de presidentes del Mercosur. Se trata de una interconexión de gasoductos, algunos ya existentes y otros por construir, que uniría a Camisea, el norte de Chile cruzando hacia Argentina, Paraguay, Uruguay y, finalmente, empalmando con el sur de Brasil. El proyecto, sin embargo, ha encontrado dos dificultades. La primera, la política de Perú, que considera que las actuales reservas de Camisea sólo aseguran el abastecimiento del consumo doméstico y el proyecto de gas natural licuado; la segunda, la resistencia de Bolivia a colaborar –mientras no se atienda a su reclamación marítima– con una iniciativa que aliviaría la demanda chilena por el hidrocarburo.
Perú no es dependiente energéticamente ni de Venezuela ni de otros países. Sin embargo, Chávez intervino activamente en la política peruana de los últimos meses, comprometiéndose con la candidatura de Ollanta Humala. Incluso, en reacción a una provocación de Alan García, se enfrascó en una dura polémica con quien es el actual presidente de Perú. El incidente terminó en la retirada de los embajadores de ambos países.
Bolivia
La llegada de Evo Morales a la presidencia de la república, en enero de este año, ha redefinido la actitud del país en dos materias cruciales que importan a este trabajo: una política de nacionalizaciones y otra de revisión de precios de exportación del gas natural.
La nacionalización de los hidrocarburos no es sorprendente si se considera que fue la principal bandera electoral de Morales y el mandato de un plebiscito, realizado en 2004, que ordena al Estado “recuperar la propiedad, la posesión y el control total y absoluto” de esos recursos.
El 1 de mayo de este año Morales dictó un decreto de nacionalización que fijó un plazo de 180 días para que las empresas petroleras que decidan continuar en el país firmen nuevos contratos con el Estado que garanticen el control y dirección estatal de sus actividades. La medida fue acompañada de cambios en la participación de las empresas en el producto de las explotaciones, que fue redistribuido de modo de entregar, tratándose de los yacimientos de mayor producción, un 82% al Estado boliviano y un 18% para ellas. En el caso de yacimientos menores esos porcentajes varían a 60% y 40%. En este proceso las dos empresas más afectadas fueron la española Repsol-YPF y Petrobras.
El hecho de haber nacionalizado las inversiones de la estatal brasileña de petróleo y gas ha tenido un impacto más allá de la energía, produciendo un distanciamiento de Evo respecto de Lula da Silva, asunto que es delicado pues Brasil es la nación económicamente más importante para Bolivia, siendo el comprador del 70% de su gas, principal fuente de inversiones tanto en el sector de gas y petróleo como en la economía agraria de Santa Cruz de la Sierra y principal abastecedor de productos industriales. Brasil y Bolivia, no obstante diferencias de intereses, son economías complementarias, destinadas a una amplia colaboración.
La reacción brasileña ha sido dura. En la reunión del Mercosur en Caracas, Lula se negó a reunirse con Morales aduciendo que las discusiones sobre precios del gas no eran un asunto del presidente de Brasil sino de Petrobras. Pero lo más grave es que el gobierno de Brasil ha dicho que su principal objetivo estratégico es ser independiente, en el más breve plazo, del gas boliviano. Y para demostrar la seriedad de su intento ha adoptado cuatro medidas, ya en curso. Primero, suspendió la ampliación del gasoducto Bolivia-Brasil en una señal de que no considera aumentar compras de gas de su vecino. Segundo, dispuso la construcción de dos grandes plantas de GNL –incluso se habla de una tercera– indicando que va adquirir gas en países como Trinidad y Tobago, Nigeria, Angola o Indonesia. Tercero, triplicó las actuales inversiones en exploración y explotación de gas natural. Y cuarto, canceló los compromisos de Petrobras de invertir 5.000 millones de dólares en los próximos cinco años (2007-2011).
La asesoría prestada por Chávez a la nacionalización decretada por Evo Morales –asunto al que se hace referencia más adelante– ha fortalecido la cooperación energética entre La Paz y Caracas, asunto que, en lo que se refiere a la energía, no parece conveniente especialmente si se ha hecho al precio de un término de la colaboración, en estas materias, con Brasil. Bolivia tiene un déficit menor de petróleo que, por su magnitud, podría suplirlo en diversos mercados y, desde luego, Argentina e incluso Brasil. Bolivia y Venezuela no son energéticamente complementarios sino más bien competitivos pues ambos son las mayores reservas de gas natural de la región. Complementarias desde un punto de vista energético, en cambio, son las economías de Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, que son importadores de gas. A su vez, solicitar a PDVSA y no a Petrobras apoyo para desarrollar la industria del gas es equivocado pues mientras la brasileña es líder mundial en el campo, PDVSA ha sido –no obstante las enormes reservas de su país– incapaz de desarrollar la industria del gas.
En materia energética, las relaciones más formales entre Chávez y Bolivia constan en el “Acuerdo de Cooperación en el Sector Energético” y el “Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas”, firmados al día siguiente de la asunción de Morales y que establecen, en esencia, que: (1) Venezuela suministra “hasta 200.000 barriles mensuales o sus equivalentes energéticos”; (2) señala que este suministro será “hasta los volúmenes requeridos para satisfacer la demanda interna”; (3) crea formas de pago y financiación a favor de Bolivia; (4) acepta el pago con productos bolivianos o prestación de servicios; (5) la financiación, al igual que PetroCaribe, aumenta en la medida que el precio del barril de petróleo crece; (6) Venezuela compromete el apoyo de PDVSA a la reestructuración y modernización de YPFB y la “conformación de empresas mixtas entre YPFB y PDVSA para el desarrollo de proyectos de exploración, producción, refinación, cadenas de distribución, procesamiento e industrialización de hidrocarburos”; y (7) plantea la “creación de PDVSA Bolivia y la apertura de su oficina en Bolivia...”.
