Piratas

Es un hecho tan triste como común que el oprimido, lo primero que hace cuando consigue liberarse, es imitar al opresor. En el lenguaje vulgar se denomina también a este acto “quítate tú para que me ponga yo”. La referencia viene a cuento de la respuesta agresiva que los internautas están dando al proyecto llamado ley Sinde contra las descargas ilegales en Internet.

Que la ley es discutible, en su concepción y aplicación, no cabe duda; que detrás hay un grave problema de lesión de derechos, tampoco. Los internautas denuncian a la Industria del Ocio en general y de la Cultura en particular como lobby, pero su respuesta ha sido la de convertirse en un lobby idéntico al que denuncian. El lobby de internautas presiona a los políticos. El caladero de votos de Internet -cuya verdadera realidad está por ver- pesa demasiado en la balanza de los que tienden a pensar lo que piensan las encuestas.

Una de las actitudes más rentables de estos tiempos es la de optar al calificativo de “víctimas”. La víctima, una vez que obtiene su carnet de tal, encuentra justificación para todos sus males y para hacer lo que le viene en gana. Víctimas hay para todos los gustos y colores. En el caso que nos ocupa tienen su parte de razón porque los abusos de quienes han vendido productos cerrados son un acto de prepotencia. Pero al enfrentarse a ese hecho, aparte de mandar al paro a decenas de miles de trabajadores, han cogido el rábano por las hojas y de pagar 20 euros por producto cerrado han pasado a arramblar con la pieza escogida con el mismo ímpetu con el que una población, a cuenta de sus carencias, se lanza a saquear los comercios del lugar; y no ya para hacerse con materias de primera necesidad sino con neveras y televisores.

Así, muchos internautas se han lanzado a lo que podríamos llamar, benévolamente, pasión por la gratuidad, que se enmarca dentro de una utópica y anárquica “libertad de expresión” internética que además hace las delicias de la izquierda silvestre y pretende dar forma aceptable a un presunto delito de apropiación indebida. Esta falacia solo proviene de una falta de experiencia de la democracia y las libertades (al fin y al cabo, nuestra democracia es de ayer mismo) y que, para nuestra vergüenza, nos sitúa en el tercer lugar de países con más adeptos a la piratería, solo por detrás de Corea y Filipinas al parecer. De la ley Sinde es discutible el procedimiento de cierre, pero eso no debe de enmascarar el problema real: la piratería consentida.

De la misma manera que una huelga abusiva se dedica a dar una patada al Gobierno de turno en nuestro trasero de ciudadanos, la patada que los excitados internautas largan a la Industria Capitalista Opresora se la dan al indefenso. ¿Quién es el indefenso? Además de los miles de trabajadores de esa industria enviados al paro, el otro indefenso es el creador de cultura, que a la dificultad mercantil para colocar su obra debe de añadir ahora la que le plantean los internautas libertarios que se apropian gratuitamente del producto de su trabajo.

Y por aquí asoma el plumero, porque esos mismos libertarios irreductibles pagan religiosamente y sin rechistar a las compañías telefónicas y a las productoras de los artilugios que necesitan para llevar a cabo su piratería; es decir: una vez más estamos en lo de cebarse en el débil, en el que no puede defenderse, y agachar el lomo ante el fuerte, el que les impone el producto que necesitan.

Sería de desear que se llegase a un razonable término medio que permitiese, a la vez, bajar precios y reciclarse una industria que, a su vez, mueve dinero y genera beneficio para un país, tanto de orden económico como de orden espiritual; pero la situación actual no parece querer saber nada de términos medios, la “cultura de la gratuidad” se apoya, paradójicamente, en la falta de experiencia democrática. Ni el canon digital ni la gratuidad son soluciones. Podrían serlo, por una parte, la educación en un país donde se venera al que consigue beneficio por la cara y, por otra, un esfuerzo de ajuste para colocar productos a unos precios que no admitan excusa; lo cual no significa destruir sino reajustar. Pero el ventajismo de unos, muchos internautas, y el cinismo de otros, muchos políticos, amenazan con provocar una dejación del Estado de Derecho en un asunto como el de la Cultura que, al fin y al cabo, es patrimonio de todos.

Un ejemplo: ¿debe de entregar Mario Vargas Llosa gratuitamente su trabajo? No está de más recordar que Mario vivía apretadamente de sus exiguos ingresos en la escuela de idiomas Berlitz mientras le quitaba horas al sueño para escribir La ciudad y los perros. El artista vocacional está dispuesto a todo con tal de conseguir su meta, pero pedirle además que se prive del dinero que puede ganar con ello para satisfacer el ego compulsivo de unos oportunistas amigos de lo ajeno es mucho pedirle, la verdad sea dicha.

José María Guelbenzu es escritor y crítico literario. Ha recibido el premio Torrente Ballester 2010 por su novela El hermano pequeño.

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