El Comité de Expertos (CE) nombrado por el Gobierno ha hecho públicas recientemente sus recomendaciones sobre el diseño del llamado “factor de sostenibilidad” previsto en la ley de modernización de la Seguridad Social aprobada por el anterior Gobierno socialista para asegurar el equilibrio a largo plazo entre los ingresos y los gastos del sistema público de pensiones.
El informe del CE propone poner en marcha de forma inmediata dos mecanismos de ajuste automático que ayudarían a evitar la aparición de desequilibrios financieros en el sistema público de pensiones o al menos a contener su tamaño. El primero exige tener en cuenta la evolución de la esperanza de vida a la hora de fijar la pensión inicial de los nuevos jubilados, de forma que la cuantía anual de esta se reduzca según aumenta el número de años esperados de disfrute.
El segundo consiste en ligar la evolución de la cuantía de las pensiones ya existentes a un Factor de Revalorización Anual (FRA) que viene a medir el incremento máximo de tales pensiones que se podría pagar sin crearle problemas financieros al sistema. Cuando los ingresos y gastos agregados del sistema están en equilibrio, esa tasa es la que asegura que seguirán estándolo dado el crecimiento esperado de los ingresos por cotizaciones, intereses del Fondo de Reserva y aportaciones estatales para complementos a mínimos, de la evolución del número de pensiones y del incremento automático del gasto ligado al llamado efecto substitución (esto es, al hecho de que las pensiones de los nuevos jubilados son generalmente muy superiores a las de los pensionistas que causan baja por fallecimiento).
Cuando los gastos se sitúen por encima de los ingresos, del resultado del cálculo anterior habrá que restar una fracción de la brecha porcentual entre ambos agregados, limitando así el crecimiento del gasto con el fin de ir corrigiendo gradualmente el desequilibrio existente en el sistema. Finalmente, el comité de expertos recomienda que todos los cálculos necesarios se realicen no con los valores anuales de las variables relevantes sino con medias móviles calculadas sobre periodos relativamente largos en las que se combinarán datos ya observados de años recientes con previsiones para ejercicios futuros que deberán ser validadas por la Unión Europea y por la futura Autoridad Fiscal Independiente. De esta forma se pretende suavizar los efectos del ciclo económico, evitando fluctuaciones innecesarias en la tasa de revalorización de las pensiones y contribuyendo a estabilizar el consumo a lo largo del ciclo.
El informe es un tanto impreciso sobre qué ha de hacerse exactamente cuando el valor del FRA sea negativo o superior a la tasa de inflación. De las posibilidades que contempla el CE, la más razonable a mi entender es la que se apunta en una nota en la página 23 del informe, donde se sugiere utilizar estas magnitudes como suelo y techo respectivamente para la revisión anual de la cuantía de las pensiones ya concedidas. Esto es, las pensiones nunca bajarían en términos nominales, por más que el valor del FRA pueda ser negativo, y no crecerían por encima de la tasa de inflación aunque el FRA excediera esta magnitud, excepto posiblemente cuando se trate de recuperar poder adquisitivo perdido en años anteriores.
Las recomendaciones del CE son enormemente sensatas y prudentes. Se trata, básicamente, de dotar al sistema de pensiones de un piloto automático que iniciaría de inmediato un ajuste de rumbo lo más suave posible con el fin de minimizar las turbulencias a las que deberemos enfrentarnos en las próximas décadas como resultado del rápido proceso de envejecimiento que está experimentando la población española. Como bien destaca el comité, comenzar a reaccionar lo antes posible es crucial porque permite suavizar al máximo el ajuste y repartirlo entre el mayor número posible de generaciones, mientras que esperar a que el sistema explote o casi tendría costes dramáticos que además se concentrarían en los pobres desgraciados que tengan la mala suerte de pasar por allí en el momento equivocado. La objeción de que el FRA supone un recorte prematuro y posiblemente innecesario de prestaciones carece de toda lógica pues tales recortes solo llegarán si se producen situaciones de estrés financiero en el sistema. Además, nada impide que, llegado el momento, el Parlamento español pueda optar por inyectar recursos adicionales en el sistema con el fin de mejorar sus prestaciones a través de un aumento de los tipos de cotización o de mayores transferencias desde los presupuestos estatales.
Finalmente, poner al sistema en piloto automático tiene todo el sentido del mundo. Cualquier reforma de las pensiones en la dirección que será necesaria durante las próximas décadas exigirá un proceso trabajoso de negociación y comportará decisiones desagradable para nuestros representantes políticos, con el consiguiente peligro de que las medidas necesarias lleguen demasiado tarde. Mejor evitar el riesgo de parálisis, creando mecanismos automáticos de ajuste que respondan de forma inmediata a los posibles desequilibrios del sistema antes de que estos adquieran dimensiones peligrosas.
Un beneficio no despreciable de la creación de tales mecanismos tiene que ver con la confianza de los mercados en nuestra economía. Puesto que el sistema de pensiones juega un papel importantísimo en la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas, la garantía de que el tema queda bien encauzado sin necesidad de nuevas decisiones políticas tendrá un efecto significativo sobre nuestra prima de riesgo. Y eso pueden ser miles de millones de euros de ahorro. No estamos como para tirarlos.
Ángel de la Fuente es investigador en el Instituto de Análisis Económico, CSIC.