Analizado en sus propios términos, estos acuerdos son menores. Comprenden una suma pequeña de petróleo, unos 6.600 bpd, que es insignificante si se compara con los 90.000 bpd a Cuba. Se deduce de lo anterior que el esfuerzo de financiación es igualmente reducido pues se hace sobre una factura petrolera de alrededor de 13 millones de dólares mensuales. A su vez, el margen de maniobra para el pago con productos bolivianos no es muy grande si se considera que en 2005 las compras de Venezuela a ese país alcanzaban un monto total de 160 millones de dólares, de los cuales sólo una parte pequeña podría ser objeto de trueque por petróleo. Finalmente, el apoyo y asociaciones de PDVSA con YPFB no es la mejor opción dada la debilidad de las capacidades gerenciales de la primera.
Casi conjuntamente con la nacionalización, el gobierno de Bolivia procedió a renegociar los precios en los contratos para abastecimiento de gas con Argentina y Brasil, asunto en el que al gobierno de Bolivia le asiste la razón, pues el precio de ese hidrocarburo, pagado por Brasil y Argentina, estaba muy por debajo de los del mercado. Sin embargo, para Evo Morales ha sido una desagradable coincidencia que esta pugna por los precios estallara casi al mismo tiempo que la nacionalización, agravando las tensiones ya existentes con Brasil y creando nuevas con Argentina, naciones que son responsables del 100% de las exportaciones bolivianas de gas.
Obviamente, cambios de la magnitud de las nacionalizaciones afectan a la industria en términos de inversiones para exploración y explotación de gas, en tanto que los aumentos de precios y, eventualmente, la inseguridad en el cumplimiento de los contratos de abastecimiento, estimulan a actuales o potenciales compradores de gas a desarrollar fuentes energéticas alternativas. Estos temas –las tensiones creadas por las negociaciones de precios, como las respuestas hacia la diversificación de las matrices energéticas– serán analizados en el número siguiente, que se refiere a la política energética en el Cono Sur.
A menos de siete meses de la nacionalización, el gobierno de Evo Morales ha empezado a aprender, por la vía dura, que dictar un decreto de nacionalización es algo simple; pero hacerse cargo de las actividades nacionalizadas, una tarea enorme. Claramente YPFB no tiene ni la organización, ni los recursos humanos y de capital para mantener en funcionamiento y desarrollar por sí sola la industria gasífera. Así lo ha tenido que reconocer el ministro de Hidrocarburos boliviano al señalar que el pleno efecto de la nacionalización del petróleo y gas estará “temporalmente suspendido” mientras se enfrenta la reestructuración de YPFB y se identifican fondos que permitan financiar los aumentos de inversión requeridos.
En otro plano, la mayor influencia de Chávez sobre Bolivia no viene por el lado de la dependencia energética sino que sus instrumentos son políticos e ideológicos y afirmados en un programa de cooperación que reproduce el existente entre los regímenes de Castro y Chávez y que consiste en el envío de técnicos cubanos y también venezolanos para implementar en Bolivia programas asistenciales similares a “las misiones” que pusiera en marcha Chávez.
Chávez financió parte de la campaña electoral de Morales. Elegido Evo, al día siguiente de su inauguración, se firmaron entre Venezuela y Bolivia acuerdos que establecieron una amplia colaboración definida en las citas textuales que se hacen a continuación.
“(...) colaboraremos en la educación, en los servicios de identificación y en la salud”... “las Partes de común acuerdo, podrán invitar a participar en las acciones de cooperación previstas en el presente instrumento, a otros países de la región...”.
Esta disposición era la forma de extender esta empresa al régimen cubano, asunto que se hizo en las semanas siguientes.
“Apoyo a la decisión de enfrentar el analfabetismo y sus secuelas en el plazo de 30 meses, aprovechando la experiencia que en esta materia ha desarrollado el gobierno venezolano...”.
Dos meses después de firmados los acuerdos, fue inaugurada la campaña de alfabetización con la presencia del presidente Evo Morales y de los ministros de educación de Cuba y Venezuela.
“Intercambio de entrenadores, técnicos, especialistas y expertos en el área del deporte”.
“Capacitación de personal boliviano dentro del espacio geográfico de la República Bolivariana de Venezuela, en el marco de las 5.000 becas ofrecidas a la República de Bolivia, por la República Bolivariana de Venezuela”.
Vale destacar el elevado número de becas, aunque no se precisan sus características, extensión y beneficiarios.
“La República Bolivariana de Venezuela, de manera conjunta con la misión médica cubana destacada en Venezuela y en Bolivia... se compromete a conceder el beneficio de la ‘Misión Milagro’ a los pacientes bolivianos que adolezcan de las siguientes patologías...”.
“Las Partes convienen un intercambio efectivo de experiencias en materia de identificación ciudadana, tomando en cuenta la práctica venezolana de la ‘Misión Identidad’ llevada a cabo por el Ministerio del Interior y Justicia (venezolanos), a fin de garantizar el derecho a identidad de la población”.
Este es un asunto que crea especial preocupación. Por una parte, la identificación (entrega de cédulas de identidad) de las personas más pobres es un gran bien y una aspiración muy sentida de esos sectores; sin embargo, en Venezuela, según denuncias hechas por la oposición, este mecanismo fue una vía para la adulteración del padrón electoral, entregando el derecho de sufragio a quiénes no les correspondía.
En los primeros días de julio tuvieron lugar las elecciones de la Asamblea Constituyente en donde, de nuevo, hubo fuertes denuncias de la participación de Chávez en la financiación de ese proceso electoral. Lo interesante será ver si en la redacción de la nueva Carta Fundamental estarán presentes aquellos conceptos que son los pilares sobre los que se construyó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999.
