Como en aquella película en la que el protagonista se despertaba siempre en un día igual que el anterior, el lehendakari del Gobierno vasco parece decidido a repetir, cíclicamente, determinadas propuestas que, colisionando con la Constitución y el Estado de derecho, están inexorablemente abocadas, una vez y otra, al fracaso. Cabe preguntarse el porqué de ese empecinamiento y, honestamente, sólo se me ocurre que podamos estar ante una estrategia puramente electoral, para convertir las futuras elecciones autonómicas en un plebiscito.
Particularmente, siempre he reconocido al PNV un papel importante, incluso central, en la política vasca y que, desde luego, ha compartido con el resto de partidos democráticos españoles la lucha por las libertades. Si el lector espera de estas líneas una descalificación global del nacionalismo vasco, puede pasar página.
Conocido es que no soy nacionalista, pero entiendo que los partidos nacionalistas forman parte del mapa político español, representan legítimamente a un sector significativo de la sociedad, y, con carácter general, es justo reconocer que han jugado un papel importante y positivo en la andadura democrática en las últimas tres décadas.
Pero los partidos importantes y sus dirigentes pueden cometer errores y la propuesta de referéndum es simplemente la traca final del fracasado Plan Ibarretxe. El error profundo no es nuevo, sino que hunde sus raíces en el Pacto de Lizarra, donde se diseñó un acuerdo que excluía a buena parte de la sociedad vasca, con lo que bien podía decirse que era un pacto nocivo para toda ella. Aquel acuerdo, suscrito por un partido, el PNV, que sólo dos años antes había contribuido a la investidura del presidente Aznar y que hasta que éste logró la mayoría absoluta le siguió sirviendo de soporte parlamentario, fracasó estrepitosamente. Y lo hizo no sólo porque entre sus firmantes estuvieran quienes avalaban, justificaban y hasta practicaban la violencia, sino porque generaba una profunda fractura en el seno de la sociedad vasca, donde los sentimientos de pertenencia son diversos y todos merecen ser respetados e integrados.
Ahora, el lehendakari ha propuesto una consulta, un remedo de referéndum en el que la sociedad vasca sería llamada a establecer nuevas reglas de relación (amable, dice el presidente vasco) con España. Las alarmas han saltado ante lo que algunos consideran que es un reto al Estado de derecho. No lo creo, la verdad, porque al Estado de derecho no se le reta, sino que se le respeta. La cuestión vasca es ciertamente compleja, pero ésta del referéndum no tanto: simplemente no se hará porque vulnera frontalmente la Constitución española, que no es un yugo que constriña las aspiraciones políticas de nadie, aunque debe ser respetada porque es la piedra angular de las reglas de juego democrático. Tan es así que el lehendakari lo es porque existe una Constitución y un Estatuto de Autonomía que le dan esa legitimidad. Tal vez esto no guste a algunos, pero es evidente: donde la Constitución española no despliega sus efectos jurídicos y políticos, por ejemplo en el País Vasco francés, el lehendakari no es tal.
La propuesta divide a los vascos, empezando por el propio PNV. Lamento citar a Josu Jon Imaz, porque imagino que no le hago ningún favor, pero no puedo estar más de acuerdo en su advertencia: "La casa con cimientos sólidos sigue adelante, pero la casa construida en altura se la lleva el viento". Imaz sabe perfectamente que el viento del Estado de derecho se llevó el Plan Ibarretxe y que la misma suerte correrá el referéndum anunciado.
No trato de trivializar la iniciativa de Ibarretxe, ni le resto importancia. Claro que es lamentable que el presidente de una comunidad autónoma proponga iniciativas que vulneran la ley y la Constitución. Lo que sí propongo es que respondamos con tranquilidad y confianza y que no utilicemos desvaríos para poner en cuestión lo que no está: la solidez del Estado democrático. En esto, y repitiendo su estrategia ante el fenómeno terrorista o ante los ataques a los símbolos del Estado (la bandera, la Corona), el PP no ayuda en nada.
Mientras el alcalde de Bilbao y veterano militante peneuvista, Iñaki Azkuna, dice sencillamente que el plebiscito "no va a salir", el Sr. Zaplana, siempre en su impecable y ya legendario tono centrista y moderado, otorga a la propuesta una importancia política de la que carece y la compara con nada menos que el golpe de Estado del 23-F.
El PP olvida interesadamente que el Estado de derecho tiene los recursos necesarios para que se respete nuestro ordenamiento. Baste recordar que el Congreso de los Diputados rechazó, en el ejercicio de su soberanía, la propuesta de Estatuto Político para el País Vasco en febrero de 2005. Pero al PP todo le vale con tal de desgastar al Gobierno de España y le importa poco que nadie, absolutamente nadie, culpara en su día al Sr. Aznar del Pacto de Lizarra, pese a que él siguió gobernando con el respaldo parlamentario del PNV en las Cortes.
Con la ley y con la política resolveremos esta cuestión, no con la desmesura ni con el aprovechamiento político, ni con actitudes desleales.
Es tarea de todos, del Gobierno de España y de la oposición, del Gobierno vasco y del resto de partidos de aquella comunidad, especialmente el PSE, afrontar en primer lugar la desaparición del terrorismo. No es cuestión, como sostiene Ibarretxe, de que ETA marque o condicione la agenda política, sino de prioridades. Estoy convencido de que para la ciudadanía vasca, incluida la gran mayoría de los nacionalistas, es más prioritario acabar con los asesinatos y la extorsión que modificar el marco jurídico y político que relaciona al País Vasco con el resto de España. Tan sencillo como eso.
Mientras no logremos acabar con la violencia convendría no malgastar esfuerzos: la paz debería ser el primer objetivo de todos. Y las soluciones a los problemas políticos vendrán después, en el marco del respeto a las reglas del juego, el diálogo, la negociación y el acuerdo que recoja las aspiraciones de todos los vascos, y no solamente de una parte de ellos.
Manuel Chaves González, presidente de la Junta de Andalucía.