‘Piratas’ al servicio de Su Majestad

Dicen las crónicas que, una vez enseñoreados de los mares y sin capacidad para combatirlos, diversos Estados decidieron integrar a los piratas en sus flotas armadas. Con diversos precedentes en la antigüedad, fue Inglaterra la que destacó en esta iniciativa: tras no dudar en concederle en 1580 el título de Sir a su máximo icono, Francis Drake, por haber aportado a la Corona un tesoro de 326.580 libras, le otorgó todo el apoyo real durante el siglo XVII. Actitud a la que se sumaron otros países como Francia y Holanda con sus patentes de corso y que España sufrió devastadoramente en carne propia.

Viene a cuento esta cita histórica por cuanto está pasando con los llamados piratas audiovisuales. No digo yo que tengan que ser condecorados o introducidos como gentileshombres en la corte de La Zarzuela, ni que tengamos que estarles agradecidos por hacer mangas y capirotes con la propiedad intelectual. No, todo lo contrario, lo que pretendo con estas líneas es plantear si no sería más inteligente por nuestra parte aprender de sus peculiares métodos y llevarlos al terreno de la legalidad.

Nos dicen los expertos que el pirateo de las películas y otros productos audiovisuales se genera en tres fases: envío de la obra, captada desde alguna copia o grabación en sala, a un seeder o sembrador; remisión de ella a un almacén situado en cualquier lugar del planeta, y posterior llegada a páginas de enlaces, en las que aparecerá con el link correspondiente para ser identificada por el consumidor. ¿Cuál es el factor económico que sufraga y mantiene esta cadena en todo su proceso y, concretamente, en dichas páginas de enlace? Los ingresos se logran mediante la transmisión de datos de los internautas a empresas que van a utilizarlos para comunicar sus ofertas y que pagan por ellos, cuotas de usuarios Premium e inserción de publicidad en las páginas.

Se diría que no es tan complicado que las productoras o distribuidoras que poseen los derechos de las obras utilizasen un recorrido similar, con la ventaja de que podrían centralizar con todas las de la ley los tres pasos descritos. Y percibir los correspondientes ingresos mediante el citado sistema de transmisión de datos (siempre que fuera con la aceptación de los usuarios), servicios Premium y publicidad. Supondría, por tanto, una cantidad global que luego se repartiría en lógica proporción al número de descargas obtenido por cada título. Así, ese nuevo modelo de negocio que todo el mundo reclama y que parece imprescindible para afrontar con inteligencia la revolución de internet, podría pasar -entre otras- por esta vía.

Algo similar, en cuanto a aprovechar los métodos y experiencia de las páginas piratas, se intentó tiempo atrás en la industria discográfica, sin que las negociaciones llegaran a buen puerto. Cabría probarlo de nuevo, tanto por parte del propio mundo de la música como ahora también el de las imágenes. Sería desde luego mejor que continuar dando vueltas al círculo vicioso en que estamos encerrados, clamando los unos por el creciente robo que se comete, y los otros por una presunta y absoluta libertad en la red. Una dialéctica que no lleva a ninguna parte y que, según nos enseñaron Hegel y Marx, debe pasar de las posiciones de tesis y antítesis a la deseada síntesis.

Porque, aunque no sea fácil verlo ahora, tenemos la suerte de que hay dos principios en que existe acuerdo entre los dos bandos. Primero, que el trabajo creativo en el campo de la cultura debe ser retribuido con igual justicia que en cualquier otro terreno. Segundo, que internet es algo fundamental, constitutivo de la sociedad globalizada en que vivimos y que el acceso a él debe ser lo más abierto y pleno posible. No valen las simples actitudes defensivas a ultranza respecto a un fenómeno cuyo alcance es casi ilimitado. No sirven de nada las comparaciones con hechos similares o figuras delictivas en el mundo físico, precisamente porque nos hallamos en un universo virtual donde las cosas ya son diferentes y donde la gratuidad, a partir de un pago por el servicio (nada barato en España, por cierto: un 25% más que la media europea), es la figura dominante y casi exclusiva. Igual que tampoco vale el desprecio a quienes viven de su labor creadora, como se percibe en los comentarios de muchos internautas cada vez que surge una propuesta de acotar el problema bajo una u otra fórmula. Si por la represión nunca se llega al éxito, tampoco se consigue defendiendo con que cada cual haga de su capa un sayo.

Creo, por tanto, que no se avanzará así en una cuestión que necesita de respuestas urgentes. Su razón última no estriba en que la cultura debe ser gratis, sino en que internet es gratis para el común de los mortales, y mientras exista esa consideración, unida a la de total accesibilidad, no vamos a lograr que se pague aunque sea un céntimo por lo que puede conseguirse, en ese territorio libre, con coste cero. De ahí que los ingresos por descargar un producto audiovisual no deberían venir por el precio de hacerlo, sino por los ingresos que se generen paralelamente y merced a la existencia de dichos productos en unas páginas legalmente constituidas. Lo otro, y perdón por el tópico, no será sino poner puertas al mar y aplicar bienintencionados pero inútiles paños calientes a una realidad que se escapa por los cuatro costados de un mundo que no es el que era. El ejemplo lo tenemos bien cerca, con la Disposición Final llamada Ley Sinde y las enormes turbulencias que ha despertado.

También ayudarían a solucionar la ecuación factores tan diversos como que los proveedores de servicios generaran por sí mismos contenidos que entonces ya sí querrían defender, o una educación que subrayase el valor de la creación cultural. Pero esos son otras historias, a más largo plazo. De momento, tratemos de poner a los piratas al servicio de su Majestad…

Fernando Lara, periodista y escritor cinematográfico. Fue director del Instituto de las Artes y las Ciencias Audiovisuales.

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