V. La política del petróleo en el Cono Sur
En materia de energía, como se ha dicho, las situaciones de las regiones de América latina son distintas. En América Central y el Caribe las posibilidades de utilizar el petróleo y gas como instrumentos de política son mayores porque allí concurren varios grandes productores de energía con más de una veintena de países, casi todos económicamente pequeños, que carecen del recurso. La zona andina, en cambio, es lo opuesto pues en ella todas las naciones son productoras de hidrocarburos en términos de satisfacer no sólo su demanda doméstica sino de arrojar un balance comercial favorable en el rubro.
Lo que ocurre en el Cono Sur es diferente. Ahí concurren Brasil y Chile, que demandan más de la mitad de las importaciones de hidrocarburos de toda América latina; sin embargo, la situación de estos países es diversa. Mientras Chile produce el 4% del petróleo que consume; Brasil produce el 75% de lo que necesita para atender su mercado interno. Además, Brasil, en un 70% de sus importaciones de crudos, se abastece de proveedores de fuera de la región (Nigeria el principal, Argelia y países del Asia Pacífico); Chile, en cambio, compra un 70% de sus importaciones a países de la región, pero tiene a su favor el disponer de una buena capacidad de refino. Un tercer país, Argentina, que no obstante que sus reservas han venido disminuyendo es, hasta hoy, autosuficiente en petróleo y gas. Finalmente, habría que agregar dos países de menor tamaño –Uruguay y Paraguay– que no producen petróleo y gas; pero Paraguay es independiente en materia de energía, dada la abundancia de hidroelectricidad con que cuenta.
En lo que respecta a lo que no es propiamente una “diplomacia del petróleo”, sino a la aplicación de recursos por parte de Venezuela para ganar influencia política en las naciones del Cono Sur, sus resultados parecen improbables si se tiene en consideración la importancia política, económica e internacional, sobre todo de Brasil y Argentina, que las hace naciones en cuyo interior difícilmente puede establecer un liderazgo o consagrar una cierta hegemonía un país de importancia relativa menor como es Venezuela. En el caso de Chile, su dimensión económica es similar a la de la nación caribeña –mayor o menor según las variaciones del precio del crudo– pero su estabilidad macroeconómica y diversificación de su estructura productiva, su mayor desarrollo político y su prestigio internacional y en los mercados lo hacen, al igual que Argentina o Brasil, relativamente invulnerable a operaciones provenientes de Caracas. Algo similar puede decirse de Uruguay que, aunque económicamente más pequeño, es uno de los sistemas políticos más avanzados del continente.
El análisis de los problemas de energía en el área se concentra principalmente en los siguientes tópicos: los esfuerzos de Brasil por lograr su autoabastecimiento de petróleo y gas; la política de Chile por diversificar su matriz energética a fin de alcanzar su independencia del gas de Argentina y Bolivia; las tensiones por el precio del gas entre Bolivia, Argentina, Brasil y Chile; y las relaciones con Venezuela de los países del Cono Sur en torno de la explotación de los crudos pesados de la Franja del Orinoco y del llamado “Gasoducto del Sur”. Finalmente, la consideración de los problemas de energía en el área no es posible sin referencia a Bolivia, la nación más pobre de América del Sur pero que dispone de una sobreabundancia de gas natural que le permite atender las necesidades de Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Bolivia es, en este sentido, el pulmón gasífero del Cono Sur.
Brasil
Es interesante que en la última década el país que ha desarrollado con mayor fuerza y éxito su industria de hidrocarburos no haya sido un gran productor –no lo es Venezuela ni México– sino un importador neto, que es Brasil.
Brasil, en la década de los 90, procedió a privar a Petrobras de sus funciones reguladoras, entregándoselas a la entonces recién creada Agencia Nacional del Petróleo; luego terminó el monopolio estatal abriendo el sector a empresas privadas. Petrobras, en la que el Estado tiene un 30% de la propiedad pero derechos políticos del 55%, ha probado ser un instrumento de notable eficacia, habiendo campos –como la exploración en aguas profundas– donde es destacada en el mundo. Por otra parte, la actividad que despliega en el ámbito internacional la hacen, como dice un reciente Informe (Karl Royce, “Business News Americas. Energy Intelligence Series”) la empresa estatal líder en ese campo: desde 2004 Petrobras ha comprado acciones en concesiones de exploración en Guinea Ecuatorial, Nigeria y Libia; además, compró los activos de distribución de Shell en Colombia, Paraguay y Uruguay; suscribió un memorando de entendimiento asociado a la compra de una refinería en EEUU; creó una filial de importaciones de Metanol en Japón; se adjudicó una exploración de gas costa afuera en Venezuela y lo mismo hizo en Colombia; compró las distribuidoras de gas natural Gaseba y Conecta en Uruguay; y ha realizado hallazgos en el Golfo de México, donde en 2004 comenzó a producir gas natural de aguas profundas, adjudicándose al año siguiente 53 concesiones de exploración de gas.
No obstante críticas recientes de que bajo Lula la estatal brasileña estaría siendo objeto de un manejo politizado –asunto que ha sido desmentido por el gobierno–, la empresa revela altos estándares de eficiencia y, a su vez, un nivel de inversiones muy elevado que en 2004 fue de 7.700 millones de dólares. Recientemente Petrobras ha informado que para el próximo quinquenio sus inversiones superarán, en promedio, los 11.000 millones de dólares anuales.
Brasil ha hecho este año dos anuncios de importancia, que están cambiando la geopolítica de la energía en la región.
El primero, es que en materia de petróleo ha alcanzado el autoabastecimiento. A fines de abril Lula declaró que este año Brasil dejaría de ser un importador neto de crudos. El consumo de Brasil se estima en 1.850 millones bpd. En 2005 la producción del país alcanzó los 1.700 millones bpd, pero se estima que en 2007 se elevará a 2.000 millones bpd. Las metas de Brasil son extremadamente ambiciosas pues procuran llegar, hacia el año 2011, a 3.400 millones de bpd, para lo cual ha anunciado inversiones por 56.000 millones de dólares en el quinquenio 2005-2010. Aún cuando este objetivo parece difícil de alcanzar, lo que está fuera de dudas es que Brasil logrará probablemente este año, y con seguridad en 2007, la condición de país que se autoabastece de petróleo.
