La ministra portavoz, Pilar Alegría, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS
La ministra portavoz –que debe de ser lo único que (a)porta–, Pilar Alegría, nos ha advertido que de no tener los apoyos suficientes para aprobar los Presupuestos Generales del Estado “no hará perder el tiempo al Congreso y, por tanto, a los ciudadanos” y, en consecuencia, incumplirá (el Gobierno) el DEBER constitucional de presentarlos ante la Cámara de los Diputados.
No es la primera vez, ya lo hicieron en 2020 y 2024 con las excusas de la pandemia y de las elecciones generales de 2023. La Ley (art. 134.3 de la Constitución) dice que “el Gobierno DEBERÁ presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”. Y en su artículo 134.4 advierte que “si (…) no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente se considerarán automáticamente prorrogados (…)”. Es decir, que como no parece que vayan a tener los apoyos suficientes, se prorrogan y “santas pascuas”.
Lo reiteró con cierto gracejo en el pasado debate parlamentario sobre el rearme europeo –perdón, “inversión en defensa y seguridad”– el “embaucador” de la Moncloa, Pedro Sánchez, que para eso tiene buenas mañas. Pero antes de continuar permítanme que justifique el entrecomillado de la palabra “embaucador”.
Créanme si les digo que no me seduce la idea del insulto y menos gratuitamente, pero no soporto que me traten por imbécil. Nuestra lengua común, en sus muy variadas acepciones lingüísticas, define embaucador como aquel que engaña prevaliéndose de la inexperiencia o candor del engañado. Y es aquí donde encaja como un guante la acepción de embaucador; el uno por embustero y los (nos)otros por ingenuos.
Pedro Sánchez, ante la acusación que Feijóo le espetó de la previsible inconstitucionalidad de no PRESENTAR los presupuestos, tiró por la candidez del telespectador negando tal posibilidad al recordarnos que el Partido Popular también prorrogó los presupuestos cuando gobernó España. Y es cierto, el PP técnicamente prorrogó en varias ocasiones los presupuestos en tanto que no los presentó en el tiempo que estipula la Constitución, pero lo cierto es que siempre los presentó, siendo todos ellos aprobados en el Congreso, ya fueran con unos meses de retraso.
La cuestión de inconstitucionalidad no radica en si se prorrogan o no los presupuestos, radica en si se presentan o no. Y el Gobierno de Sánchez es el único Gobierno de nuestra reciente democracia que no los ha presentado ante el Congreso de los Diputados para su aprobación o denegación. Esa es la cuestión y no otra. Por tanto, el Partido Popular nunca incurrió en ninguna clase de inconstitucionalidad porque en todos los ejercicios de gobierno –tanto Aznar como Rajoy– se presentaron los presupuestos correspondientes y todos ellos fueron aprobados por la mayoría del Congreso de los Diputados.
El segundo de los argumentos para defenderse de la previsible inconstitucionalidad por no presentar los presupuestos es que el Partido Popular se ha saltado la Constitución al bloquear durante años la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y este es el otro –tan manido como engañoso– argumento, por cierto cacareado por numerosos periodistas y tertulianos, a los que nos tiene acostumbrado nuestro embaucador Presidente.
Nuestra Constitución en su artículo 122.2 establece que una ley orgánica determinará el modo de renovar los miembros del CGPJ. Esa Ley (4/2013, de 28 de junio) en su apartado III del preámbulo ya advierte de que “la actual regulación del Consejo permite que la falta de renovación del órgano cuando finaliza su mandato dé lugar a la prórroga, a menudo durante mucho tiempo. Este fenómeno debe ser evitado en la medida de lo posible. Así, se establece que la prórroga del Consejo no sea posible, salvo en el supuesto muy excepcional de que ninguna de las Cámaras cumpliese el mandato de designación (…)”.
Y esto es exactamente lo que ha estado pasando durante demasiado tiempo pero dentro de lo previsto por la norma. No creo que pueda ser, por tanto, tratado de anticonstitucional aunque sí de ir en contra del espíritu de la Ley e incurriendo ambas cámaras, Senado y Congreso.
Agradezco a Pilar Alegría su delicada preocupación por no hacernos perder el tiempo asistiendo a la presentación y votación de unos presupuestos perdidos de antemano. Le agradecería aún más si consiguiera evitarnos las interminables intervenciones del Presidente para no contarnos nada. ¿Para qué discutir sobre una ley (los presupuestos) cuando ya sabemos de antemano que no va a ser aprobada? –se preguntará en conspicuo lector–, y tendrá toda la razón en un pensamiento abstracto.
Sin embargo, los padres de nuestra Constitución –que debieron hacerse esa misma pregunta– parece que entendieron que la pérdida de la votación más importante de un periodo de sesiones (salvo alguna de carácter muy excepcional) era una invitación a la convocatoria de unas nuevas elecciones. Así, al menos, lo interpretó Felipe González en 1995 –como él mismo nos recordaba hace unos días– que tras perder la votación de presupuestos convocó elecciones anticipadas para 1996. Pedro Sánchez no solo no ha presentado presupuestos en dos ocasiones (y va para tres), sino que además los ha perdido en otra ocasión.
Sé que es pedir demasiado a un embaucador Presidente y a su inabarcable equipo de ministros que hagan esta interpretación, pero podían darle una pensada. Sé que es esperar lo imposible de un autor cuya obra magna se titula “manual de resistencia”.
Soy de los que piensa que Pedro Sánchez no dejará la presidencia ahí procesen o condenen a su entorno más cercano, a su fiscal general o pierda todas las votaciones en el Congreso de aquí al final de la legislatura. Creo que solo pondría fin a esta legislatura una moción de censura que contase con el apoyo de Podemos y Ábalos –¡qué paradoja!–, que es tanto como pedir que el cobarde se vuelva valiente. Mientras tanto, espero que el Partido Popular se plantee un recurso de inconstitucionalidad. Al menos será divertido ver cómo lo resuelve Conde-Pumpido.
Jorge Rábago