Piratas del siglo XXI

Piratas ha habido siempre. Ya en el siglo I a.C. el mar Mediterráneo estaba infestado de piratas y Roma concedió a Pompeyo Magno autoridad absoluta para eliminarlos. Pompeyo tuvo tal éxito que durante más de dos siglos el Mediterráneo se vio libre de ellos.

Más tarde, durante el Siglo de Oro español, nuestro país sufrió los ataques de los piratas berberiscos que apoyados por Turquía causaron terror en el Mediterráneo, entre los que destacaron los hermanos Barbarroja. Y en el Atlántico hubimos de sufrir el ataque de piratas, principalmente ingleses, algunos famosos como Drake, Morgan o Edward «Barbanegra», que fueron una auténtica pesadilla para los galeones españoles que surcaban el Atlántico.

En el siglo XXI aún quedan restos de ese tipo de piratería: en Somalia, y puntualmente en algún otro sitio del mundo, pero no es a ese tipo de piratería a la que voy a referirme.

La piratería es definida como una práctica de saqueo organizado o bandolerismo marítimo. Con las salvedades oportunas voy a hacer un símil con algo que ocurre en Bolsa y que, por no estar debidamente regulado por la ESMA (European Securities and Market Authorities), da lugar a la práctica de un saqueo organizado a los valores cotizados.

En Bolsa se dan simultáneamente dos estrategias diferentes en el mismo tablero de juego: una hiperregulada y la otra inexplicablemente (¿deliberadamente?) desregulada. La primera, la del inversor convencional, «de toda la vida», que invierte en acciones en las que confía en su potencial de revalorización. Y, la segunda, la de algunos fondos que, con el pretexto de la operativa a corto, lo que acaban haciendo es manipular el precio de las acciones.

«Posiciones cortas» u operativa «bajista» en Bolsa significa vender acciones que no son propiedad de uno y recomprarlas más tarde. Se hace vendiendo acciones que se toman prestadas y más tarde se recompran y se devuelven al prestamista, pagándole una comisión. Los que operan de esta manera procuran ganar dinero vendiendo más caro de lo que compran para reponer las acciones prestadas.

Existe además otra forma de operativa bajista, que es con «Posiciones cortas al descubierto». Esto consiste en vender acciones «fantasma» (que no existen), que ni siquiera se toman prestadas, pero que con la cláusula «locate» recientemente incorporada en España, basta con tener «localizadas en algún sitio» las acciones fantasmas que se venden para estar dentro de la Ley. Esto es algo muy peligroso.

Las posiciones cortas tal y como fueron inicialmente concebidas están muy bien, porque permite a inversores anticiparse a algo que piensan que va a suceder. Por ejemplo, si intuyen que va a caer el precio del petróleo se ponen cortos en compañías petroleras, y si aciertan, ganan dinero por la diferencia de precio que se produzca.

Pero, al no estar debidamente reguladas, dan lugar a «manipulación del precio de las acciones», que es el problema al que me voy a referir. Y busco analogía con los piratas, porque se suben a un barco (compañía) que no es suyo (no son accionistas ni por un milisegundo porque primero venden y luego compran) y se llevan parte del valor de esa compañía… Una forma moderna de pillaje.

Como decíamos, el trato dado a ambos jugadores es asimétrico: mientras la operativa de los primeros está hiperregulada por «Transparencia de los mercados», «Protección del inversor» y «Para evitar la manipulación del precio de acciones», en la operativa de los segundos hay «Opacidad», «Desprotección a los ataques que recibe el inversor» y demasiada libertad «para manipular el precio de las acciones».

Hay opacidad porque no se les obliga a declarar las posiciones cortas si no superan el 0,5 por ciento del capital, mientras que los consejeros de sociedades cotizadas están obligados a declarar hasta la compra o venta de una sola acción por ellos o sus familiares. También hay opacidad porque no se les obliga a comunicar quién les presta esas acciones que venden, y hasta puede darse el caso que el prestamista lo ignore, porque la entidad depositaria de sus acciones las esté prestando sin conocimiento de sus dueños.

Por esta razón sería lógico obligar a comunicar quién presta las acciones a los bajistas, por transparencia y por protección al inversor.

También hay «desprotección al inversor» porque no se aplica la misma regulación a estos «fondos bajistas» que la que hay para el manejo de la autocartera. Esto es, a no marcar precio a la baja («tick-up rule»), a no operar durante las subastas de apertura y cierre de mercados, a no hacer más del 15 por ciento del volumen del día y a solo hacer compras o ventas en el mismo día.

Esto es muy preocupante porque estos fondos extranjeros, en su mayoría anglosajones, que están ganando muchísimo dinero en época de crisis, lo hacen a expensas de deteriorar el patrimonio de muchos españoles que tienen sus ahorros invertidos en las empresas españolas cotizadas en Bolsa.

El problema va más allá, porque al haber dos estrategias diferentes en Bolsa, sucede que el inversor tradicional empieza ya a no entender por qué el valor en el que está invirtiendo sufre vaivenes, hasta el punto de que baja o sube en Bolsa sin una lógica de fundamentales. Todo esto lleva a la reflexión de que si esto sigue así es poco probable que en el futuro el inversor tradicional siga invirtiendo en algo que no entiende, y decida invertir su dinero en otro sitio que no sea la Bolsa. Como el chiste de la mesa de póker: mira a ver quién es el pichón, porque si no lo localizas es que el pichón eres tú y te van a desplumar.

Si formulásemos un deseo, que dependiese su aplicación de nuestro Gobierno, sería gravar con unas tasas disuasorias cada operación bursátil. Esto no afectaría a la decisión de compra-venta de acciones a medio-largo plazo del inversor convencional, y ya que estos fondos extranjeros que depredan el patrimonio de muchos españoles no pagan impuestos en España, al menos ese dinero de las tasas sí se quedaría en España, además de evitar que el patrimonio de muchos españoles se vea disminuido, lo que también tendría consecuencias fiscales favorables para el fisco español.

José María Fernández Sousa-Faro, presidente de Pharmamar-Zeltia.

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