El segundo es el espectacular aumento en sus reservas de gas natural, especialmente a raíz de los descubrimientos en la cuenca de Santos que, a juicio de Petrobras, son el mayor hallazgo hecho por el país en su historia. Acorde a estos últimos datos, las reservas de gas, que a fines de 2002 se estimaban en 70.000 millones de metros cúbicos, hoy se han elevado a 400.000 millones de metros cúbicos.
A Brasil el déficit de petróleo no lo vinculó a Venezuela sino a África. Su mayor proveedor de petróleo crudo es Nigeria y otro esencial es Argelia. Con ambos ha procurado equilibrar las balanzas comerciales sobre la base de usar las importaciones de petróleo para potenciar sus exportaciones de manufacturas, para lo cual ha puesto a disposición de empresarios nigerianos y argelinos importantes líneas de crédito.
Pero si el petróleo llevó a Brasil a África, el gas lo vinculó a Bolivia, creando con ella una relación muy estrecha. Petrobras es la mayor empresa extranjera en la producción de gas boliviano, contando con el 43% de las reservas probadas y estimadas del país y habiendo invertido en el sector 1.500 millones de dólares a partir de 1994. Brasil es el principal importador de gas entre los dos países, con la más amplia red de gasoductos de la región.
Un diseño racional de la política general del país por parte del gobierno de Evo Morales debería haber profundizado esos vínculos, pues a los factores anteriores se agregaban la cercanía política entre los presidentes Lula y Morales y otros más permanentes como la complementariedad de las economías y que Brasil es la principal fuente de inversiones en Bolivia. Desafiando esos criterios Evo Morales nacionalizó los campos gasíferos de Petrobras.
Como se ha dicho anteriormente, es cierto que esta medida se podía prever, pero su forma fue de una rudeza impropia en las relaciones con gobiernos amigos como España y Brasil. La nacionalización se hizo sin información previa y los campos afectados fueron ocupados militarmente.
En la nacionalización del petróleo y gas por el gobierno de Bolivia ha sido inocultable la asesoría de Chávez, lo que ha tenido una consecuencia muy importante para la política regional y que es el distanciamiento entre los gobiernos de Brasil y Venezuela. En este asunto Chávez actúo con imprudencia. Morales hizo el anuncio de la nacionalización el 1 de mayo, nada más bajarse del avión que lo traía de una reunión en Cuba con Chávez y Castro. En las 48 horas siguientes Chávez organizó, en Puerto Iguazú, una cumbre para analizar el tema donde se reunieron, además, Kirchner y Lula y a la que acudió con Morales a quien pasó a recoger la noche anterior. En esos días la prensa informó profusamente que abogados venezolanos fueron enviados por Chávez para asesorar el proceso de nacionalización y se puso en rápida ejecución la asesoría de PDVSA a YPFB. Para hacer más evidente esta conexión, la forma de contrato ofrecida por el gobierno de Morales a las empresas que hoy operan en Bolivia es casi idéntica a la de los convenios operativos impuestos por Chávez a las empresas extranjeras en Venezuela. Veinte días después de la nacionalización de los campos de gas, Chávez, en su segunda visita al país en ese mes, declaró la intención de invertir 1.500 millones de dólares en el sector energético boliviano, aun sin precisar plazos ni proyectos, suma que –de materializarse– parece importante, aunque esté muy lejos de compensar los 5.000 millones de dólares de inversiones que tenía en curso Petrobras, y a las que la nacionalización puso abrupto fin.
Ante la nacionalización el Canciller Brasileño, Celso Amorím, acusó a Venezuela de intervención; el gobierno de Lula suspendió indefinidamente la ejecución de cinco memorandos de entendimiento sobre asuntos energéticos que comprendían inversiones por cientos de millones de dólares y sugirió postergar para más adelante una visita al país anunciada por Chávez.
A pesar de este distanciamiento, es conveniente poner atención al desarrollo de dos proyectos que siguen vigentes y que serán llevados a cabo mediante una asociación de PDVSA y Petrobras. Uno, la exploración y producción por Petrobras de petróleos ultrapesados en la Faja del Orinoco; y otro, una consecuencia de lo anterior, la instalación de una refinería de crudos pesados, en Brasil, en Pernambuco, con una inversión de 2.500 millones de dólares.
Chile
La situación energética de Chile es bastante más comprometida que la de Brasil. De partida por el hecho, ya señalado, que produce menos del 4% y del 20% del petróleo y del gas que consume. Pero, además, la relación energética con sus vecinos es objeto de diversos grados de desacuerdos e incluso conflictos.
A partir de 1997 Argentina pasó a ser el gran y único proveedor de gas natural para Chile, destinando a ese mercado el 77% de sus exportaciones del hidrocarburo. Con el transcurso del tiempo y como consecuencia de la crisis, Argentina entró en un círculo vicioso en que la fijación de precios, al hacer del gas un combustible extremadamente barato, tuvo el contradictorio efecto de, por una parte, estimular el consumo y, por otra, desincentivar las inversiones en exploración, explotación y transporte. En estas circunstancias, el gobierno de Kirchner debió enfrentarse al dilema de restringir el consumo interno o reducir los volúmenes de exportación a Chile, optando por esto último. Más allá de la polémica en que Chile ha acusado a Argentina de incumplimiento de contratos y Kirchner justificado su decisión señalando que podía adoptarla si el objetivo era asegurar el abastecimiento interno, lo que es claro es que Argentina dejará de ser un exportador neto de ese hidrocarburo en los próximos dos años y Chile deberá encontrar un nuevo proveedor o sustituir el gas natural por algún otro tipo de combustible. Buenos Aires ya este año ha incrementado sus importaciones de gas boliviano desde 5 millones a 7 millones de metros cúbicos diarios.
