Plan Presupuestario para 2023: insostenible y confiscatorio

El plan presupuestario 2023 que el Gobierno ha enviado a Bruselas ha nacido tan muerto como el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pues en el propio texto dice que dicho plan se ha realizado con las mismas previsiones económicas de los PGE. Como el cuadro macroeconómico quedó desfasado en menos de 24 horas, las previsiones del presente plan también están desfasadas, de manera que hacen que todo el documento sea irreal, tanto por sus erróneas previsiones de partida, como por el diagnóstico de la situación, como por las medidas trazadas en el mismo.

Así, en el texto, el Gobierno sigue desviando la atención al responsabilizar a la guerra de Ucrania de toda la incertidumbre económica, de la desaceleración y de la inflación. Por tanto, según Sánchez, la política económica del Gobierno nada tiene que ver en que España sea el país más rezagado de la eurozona en cuanto a la recuperación de su nivel económico real previo a la pandemia, ni de que la tasa de paro sea el doble que la de la eurozona, ni que el desempleo juvenil sea liderado, tristemente, por nuestro país, ni de la pérdida de competitividad de nuestra industria. Para el Gobierno, todos los males proceden del exterior y toda buena evolución es gracias a su actuación. Nada más lejos de la realidad.

El Ejecutivo dice que el plan presupuestario está diseñado, al igual que los PGE, para proteger a la clase media y trabajadora, apoyar al tejido productivo y buscar la eficiencia económica: sin embargo, nada de eso consigue con la negativa a bajar impuestos a los productos básicos y a deflactar la tarifa, además de ahuyentar el ahorro y la inversión con los impuestos nuevos, que ya veremos si no quedan en nada en cuanto empiecen los recursos judiciales. Más bien, todas ellas son medidas ineficientes desde el punto de vista económico.

Asimismo, dice que busca también mantener el compromiso con la responsabilidad fiscal. Esto se cae por su propio peso, porque difícilmente lo logrará cuanto recaudando en 2022 cerca de 30.000 millones de euros más sigue sin reducir el déficit de manera clara, con un importante déficit estructural. Por tanto, realmente significa que el gasto sigue aumentándolo a un ritmo desorbitado, con un nivel de deuda enorme, que sólo no sube más sobre el PIB porque la inflación es altísima y hace que el deflactor del PIB también lo sea, con lo que el PIB nominal crece por la inflación, no por incremento real de actividad económica.

Por otra parte, afirma que la economía española afronta la incertidumbre desde una posición más sólida, pero, sin embargo, España aún no ha recuperado los niveles de PIB real previos a la pandemia. También dice que el plan de recuperación se está ejecutando a "velocidad de crucero", cuando la ejecución del mismo deja mucho que desear, así como la propia transparencia del destino de las inversiones, como tiene situado en el punto de mira la UE a la hora de evaluarlo para liberar más fondos europeos.

Del mismo modo, afirma que la actividad económica mantiene un fuerte dinamismo en 2022, pero lo hace sobre la base de los datos del IITR-2022 y el buen período turístico del año, pero se olvida de decir que la previsión de parón intenso en el PIB es casi unánime y que es muy elevada la probabilidad de que la economía entre en terreno negativo dos trimestres consecutivos -recesión técnica- desde finales de 2022 o principios de 2023. De la caída del PIB en el ITR-2022 responsabiliza a la variante Ómicron, cuando el retraimiento de consumo e inversión se mostraba ya por empeoramiento claro de expectativas. Además, hay una incoherencia entre el crecimiento estimado del PIB nominal, el del PIB real y el deflactor del PIB. Subestiman el del deflactor y sobreestiman el del PIB real, motivo por el que este último es casi un punto superior al previsto por la mayoría de las instituciones de previsión.

Compara la recuperación de esta crisis con la de 2007 y con la de 1992, pero se olvida de decir que el sostenimiento de la actividad y el empleo se ha realizado en esta ocasión sobre un ingente gasto público. Cuando retornen las reglas fiscales, la parada que sufrirá la economía puede ser muy alta.

Y la inflación no es sólo importada, como afirma, sino que las presiones sobre los precios se derivan en buena medida de los prejuicios del Gobierno con determinadas fuentes de energía, que ha rechazado sin contar con fuentes alternativas baratas, abundantes y eficientes; y es estructural, porque se ha insertado con fuerza en todo el proceso productivo, como muestra el precio de los alimentos y creció más rápido antes de la guerra: de noviembre de 2020 a febrero de 2022, la tasa interanual se multiplica por 76, mientras que de febrero de 2022 a julio de 2022, el punto más alto de inflación interanual, se multiplica por 1,4, con gran perjuicio para las rentas más débiles, que son las que más sufren sobre su renta la subida de precios y el incremento de impuestos ligados a ella.

Fía toda la recuperación al gasto -que no se podrá mantener en cuanto regresen las reglas fiscales- y a la ejecución de los fondos europeos, cuanto su ritmo de ejecución es muy lento, por incompetencia en la gestión y se felicita de sus medidas en materia de energía, destacando que su tope ibérico hace que España tenga el menor precio del mercado mayorista europeo, pero se olvida de que, en primer lugar, ese tope lo pagan los propios consumidores por otra vía en su factura. En segundo lugar, no dice que España tuvo el mayor coste energético en los hogares durante todo el primer semestre de 2022, con 0,3282 kwh, como señala Eurostat.

Las estimaciones sobre las que construye el escenario macroeconómico son muy optimistas, que hace que se alejen de las previsiones del resto de instituciones en cuanto a la subida del PIB para 2023, la tasa de paro o la previsión del déficit, siendo imprudente en la estimación del precio medio del barril de crudo o del incremento del coste de financiación de la deuda.

Es, además, imprudente, porque aunque diga que hace crecer el gasto corriente por debajo del crecimiento potencial de la economía a medio plazo, ese incremento estructural es muy superior, porque hay que verlo en perspectiva desde 2020, suspendidas las reglas fiscales, pues aprovecha el hueco presupuestario dejado por las medidas de financiación extraordinaria no consolidables a las CCAA para asentar gasto estructural con otras partidas, haciendo que no suba la tasa de variación pero habiendo incrementado exponencialmente el gasto desde 2020, de manera estructural, en cerca de 20.000 millones de euros.

En cuanto a los ingresos, pese a que diga que realizan una estimación conservadora, no es así: estiman un incremento importante (un 7,6%, muy imprudente, cuando se viene de unos incrementos derivados de la inflación del 8,1% en 2022), cuando el efecto de la recaudación por la inflación puede acabarse en cualquier momento, con una estimación de crecimiento del 6% en las cotizaciones a la Seguridad Social, imprudente habida cuenta de la ralentización esperada en el mercado de trabajo para 2023. El saldo presupuestario está sustentado, así, sobre la base de unos ingresos muy coyunturales y un gasto que se ha transformado en estructural. En el escenario 2 contemplan, además, una subida de impuestos de casi 10.000 millones de euros, con elevación de la presión fiscal -y no digamos del esfuerzo fiscal-.

En definitiva, es un plan presupuestario irreal, como el propio proyecto de PGE, por basarse en cuadro macroeconómico inalcanzable, optimista en los ingresos, confiscatorio en los impuestos y generador de desequilibrios de déficit y deuda por el intenso incremento de gasto que refleja.

José María Rotellar. Profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, del CES Cardenal Cisneros y del Trinity College

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