Sin embargo, el conflicto más complejo al que Chile ha debido enfrentarse es con Bolivia.
En los años iniciales de la actual década, los gobiernos bolivianos consideraron la idea de trasladar gas hasta un puerto chileno, licuarlo y enviarlo a los mercados de México y EEUU. Este proyecto, cuya racionalidad económica parecía fuera de dudas, se vio imposibilitado por razones políticas. A partir de los gobiernos de Carlos Mesa y Evo Morales, la política, en su relación energética con Chile, se ha ajustado a la consigna de “ni una molécula de gas mientras no haya mar”. Lo anterior ha significado, para Chile, el término de la oferta boliviana. Sin embargo, en semanas recientes, al firmar Argentina contratos de importación de gas boliviano ha podido dar un alivio a Chile, a través de una solución “victoriana” en que “moléculas” de gas boliviano abastecen el consumo de los argentinos, lo que libera “moléculas” argentinas de gas natural que ahora pueden abastecer a Chile.
Finalmente, en la relación con Perú, la posibilidad de un gasoducto que conecte las reservas de Camisea con el norte del país –un proyecto que despierta el entusiasmo de empresas chilenas– no interesa a Perú, debido a que estima que la suma del consumo doméstico más el proyecto de GNL no dejan gas disponible para vender a Chile.
En estas condiciones, Chile ha desarrollado una activa política de diversificación de su matriz energética que se traduce en un renovado impulso a las plantas hidroeléctricas en el sur del país, el fortalecimiento de las centrales termoeléctricas a carbón, sobre todo en la zona norte, y de ciclo combinado. Una nueva ley de incentivos a la inversión en plantas eléctricas (Ley Corta II) ha hecho que en el último año los antecedentes disponibles muestren la existencia de 26 nuevas iniciativas de generación que suman una inversión de 2.170 millones de dólares. Acaba de anunciar el descubrimiento de gas natural en su extremo sur y aún cuando hay cierto escepticismo respecto de su magnitud se espera que durante el último semestre del año se precisen las dimensiones de estas reservas. ENAP, en acuerdo con British Gas, ha iniciado la construcción de una planta en el centro del país de deslicuafección de gas natural que entrará en operación a fines de 2008 o comienzos de 2009, con lo cual asegura una mayor independencia del gas proveniente de Argentina y Bolivia. Finalmente, a mediados de agosto se ha dado a conocer el acuerdo de dos compañías –la francesa Suez Energy y Gas Atacama– para impulsar un terminal de GNL que suministre electricidad a las grandes compañías mineras del norte del país.
Para llevar adelante su política energética Chile cuenta con ENAP, empresa estatal que goza de prestigio internacional en el área de refino y tiene inversiones en los mercados downstream en Ecuador y Perú. Además, participa en la explotación de petróleo en Ecuador, ha vendido sus derechos en Colombia y explora posibilidades de inversión en Venezuela.
Políticamente, las relaciones entre el régimen de Chávez y la coalición gobernante chilena no han sido fáciles. La abrumadora mayoría de la Concertación reclama ser un centro-izquierda que, aunque se cuide de proclamarlo abiertamente, desprecia las políticas y el estilo impulsados por la revolución bolivariana. Chávez, a su vez, no dudó en ubicar al gobierno de Lagos en el frente de sus enemigos. En su discurso en el Fuerte Tiuna lo dice: “se han venido definiendo dos ejes contrapuestos... uno es Caracas, Brasilia, Buenos Aires... el imperio va a tratar de debilitarlo... existe el otro eje, Bogotá (Uribe), Quito (Lucio Gutiérrez), Lima (Toledo), La Paz (Mesa), Santiago de Chile (Lagos), ese eje está dominado por el Pentágono...”.
De los gobiernos del Cono Sur, es Chile con quien el régimen chavista tiene mayor distancia, que podría aumentar si la presidente Bachelet, en octubre de este año, decidiera no votar por Venezuela en su intento de ocupar un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Paraguay y Uruguay
En materia de gasoductos, ha pasado desapercibida una iniciativa lanzada en abril de este año, por los presidentes de Bolivia, Uruguay y Paraguay, con la presencia de Venezuela, de construir un tubo de 6.000 km de extensión, que saldría de Tarija en Bolivia, cruzaría Paraguay por Puerto Casado, para culminar en Montevideo. El coste anunciado, de 450 millones de dólares, parece a primera vista subestimado. Venezuela declaró estar disponible para contribuir a su financiación.
A mediados de 2005 se dio a conocer que Venezuela había iniciado el envío de 9.000 bpd a Paraguay.
Con respecto a Uruguay, PDVSA y la empresa estatal uruguaya, ANCAP, han anunciado una joint venture para extraer crudos pesados y ultrapesados de la Faja del Orinoco, a fin de asegurar a la República Oriental el abastecimiento para los próximos 25 años. Lo anterior supone ampliar y modernizar la refinería uruguaya de “La Teja”, de modo que esta pueda procesar ese tipo de petróleo, con una inversión de 200 millones de dólares, cuya financiación ha sido ofrecida por Venezuela. Uruguay pagaría hasta un 67% con productos de exportación y el resto a plazo y tasas de interés preferenciales.
Argentina
Durante la década de los 90 Argentina aplicó una política en el sector energético fundada en tres pilares. El primero, una agresiva privatización, tal vez la más drástica que haya tenido lugar en la región. En segundo lugar, una fuerte desregulación que prácticamente excluyó al Estado del control de los recursos energéticos. Tercero, los contratos de concesión a las empresas privadas contenían tarifas establecidas en pesos, convertibles a dólares a una paridad de un dólar un peso. El impacto inicial de estas políticas hizo que el sector se desarrollara a tasas del 4,5% y 5,5% tratándose del petróleo y gas, respectivamente. Sin embargo, esos éxitos escondían graves debilidades pues se fundaban en la sobreexplotación de las reservas conocidas sin que los marcos regulatorios establecieran obligaciones de inversión en exploración, producción y transporte, lo que dañó fuertemente los abastecimientos futuros del país. Producida la crisis de 2002 se puso fin a la convertibilidad y se congelaron parcialmente los precios del gas en boca de pozo, creándose un conflicto no menor entre las empresas y el gobierno, al que acusan de una ruptura unilateral de las reglas del juego.
La no solución de este diferendo entre las empresas y el gobierno ha dejado a la Argentina sin una política de energía, no obstante que todo hace presumir que dispone de cuantiosas reservas de petróleo y gas. El país es, hasta hoy, un exportador neto de gas, aunque el rápido crecimiento de su demanda interna, el no descubrimiento de nuevas reservas significativas y la ausencia de inversiones en exploración y producción, la transformará más tarde o más temprano en un importador de gas natural. El asunto es de importancia crucial para Chile que desde hace una década ha tenido a Argentina como único proveedor de gas natural.
Entre los países del Cono Sur es Argentina el que tiene una relación más estrecha con Venezuela.
En agosto de 2005 Chávez y Kirchner firmaron un acuerdo por el cual Venezuela vendió cuatro millones de barriles de fuel oil, a un coste total de 340 millones de dólares que serían pagados parcialmente en dinero y, también, a cambio de productos y servicios argentinos, entre los que se contaban barcos, maquinaria agrícola, un laboratorio hidráulico y ascensores. En parte por estas negociaciones, “Buques y Astilleros de Venezuela” y “Astilleros Río Santiago” llegaron a un acuerdo, por un valor de 112 millones de dólares para la construcción de dos buques petroleros –que eventualmente podrían ser cuatro– con los que Chávez daría inicio a una nueva línea petrolera que llamó Petroamericana. Además, PDVSA y la estatal Energía de Argentina (ENARSA) se asociaron para entrar en el negocio del retail, que llevaría a la compra o instalación de más de un centenar de bombas bencineras.
En julio de este año, Venezuela habría adquirido 245 millones de dólares en bonos soberanos argentinos, con lo cual totaliza compras por casi 3.000 millones de dólares de estos papeles, la mayoría de ellos con vencimiento al año 2012, constituyendo una forma de línea de crédito entre ambos gobiernos favorable a Argentina.
Estos acuerdos han sido objeto de críticas y sospechas tanto en Buenos Aires como en Caracas. Se sostiene que Argentina ha pagado el fuel oil venezolano a un precio que es un 20% superior al del mercado internacional. A su vez, las compras de bonos argentinos habrían generado una compleja y lucrativa especulación donde los títulos de la deuda comprados por el Ministerio de Finanzas bolivariano son vendidos a bancos venezolanos que los transan en la Bolsa de Nueva York y su producto reingresado al país para ser liquidado en el mercado de divisas paralelo de Caracas (Buenos Aires, revista Noticias, 29/VII/2006).
Pero más allá de estas colaboraciones bajo escrutinio, Argentina se muestra preocupada de enfrentarse a una situación energética difícil. En meses recientes el gobierno de Kirchner ha expresado interés en el desarrollo de sus cuencas marítimas hidrocarburíferas, para lo cual ha pedido la colaboración tanto de PDVSA como de Petrobras. Es probable que, dada la superioridad de Brasil en este campo, el acuerdo lo logre con Petrobras.
Lo más interesante, sin embargo, ha sido el anuncio hecho, en los días finales de agosto, por el ministro Julio De Vido, de un vasto programa de energía nuclear que significaría una inversión de 3.500 millones de dólares para construir una nueva planta a base de uranio enriquecido, terminar la central de Atucha II, cuya construcción estaba paralizada desde 1994, y extender la vida útil de la actual planta de Embalse. De materializarse lo anterior, Argentina contaría con cuatro plantas de energía nuclear, siendo en este campo el país latinoamericano líder.
Tensiones por la fijación de precios del gas
En otro plano, el tema de los precios del gas natural ha tensionado las relaciones entre los países del área. Bolivia había venido siendo para Brasil y Argentina un proveedor de gas a precio bastante barato. Sin embargo, en julio de este año, Bolivia y Argentina acordaron un aumento de precios desde 3,2 a 5 dólares por millón de BTU, valor puesto en frontera, lo que constituye un incremento del 56%.
Las negociaciones entre Bolivia y Brasil se han iniciado y amenazan ser duras y prolongadas. Lo primero, porque Brasil entra en ellas con el peso de los agravios que significó la nacionalización; lo segundo, porque se realizan en los meses finales de la carrera presidencial brasileña y Lula no arriesgará aparecer en una actitud de condescendencia ante el gobierno de Evo Morales.
Chile, que no obstante el incumplimiento de los envíos comprometidos, se había venido beneficiando de la fijación de precios en Argentina, pagando por sus importaciones entre 2,8 y 3,4 dólares por millón de BTU, deberá sufrir aumentos de precios por la compra de gas argentino, que se elevará al orden de los 5 dólares por millón de BTU.
Estos aumentos de precios, que son en frontera y a los que, por tanto, hay que agregar un coste adicional hasta su traslado a los lugares de consumo, ubican al gas boliviano en niveles que sin ser exagerados, son altos y, por tanto, empiezan a hacerse atractivos proyectos tendentes a sustituirlo por combustibles alternativos. En el caso de Argentina, considerados los costes de transporte adicionales, el precio del gas boliviano se ubica en el orden de los 6 dólares.
Inversiones del Cono Sur en la Faja del Orinoco
Las reservas de crudos livianos se encuentran en la actualidad en sus más bajos niveles históricos. Por el contrario, hay abundancia de crudos pesados y ricos en azufre, pero las refinerías no los aprecian porque son difíciles de tratar y su transformación en productos ligeros cuesta caro. Existen pocas refinerías con capacidad para tratar este tipo de hidrocarburo. Venezuela es, en el mundo, el país de mayor riqueza en materia de crudos pesados. Su explotación debiera ser objetivo principal de su política energética, lo que significa mejorar en cantidad y calidad sus refinerías y, al mismo tiempo, contratos de asociación para la explotación, refino y comercialización de estos crudos mediante acuerdos con compañías o países que tengan, construyan o financien plantas con tecnología capaz de procesar crudos de bajo grado API.
Si el propósito de Venezuela es lograr una mayor autonomía de sus exportaciones respecto de EEUU, debe asumir que su actual dependencia tiene un nombre: la capacidad de refino norteamericana de crudos pesados venezolanos que, de no ser tratados en esas instalaciones, tal vez no tendrían mercados.
Pero el refino de crudos pesados supone grandes inversiones que PDVSA, con sus actuales presupuestos y con la diversión de sus recursos en una vasta gama de iniciativas –desde “las misiones” hasta la ayuda a Cuba o Bolivia, pasando por la financiación de grandes gasoductos– no está en condiciones de abordar. A su vez, los aumentos de regalías e impuestos decretados por el gobierno de Chávez y las disposiciones para que PDVSA tome control del 60% de la propiedad accionarial de las empresas y de su gestión, está desalentando algunas de las principales inversiones privadas en el área. Tal sería, según Fitch Rating, el caso de cuatro proyectos de explotación de crudos pesados, que aprobados en la década pasada –Cerro Negro, Hamaca, Petrozuata y Zincor– hoy deben ser considerados de alto riesgo.
En estas condiciones no es sorprendente que PDVSA y el gobierno venezolano estén buscando asociaciones con las petroleras estatales del Cono Sur –Petrobras, la uruguaya ANCAP, la argentina Enarsa o la chilena ENAP– para explorar, explotar y refinar crudos pesados. La idea de una asociación que comprenda tanto la exploración y explotación en la Faja del Orinoco como el refino en el país de destino (Pernambuco, Montevideo o Santiago) puede ser un tipo de joint venture de mayor estabilidad en las reglas del juego, pues se trataría de participar en todas las fases del proceso productivo (integración vertical) pero con instalaciones de similar relevancia en las naciones parte del acuerdo.
Es probable que maduren los proyectos de este tipo ya anunciados y que surjan nuevos, creando una forma de relación simétrica entre Venezuela y sus socios de otros países.
El “Gasoducto del Sur” y la integración gasífera de Venezuela y el Cono Sur
En el último año el presidente de Venezuela ha desarrollado una gran actividad en torno al llamado “Gasoducto del Sur”, que partiría desde Puerto Ordaz, en la nación caribeña, cruzaría Brasil en dos direcciones, hasta desembocar en Uruguay y Argentina, eventualmente el norte de Chile, e interconectándose con Bolivia y Perú. Con sus más de 9.000 km de extensión sería una obra de infraestructura de nivel mundial. El más extenso oleoducto de Europa, que une al Mar Caspio con el Mediterráneo, partiendo desde Azerbaiyán y cruzando Georgia y Turquía, no supera los 1.700 km de longitud y su construcción tardó diez años.
De llevarse a cabo, el “Gasoducto del Sur” sería la gran obra de integración energética de América y, en tal sentido, no sólo en su impulsor, Hugo Chávez, sino en variados sectores, despierta el entusiasmo que rodea a las construcciones faraónicas. Sin embargo, en contra de ella surgen objeciones técnicas, económicas y medioambientales que vale la pena mencionar.
Es una afirmación común en la industria del gas que tratándose de ductos de más de 3.000 km de extensión, es más conveniente el GNL; a una distancia mayor, es más rentable una planta de licuefacción en el origen y una de regasificación en el destino final. Se argumenta que los costes de transporte a través de 9.000 km son tan elevados que exigirían que el proveedor, en este caso Venezuela, debiera vender el gas a un valor en frontera no mayor de 2 dólares por millón de BTU, e incluso menos, como manera de que el precio en su destino final (Argentina, sur de Brasil o Chile) pudiera ser competitivo, desde luego con el gas natural boliviano, pero también con el gas natural licuado.
Tampoco las demandas energéticas del Cono Sur justificarían una obra de este coste. El actual déficit de gas natural en los dos países de la región que son los mayores importadores netos (Brasil y Chile) no superan los 55 millones de metros cúbicos diarios. Atender a una demanda de 55 o 70 millones de metros cúbicos mediante una inversión de, a lo menos, 23.000 millones de dólares, que es el coste presupuestado del gasoducto, no es rentable económicamente. Pero más grave aún para la viabilidad del proyecto, Brasil, como se ha visto anteriormente, asegura que alcanzará en los próximos años el autoabastecimiento en materia de gas y Argentina ha lanzado un programa de energía nuclear que podría reducir fuertemente su demanda de gas natural, sin perjuicio de que tiene altas probabilidades de encontrar nuevos campos gasíferos. Bolivia, por su parte, más pronto que tarde deberá considerar que si tiene gas suficiente para atender las actuales demandas de Argentina, Brasil y Chile, un gasoducto que traiga a la región el hidrocarburo venezolano es casi una agresión económica. ¿Tiene sentido ir a buscar el petróleo a Puerto Ordaz si está 7.000 km más cerca en Santa Cruz de la Sierra cuyo gasoducto, que conecta esa ciudad con San Pablo, tiene 2.200 km de extensión?
También hay fuertes dudas de que Venezuela pueda encarar por sí sola la financiación de una obra de esta magnitud. La industria venezolana, como hemos visto en este trabajo, tiene una preocupante baja inversión, sin considerar las enormes exigencias que sobre ella han creado las ofertas de todo tipo hechas por Hugo Chávez a muy distintos países.
Finalmente, es seguro que grupos ecologistas se opondrán fuertemente al trazado de un ducto que intervenga la selva del Amazonas, uno de los territorios más inexplorados del mundo y, por esa vía, lo abra a la penetración de otros grupos humanos en busca de la explotación de sus bosques y riquezas.
Conclusión
Bajo el nombre de política del petróleo se suele abarcar dos tipos de situaciones. Una, que efectivamente es el resultado de la aplicación de la fuerza y hegemonía que da el manejo de ese recurso. Otra, el ejercicio, a veces desnudo y arbitrario, de la riqueza que origina el petróleo para intervenir, sea directamente o mediante operaciones encubiertas, en la política de otros Estados. A estas actividades se les considera también parte de la llamada “política del petróleo”; pero sería más apropiado decir que se está ante la aplicación del poder que da la riqueza sin que tenga mayor significación si su fuente es el petróleo, los diamantes o una industria manufacturera poderosa. Son realidades distintas, pero ambas deben ser analizadas pues aunque fáciles de distinguir intelectualmente, en la vida política concreta van unidas, complementándose y reforzándose recíprocamente.
Sin embargo, en América latina las posibilidades de influencia del petróleo están en cierto modo limitadas debido a que es una zona rica en energía. En efecto, son exportadores de petróleo Venezuela, México, Colombia, Ecuador y Trinidad y Tobago. Argentina, y Bolivia producen lo suficiente para satisfacer su mercado interno. En tanto que son importadores netos de crudos Perú, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y todas las naciones centroamericanas y del Caribe con la excepción ya mencionada de Trinidad y Tobago.
En lo que respecta a Venezuela, su “diplomacia del petróleo” tiene lugar en un marco bajo muchos conceptos adverso, como lo indica un análisis de su industria petrolera que muestra el estancamiento de los niveles de producción, subinversión, la incapacidad para atraer niveles significativos de inversión privada, la politización y mala administración de PDVSA y la presencia de crudos ultrapesados. En estas condiciones su acción diplomática fundada en el petróleo depende de los actuales altos precios del petróleo y es posible mientras esa situación se mantenga.
Es América Central y el Caribe la región donde puede ser mayor la importancia del petróleo y gas como instrumento de política, pues se trata de una zona en la que concurren grandes productores de petróleo y veintidós naciones que son importadores netos de crudos y gas. Ahí están presentes dos productores de nivel mundial que son Venezuela y México y otros dos –Trinidad y Tobago y Colombia– que sin alcanzar los niveles de producción de los anteriores, son grandes a nivel regional. De las naciones importadoras netas sólo dos, Guatemala y Cuba, producen petróleo pero en magnitudes que no logran satisfacer su consumo interno. En ese marco y en torno de la energía se desarrolla un interesante juego de influencias. Por una parte aparece como actor fundamental Venezuela, a través de PetroCaribe y sobre todo en una alianza estratégica con Cuba. El activismo venezolano-cubano ha creado una reacción de México y Colombia, cuyas acciones las han tendido a canalizar a través del Plan Puebla Panamá y poniendo renovado interés en el fortalecimiento de su política energética.
A primera vista, la región andina aparece como la zona de América donde “la diplomacia del petróleo” debiera tener un menor impacto, pues los países que la componen son exportadores netos de energía al mundo: tienen reservas enormes de petróleo, gas, carbón e hidroelectricidad. Pero, por otra parte, la gravedad de su crisis política, social y étnica, abre la puerta a la influencia de potencias, grandes o medianas, que quieran ganar poder al interior de otros Estados sobre la base de intervenir en ellos financiando acciones políticas, abiertas o encubiertas, tendentes a desestabilizar sus gobiernos o que procuren apoyar partidos o candidatos que sean afines a sus intereses y proyectos. Acciones de este tipo ha desarrollado Chávez en cada una de las naciones de esa zona, asunto al que se alude brevemente pues no son el objeto principal de este trabajo.
La situación del Cono Sur es más diversa pues ahí concurren Brasil y Chile que demandan más de la mitad de las importaciones de hidrocarburos de América latina. Sin embargo, las posibilidades de una “diplomacia del petróleo” por parte de Venezuela parecen improbables si se tiene en consideración la importancia política, económica e internacional, sobre todo de Brasil y Argentina, que las hace naciones en cuyo interior difícilmente puede establecer un liderazgo o consagrar una cierta hegemonía un país de importancia relativa menor como es Venezuela. En el caso de Chile, su dimensión económica es similar a la de la nación caribeña –mayor o menor según las variaciones del precio del crudo– pero su estabilidad macroeconómica y diversificación de su estructura productiva, su mayor desarrollo político y su prestigio internacional y en los mercados lo hacen, al igual que Argentina o Brasil, relativamente invulnerable a operaciones provenientes de Caracas. Algo similar puede decirse de Uruguay que, aunque económicamente más pequeño, es uno de los sistemas políticos más avanzados del continente. La consideración de los problemas de energía en el área no es posible sin referencia a Bolivia. La nación altiplánica –la más pobre de América del Sur– tiene una sobreabundancia de gas natural que le podría permitir atender las necesidades de Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Bolivia es, en este sentido, el pulmón gasífero del Cono Sur y ello le está creando y le creará fuertes tensiones con sus vecinos, especialmente Brasil y Chile.
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Nota: Parte de la información más coyuntural ha sido recogida de diarios, revistas, agencias de noticias y de los sitios web de esos medios, en que constan discursos, declaraciones, comunicados de prensa de autoridades y empresas del sector de la energía de los diversos países.